Apuntes para el debate acerca del Estado y la represión

Aspectos Generales

Desde el punto de vista del marxismo, no existe un Estado neutral y supraclasista.

El Estado aparece como producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase.

Ya en el Manifiesto Comunista de 1848 Marx sostiene “el Estado no es mas que la Junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”.

Contra el mito ampliamente difundido que presenta al Estado como representante “del interés general”, el marxismo levanta y sustenta una concepción clasista del Estado y lo ubica en la superestructura de las relaciones de dominación.

La anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en las relaciones económicas y no en las institucionales.

En consecuencia el estado es un órgano de opresión de una clase sobre otra que recurre a toda su superestructura, jurídica y punitiva para asegurar los privilegios de las clases dominantes, se reserva para estos fines el monopolio de la violencia.

Por tanto, no hay un estado inocuo y neutral sino por el contrario hay un estado de clase.

La teoría revolucionaria afirma la necesidad de sustituir al estado burgués por un estado de nuevo tipo donde se desaloje del poder a las clases poseedoras y se ubique a los trabajadores como clase dominante.

En el curso de la historia las formas de la dominación fueron múltiples dependiendo del estadio en que se encontrara la lucha de clases, pasando de formas de Estado mas democráticas a Formas de estado autoritarias o monárquicas.

En resumen, podemos decir que el Estado para el marxismo posee esencialmente tres características claramente delimitadas: 1- Hace parte de la superestructura social y se forja en las relaciones de producción existentes. 2- Es concebido como un instrumento para la dominación de clase. 3- Frente a los anteriores Estados, el liberal y burgués desde la óptica del marxismo constituye un avance en razón a las libertades que se le otorgan a las clases oprimidas.

En consecuencia, en tiempos en donde la dominación se expresa bajo la forma de democracia burguesa y legalidad el campo popular encuentra mejores condiciones para su desarrollo político y organizativo y para la lucha por la ampliación de sus derechos que en tiempos de dictadura abierta y terrorismo de estado.

Resulta fundamental en cualquier debate acerca del Estado definir nuestra concepción en términos de clases y oponerse a la visión mistificada y funcional que presenta al Estado como articulador del conflicto entre las clases.

Aspectos concretos- Represión y gobierno del Frente Amplio

Sobran evidencias para demostrar objetivamente como en el curso de los tres periodos de gobierno el FA mantuvo una política represiva en múltiples aspectos de la vida social.

Cuando hablamos de la impronta represiva del gobierno no nos referimos simplemente a la represión abierta y a la violencia física ejercida desde el estado contra los sectores populares, sino a un conjunto de políticas y acciones en donde la represión se ejerce en forma abierta y solapada, explicita y simbólica, objetiva y subjetivamente.

Reprimir es entre otras cosas, instrumentar políticas que inhiban a la población del pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales.

Proponemos un ligero y necesariamente incompleto repaso por las que a nuestro juicio constituyen las acciones represivas más significativas de los gobiernos del Frente Amplio.

Impunidad y terrorismo de Estado

En 2017 se cumplen 31 años de la aprobación de la Ley 15848 de Caducidad de la pretensión punitiva de Estado popularmente conocida como ley de impunidad.

El Estado Uruguayo sigue inmerso en la impunidad y a pesar de las múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura solo se han judicializado 304 causas y solo se procesaron a 30 militares de los cuales apenas doce permanecen en prisión en condiciones de privilegio.

Mantener la impunidad constituye un pilar de la política represiva puesto que esta ley opera como una espada de Damocles sobre los justos anhelos de justicia de familiares, victimas y el pueblo en general.

Nuestro país fue condenado en todos los tribunales internacionales por este tema.

Conviene recordar que en el mantenimiento de la impunidad y en la obstrucción del avance de la justicia jugaron un papel fundamental el ex presidente Mujica y el ex Ministro de Defensa Fernández Huidobro, entre otros, quienes fueron por la vía de los hechos los garantes de la impunidad.

Sin desmantelar efectivamente el aparato represivo y criminal del estado no se podrá avanzar en términos reales en la justicia y la justa reparación a las victimas del terrorismo de estado. En definitiva la amenaza represiva se mantiene intacta.

Como ha quedado demostrado recientemente los aparatos de inteligencia y espionaje militar y policial siguen actuando en democracia con la anuencia de los distintos gobiernos incluyendo obviamente a los gobiernos del FA.

A este respecto, la primer iniciativa parlamentaria de la Unidad Popular fue presentar un proyecto de ley para derogar definitivamente esta oprobiosa impunidad. A la fecha en proyecto duerme el sueño de los justos en los cajones de la burocracia parlamentaria.

Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable contra la impunidad y por el juicio y castigo los culpables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la oscura noche de la dictadura militar y fascista.

Aparato Represivo

Desde la apertura democrática a la fecha y particularmente durante el ejercicio al frente de la cartera del Interior por parte del Ministro Bonomi no ha cesado de crecer el dinero destinado al aparato represivo.

El presupuesto de este ministerio creció sostenidamente y si bien hay que reconocer que mejoro sensiblemente el salario del personal subalterno históricamente postergado, los cierto es que una parte importante de este presupuesto se destino a tecnificar el aparato represivo.

Se compraron carros blindados, armas largas, sistemas de vigilancia electrónica, helicópteros etc.

Resulta evidente que este material no está destinado al combate de la delincuencia social sino que se trata de equipamiento anti motines pensado para reprimir al movimiento popular.

Mención aparte merece la introducción de mecanismos informáticos de vigilancia y control ciudadano entre los que destacan las cámaras de video vigilancia y el programa denominado Guardian.

En línea con lo que ha venido ocurriendo en otros países el Gobierno Uruguayo avanzo en secreto en la compra del software El Guardian, sin ningún tipo de control parlamentario y prácticamente sin brindar información acerca del sistema que permitirá escuchar llamadas telefónicas e intersectar correos electrónicos.

Ni el propio Poder Judicial dispone de todos los mecanismos necesarios para el control y la fiscalización de este sofisticado sistema de espionaje ciudadano.

Los derechos a la privacidad y la libre circulación del pensamiento y la información se encuentran protegidos por la legislación internacional en materia de derechos humanos, esta prohíbe la injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada, incluida las comunicaciones y por tanto, reconoce el derecho de las personas a obtener la protección del Estado contra este tipo de injerencias.

A este respecto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene ´´en la era digital, las tecnologías de la comunicación también han aumentado la capacidad de los gobiernos, las empresas y los particulares para realizar actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos´´.

La tecnificación del aparato represivo sumado a la implementación de sistemas de vigilancia social constituyen mecanismos de represión e intromisión en la vida de las personas y organizaciones inadmisibles.

Ya existen numerosas denuncias de organizaciones sociales victimas del hostigamiento y la persecución por parte de los servicios de inteligencia del gobierno progresista.

Huelga decir que estos aparatos no se usan para el combate frontal al narco trafico ni al crimen trans fronterizo y organizado sino contra las organizaciones sociales y políticas que desafían la política anti popular del gobierno.

Mega Operativos Policiales y Razzias

Desde la aprobación de la Ley de procedimientos Policiales del 2008 se vienen profundizando los mecanismos de arbitrariedad policial contrala población civil.

En las primeras versiones de esta ley remitidas al Parlamento Nacional por el gobierno frenteamplista, se habilitaban detenciones y allanamientos inconstitucionales, se apelaba al criterio subjetivo de la peligrosidad del detenido, la determinación de los plazos para la comunicación a la justicia quedaba en manos de la policía, se generalizaba el uso del instituto de la incomunicación, extendiéndolo incluso a victimas y testigos, se favorecía abiertamente la discrecionalidad policial.

Si bien el texto original sufrió modificaciones, la esencia arbitraria y represiva se mantuvo.

Existe un claro avance el Estado policial en detrimento del Estado de Derecho.

Expresión clara de esto son los Mega Operativos y las operaciones de saturación llevadas adelante en barrios populares de Montevideo y el interior del país.

Estos operativos represivos son de alto costo y escasos resultados dese el punto de vista del combate al delito, no obstante, contribuyen a estigmatizar a ciertos barrios y sus pobladores y se desarrollan en medio de un despliegue intimidatorio de fuerzas y un show mediático.

Estas acciones dejan en claro el carácter selectivo de la represión puesto que nunca se vio un mega operativo en los barrios donde viven los estafadores del sistema financiero ni los empresarios corruptos.

Los pobres y particularmente los jóvenes pobres son las principales victimas de la arbitrariedad policial, detenidos en razias, golpeados con saña en recitales, espectáculos deportivos o simplemente en la esquina de su vecindad.

Esta es una de las modalidades mas terribles de la represión estatal, la que recae sobre los sectores mas vulnerables e indefensos.

Organismos de prestigio como el SERPAJ y IELSUR han denunciado con contundencia irrefutable esta situación y es frecuente encontrar jóvenes que denuncian apremios físicos y torturas en la comisarias uruguayas.

Sistema Carcelario

En esta materia, el gobierno de Frente Amplio ha cedido a la tentación represiva implementando una política que en sus componentes centrales no difiere de la política de la derecha en referencia a la situación de los establecimientos de reclusión.

Las ciencias sociales ofrecen sobradas evidencias para demostrar que las sociedades mas violentas son al mismo tiempo las sociedades mas desiguales, en esta dirección conviene recordar que América Latina es el continente más desigual del planeta, cada año son asesinadas más de 140.000 personas en el continente, un promedio de uno cada cuatro minutos, la tasa de homicidios más alta del planeta.

Los sectores mayormente victimizados por el incremento de los delitos violentos son en su amplia mayoría los sectores populares. Esto instala una verdadera confrontación de pobres contra pobres.

El aumento de los delitos, particularmente de aquellos ejercidos con violencia hace surgir naturalmente la demanda por mayor seguridad e instala el miedo en el cuerpo social.

Lo señalado precedentemente opera como espacio de legitimación para el avance de políticas de corte represivo y conservadoras, de mano dura e inmediatistas, acompañadas de reformas legislativas en el sentido de la inflación punitiva y el recorte de libertades.

De este modo se instala en el imaginario social una suerte de consenso conservador, reaccionario y represivo que remite los complejos y multicausales problemas de la violencia social al Código Penal y el castigo con componentes de venganza como única respuesta.

Estas medidas han demostrado ser inútiles para atenuar el delito y por el contrario han contribuido a reproducir en forma ampliada el ciclo de la violencia y la delincuencia.

Las cárceles en nuestro país son verdaderos centros de tortura en donde se somete alas personas a todo tipo de vejámenes y violaciones a los mas elementales derechos humanos. Los informes de los organismos internacionales que entienden en esta materia así lo confirman.

En estos días se conoció el informe del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario Dr Petit en donde abiertamente se denuncia que el Estado tortura en las cárceles a cientos de presos sociales.

El mismo informe consigna que Uruguay se encuentra entre los 30 países con mayor índice de presos en relación a la cantidad de habitantes de todo el mundo.

Lejos de cumplir una función de rehabilitación o resocialización las cárceles en su estado actual propician las condiciones para la degradación de la propia condición humana.

El populismo punitivo del gobierno pone de manifiesto de modo incontrastable su identidad represiva.

El sistema penal es en esencia selectivo y clasista, en nuestro país el 80% de los presos son jóvenes y pobres.

En ocasión del dialogo nacional sobre seguridad ciudadana y convivencia pacifica convocado por el poder ejecutivo y con la participación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, sola la Unidad Popular salvo el honor y la tradición de la izquierda oponiéndose con firmeza al avance represivo que acordaron el resto de los actores políticos presentes.

Represión Abierta Durante el Gobierno del FA

Múltiples son los episodios de represión abierta durante el ciclo de gobierno del Frente Amplio, de modo sumario enumeramos algunas.

Apaleamiento a vendedores ambulantes durante el primer gobierno del FA en Montevideo, encarcelamiento de militantes sociales y sindicales que se movilizaban contra el ALCA, procesamiento con prisión de militantes en oportunidad de la visita del genocida Bush, desalojo con violencia de estudiantes que ocupaban las oficinas del CODICEN en el marco de la huelga en defensa de la educación publica, judicialización de conflictos y persecución a organizaciones sociales, detención de trabajadores del transporte de carga durante una asamblea en el marco de un conflicto gremial entre otros casos.

Represión mas allá de las fronteras nacionales

El Estado uruguayo por decisión de su gobierno participa en represión trans fronteriza en las mal llamadas misiones de paz.

Llegando incluso a ejercer funciones policiales expresamente prohibidas para nuestro ejercito.

El caso mas claro es el del contingente de soldados uruguayos que participaban de la ocupación de Haití reprimiendo a ese pueblo hermano.

A este respecto no agregamos mas puesto que el conocimiento y la información que maneja nuestra bancada son abundantes y contundentes, simplemente nos parecía oportuno señalarlo como otro componente de la represión del Estado uruguayo.

Prohibición de ocupaciones de edificios públicos y Decreto contra las Movilizaciones

Particular preocupación despiertan los decretos presidenciales que limitan la acción organizada y reivindicativa de las organizaciones sociales y sindicales.

Estas medidas nos retrotraen a los tiempos de pachecato con decretos autoritarios y dirigidos a contener la movilización popular.

Decretos claramente liberticidas.

El 2 de Diciembre del año 2010 se promulga un decreto firmado por el presidente Mujica, el Ministro del Interior Bonimi y el Ministro de Trabajo de la época, Brenta. El texto del decreto prohíbe la ocupación de edificios y oficinas publicas y habilita a los cuerpos policiales a proceder al desalojo de los mismos.

Tanto el movimiento sindical, como la izquierda política y la doctrina mas avanzada del derecho laboral nacional e internacional sostuvieron siempre que la ocupación era una extensión del derecho de huelga.

Fue el gobierno de Mujica quien por vía del decreto sepulto esta tradición y limito esta histórica medida de lucha de los trabajadores.

El actual gobierno del doctor Vázquez fue mas allá en materia represiva decretando esencialidades para quebrar huelgas y enfrentar por ejemplo a los docentes y maestros en lucha por la educación publica. Lo que no se había atrevido a llevar adelante la derecha tradicional lo llevo adelante sin escrúpulos el gobierno del FA.

En Marzo del presente año, en esta oportunidad con la firma del presidente y todos sus ministros, se decreta la prohibición de cortar rutas, calles y caminos.

El decreto conocido popularmente como anti piquetes cercena la movilización.

El corte de calles constituye una medida básica del movimiento popular para hacer publicas sus demandas, del mismo modo que los vecinos organizados en un barrio cortan la ruta para exigir servicios básicos como agua potable o saneamiento o para reclamar un semáforo.

Toda medida que limite la movilización popular es funcional a los intereses de las clases dominantes.

Con este decreto el gobierno se ubica incluso a la derecha de las recomendaciones y disposiciones de los organismos internacionales vinculados a las relaciones laborales.

En cuanto a los piquetes de huelga, el Comité e Libertades Sindicales de la OIT sostiene, ´´no deben ser objeto de trabas por parte de las autoridades publicas´´ y que ´´la prohibición del piquete se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacifico´´, claramente no es el caso del Uruguay donde las huelgas y demás movilizaciones se desarrollan en marcos absolutamente pacíficos.

En otro pasaje del documento citado el Comité de Libertades Sindicales de la OIT afirma ´´la institución del piquete tiene como objetivo asegurar el éxito de la medida persuadiendo al mayor numero de personas en no acudir al lugar de trabajo´´.

Queda claro la profundidad represiva y el carácter preventivo de este decreto promulgado en tiempos donde se anuncia un presupuesto de ajuste y postergación de las justas demandas de los trabajadores y demás sectores populares.

(*) Gustavo López fue militante y dirigente del sindicato del taxímetro, SUATT. Fue fundador de Asamblea Popular, candidato a la Vicepresidencia y a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, y es miembro de su Coordinador Nacional.

#GustavoLópez