Vivienda: la emergencia a la que ni unos ni otros dan solución | Columna

Cada noviembre distintas organizaciones europeas recuerdan el día de los sin techo. 1987 fue el año internacional de la vivienda para personas sin hogar; en esa época a nivel mundial había 100 millones de personas sin ningún tipo de cobijo en situación de calle y más de 1.000 millones en condiciones miserables, sin servicio de agua ni mínimas condiciones higiénicas. Por entonces la dramática carencia de viviendas se acentuaba en los países llamados eufemísticamente en vías de desarrollo.

Despuntando la década de los noventa, el panorama no solo que no cambió sino que empeoró, ya que a partir de las políticas neoliberales llevadas a cabo se da un proceso de desindustrialización y por tanto un aumento de la desocupación y de la precarización laboral que en conjunto con la falta de políticas sociales hacia los sectores más postergados, empujó a importantes sectores de la sociedad hacia la periferia y debieron asentarse irregularmente en terrenos abandonados carentes de servicios y de infraestructura básica.

El propio Instituto Nacional de Estadísticas en el año 2006 para nuestro país reconoció la existencia de 676 asentamientos irregulares, 412 en la capital y 264 en el interior del país; y hace ya algún tiempo que las estimaciones sobre el déficit habitacional del Uruguay supera las 80.000 viviendas.

Desde el punto de vista formal, el derecho a la vivienda está contenido en el artículo 45 de nuestra Constitución, que establece que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa y la ley propenderá a asegurar vivienda higiénica y económica facilitando su adquisición...

Desde el punto de vista ejecutivo, contamos con un Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario, Plan Juntos, etc. etc.; pero en los hechos la realidad marca que para una gran parte de la sociedad uruguaya el acceso a la vivienda es un problema que sigue sin resolverse.

Todos sabemos y conocemos que una buena cantidad de personas no tienen otra solución que alquilar; sabemos que en muchos hogares viven dos y hasta tres núcleos familiares y por otra parte es público y notorio que cada vez hay más personas viviendo en asentamientos.

Seguimos lejos de resolver este problema si no contamos con un presupuesto acorde a las necesidades.

Pero también si seguimos beneficiando a la especulación inmobiliaria y a las grandes empresas constructoras, las pequeñas medidas que se puedan adoptar que a veces se califican como "soluciones habitacionales" aún sin serlo, no cambian la situación y no resuelven el problema de fondo. Porque para resolverlo, de lo que se trata es de construir miles de vivienda de calidad es decir que sean duraderas, de forma permanente y sistemática por un período prolongado de tiempo; y que a la vez sean realmente accesibles a las condiciones y a los salarios que tienen hoy la mayoría de los trabajadores del país.

Es un verdadero contrasentido establecer por ejemplo la promoción de "Viviendas de interés social" vía ley 18.795 con el no cobro del 100 % de IRPF, IRAE, Impuesto al patrimonio, IVA, y algún otro impuesto para las empresas que en teoría deberían reducir sus costos, pero en la práctica luego el precio final de un monoambiente termina costando muy por encima de los 100.000 dólares.

Entonces deberíamos preguntarnos en definitiva por esta "promoción" ¿a quién se termina beneficiando? ¿A una familia de trabajadores que en realidad casi seguro necesitaría una vivienda con 2 ó 3 dormitorios?, ¿o a la empresa que genera la especulación inmobiliaria?

Lo mismo que pasa estableciendo préstamos para refacción o compra de vivienda en planes de muchísimos años con altísimas cuotas y que con la aplicación de los famosos "colgamentos" mediante, hemos visto el padecer y peregrinar sin suerte en busca de soluciones a muchos deudores del BHU que ya llevan una vida pagando y todavía les queda otra por pagar.

Ni hablar de parejas jóvenes que recién inician su vida laboral, igualmente si no tenés ahorro previo que es una limitante fundamental para prácticamente todo.

Más allá de las formas, en los hechos los anteriores gobiernos y aparentemente el actual también, han carecido de un involucramiento propio como Estado para garantizar, resolver y concretar el acceso a la vivienda digna para TODOS los habitantes.

Por una parte están los grandes privados de los que hablamos anteriormente, pero también una buena parte de la construcción de viviendas en nuestro país ha estado mayormente liderada por el cooperativismo.

Mediante esta modalidad en nuestro país se han estado construyendo en los últimos tiempos unas tres mil viviendas por año, pero para este año que estamos transitando según los anuncios realizados por la actual ministra, la intención sería la de otorgar un solo préstamo que permitiría la construcción de alrededor de mil viviendas, lo que sería una baja importante que reduce a un tercio las posibilidades edilicias para el cooperativismo. Esto denota y está dejando en evidencia por parte del Ministerio, la aplicación de un paupérrimo presupuesto para este rubro que está resultando cada vez más insuficiente.

Estamos convencidos que la única forma de abatir el déficit habitacional es construyendo viviendas de calidad en todo el país, y el Estado es quien debe asumir la responsabilidad de hacer efectivo este derecho que está consagrado en la Constitución.

En la pasada administración la UP presentó un proyecto, un plan, que estaba destinado a familias cuyos ingresos no superaran la canasta familiar, es decir que incluía a la mayoría de las familias de los trabajadores de nuestro país, sin requerimiento de ahorro previo, planteando un plan de pago en cuotas mensuales acordes a la actualidad salarial.

Este plan preveía la construcción entre 5 a 7 mil viviendas por año, además de la creación de miles de puestos de trabajo directo, dinamizando el mercado interno y resolviendo uno de los problemas más angustiantes para la mayoría de la población como es la vivienda.

Aún en plena crisis sanitaria y económica, qué buena cosa hubiera sido priorizar el techo y el trabajo para los uruguayos en vez de asegurar una segunda planta para UPM; qué buena cosa para los miles de trabajadores de la construcción hoy desocupados, para las distintas cooperativas de vivienda en cada departamento, para los distintos comercios locales con la infinidad de rubros que mueve la construcción, barracas, ferreterías, ladrilleros, bloqueros, fletes, etc, etc.

Hablando de prioridades claro... ¡qué bueno hubiera sido !... Porque entendemos que el acceso a la vivienda digna, que garantice la higiene, la comodidad, la estabilidad, incluso el disfrute del ocio, es un derecho básico fundamental.

La vivienda digna es un estructurador social, que va de la mano con el trabajo digno, la salud y la educación. Un plan nacional de vivienda popular que involucre al Estado sigue siendo urgente y necesario.

Hay otro camino.

Darío Camilo es candidato a Intendente de San José por Unidad Popular

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