Las medidas que no tomaron los docentes obligados, las tomó la familia rural por opción

Reinicio de clases en San José

Foto: San José Ahora

Los maestros rurales de las escuelas de San José (como en otras zonas del país) a través de un comunicado publicado en redes sociales pidieron aplazar el inicio de las clases presenciales considerando una serie de factores que lo dificultan.

Entienden que en el actual momento se está en plena etapa de contagio y que las medidas sanitarias adoptadas para el regreso a clases no estaban dadas para la concurrencia a muchas escuelas rurales, es notorio que tanto maestros, niños, como auxiliares de servicio hacen uso de los medios de transporte público para desplazarse.

Hay auxiliares que desempeñan el doble rol de auxiliares de limpieza y cocina por lo que extremar las medidas de higiene resulta sumamente dificultoso. Agrava el hecho de que hay escuelas que no tienen auxiliares, también hay escuelas con problemas edilicios y en algunas escuelas hay grupos con más de 20 niños amontonados en salones provisorios.

Además que la asistencia a consideración de las familias generaría desigualdad para quienes decidan no mandar a los chiquilines a la escuela, por tanto por la integridad física y emocional de los niños, la comunidad educativa incluidos los docentes solicitaba el aplazamiento de las clases presenciales hasta que no estén las garantías y las condiciones para hacerlo.

Pero más allá de esta solicitud, la Inspección departamental resolvió el comienzo gradual y paulatino de las clases en las escuelas del medio rural.

El departamento de San José es el que registra el mayor número de niños en escuelas rurales de todo el país; hay 71 escuelas rurales con características muy distintas, donde son muy pocas aquellas que están propiamente "aisladas".

En principio para el reinicio de clases se manejó un número de 44 escuelas con menos de 30 alumnos, factor clave en principio para reducir la aglomeración y poder mantener el necesario distanciamiento. Además, dentro de los criterios manejados estaba la realización de hisopados para casos de maestros que provengan de localidades con casos positivos de Covid 19.

Pero ese número incluso descendió por distintas cuestiones como por ejemplo licencias por enfermedad, docentes que integran el grupo de riesgo, exámenes todavía pendientes para descartar presencia del virus, además de problemas de conectividad ya que por ahora sólo 11 de las 38 escuelas tienen alguna línea de ómnibus que pasa por las mismas y las otras 27 no tienen ningún medio de transporte.

Finalmente este último miércoles comenzaron las clases presenciales en las escuelas rurales del departamento; de los 38 centros finalmente habilitados en 7 no se contó con docentes y en 13 escuelas no concurrió ni un solo niño. Los números primarios de esta jornada arrojan que en promedio la asistencia fue de un 17,5%.

Si bien esta decisión de los padres era algo que se avizoraba, para las autoridades educativas a pesar de todo se apuntará a incrementar el número de escuelas funcionando.

Esta crisis sanitaria, pero también económica y social, ha expuesto la fragilidad del ordenamiento social actual y de alguna manera ayudado a revalorizar derechos humanos que deberían ser fundamentales como la salud, la vivienda, el trabajo, la alimentación y también la educación entre otras cuestiones.

En particular, para el rubro educativo las "posibilidades presupuestarias" corren muy por detrás de las necesidades reales y se está muy distante de aquel 6% del PBI reclamado a partir del Congreso educativo Julio Castro, alguna vez prometido en campaña electoral y por cierto no cumplido aunque tuvieron las mayorías necesarias. Lo mismo ocurrió con el 1% para investigación.

En la salud con la creación el Sistema Integrado, el caldo gordo se lo chupan los prestadores privados y lo termina sufriendo ASSE, que por ejemplo en la mayoría de los hospitales departamentales no tiene CTI propio.

Lo mismo pasa con la vivienda popular, donde el déficit actual supera largamente las 80.000 y se mantiene porque la inversión estatal para este caso es menos que mínima.

Ni hablar de la falta de generación de puestos de trabajo sustentable, donde las cifras oficiales muestran una descarnada realidad: cifras siderales en desempleo, seguros de paro y trabajo informal.

En buena medida puede decirse que este modelo económico neoliberal expresa una continuidad con los gobiernos anteriores, en tanto se sigue protegiendo al gran capital aplicando la lógica de que para salir de esta crisis el gran capital será el motor dinamizador de la economía y por lo tanto habrá que seguir preservando sus prebendas y sus intereses, aunque por la vía de la resignación fiscal se pierda al año un aproximado al 6,5% del PBI.

Es necesario establecer políticas económicas que otorguen prioridad a la producción de productos esenciales para el consumo de toda la población, tenemos excepcionales posibilidades para ello.

Nuestro territorio atendiendo a la soberanía alimentaria debería ser considerado como sustento de vida y a la vez generador de puestos de trabajo y no de ganancia para grandes capitales. De última, parece cada vez más claro y nítido que los intereses de éstos son contradictorios con los intereses populares y con la construcción de un país productivo y verdaderamente solidario con el pueblo.

Las inversiones del Estado no pueden estar prácticamente al servicio de UPM 2 como hoy ocurre, y donde el gran capital establece y dibuja la agenda y la hoja de ruta de la coalición multicolor de hoy, como antes lo hizo con el FA.

Es necesario imprescindible y cada vez más urgente pensar la economía desde las necesidades básicas del pueblo.

¡Hay otro camino!

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