Nuevo intento contra los trabajadores

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El proyecto de ley presentado por los Diputados de Cabildo Abierto el pasado 14 de mayo en el que se pretende obligar a los sindicatos a gestionar personería jurídica, es un perfecto ejemplo de lo que no se debería hacer en el Parlamento de la República: legislar de espalda a los directamente afectados por una Ley.

Desde la más completa ajenidad, sin consultar a los trabajadores, se pretende imponerles nuevas condiciones para regular su derecho a sindicalizarse. Pésimo procedimiento, digno del manual del mal legislador.

Uruguay es un ejemplo para el mundo en materia sindical al no existir ley que regule la creación y funcionamiento de los sindicatos. Rige un modelo llamado “autárquico”, que en el derecho constitucional es la capacidad de autoadministrarse o autogobernarse. Ese tesoro es el que busca destruir este proyecto.

Hay antecedentes. Mencionemos algunos lejanos: en 1905 los nacionalistas Carlos Roxlo y Luis Herrera (bis abuelo del actual Presidente Lacalle Pou) lo intentaron. En 1933 el Senador colorado César Charlone presentó un nuevo proyecto que intentó regular la actividad sindical, cuando Pedro Manini Ríos (abuelo del actual Senador Guido Manini) era Ministro de Hacienda del dictador Gabriel Terra.

Recientemente, en la pasada legislatura el Diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley de "Responsabilidad y resolución de conflictos colectivos en el marco de los derechos sindicales", que establecía la obligación para los sindicatos de tener personería jurídica. El año pasado el Ministro Ernesto Murro estuvo explorando la posibilidad de modificar la Ley de negociación colectiva para establecer que “el deber de información del empleador solo será exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería jurídica”.

Ahora CA retoma el tema con el agravante de que en la Ley de Urgente Consideración a estudio del Parlamento ya están propuestas medidas que limitan el derecho de huelga y la manifestación callejera, con lo que entre la LUC y este proyecto de Ley se procura crear una especie de tenaza para controlar la acción sindical.

En la exposición de motivos este nuevo proyecto reconoce que el convenio 87 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y su decreto reglamentario 93/968 establece que las organizaciones sindicales “tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción”, agregando que “el convenio y el decreto no establecen ningún procedimiento para que la respectiva organización obtenga su personería jurídica”. ¿En qué se fundamenta el planteo de exigir en nuestro país lo que no exige la OIT? En que los sindicatos “en la práctica y por vía de los hechos son sujetos de derechos, obligaciones y responsabilidades”, por lo cual “se hace necesario contar con un procedimiento propio de adquisición de dicha personería”.

Hoy día cualquier sindicato que lo desee puede obtener su personería jurídica sin necesidad de que exista una ley como la que propone CA. Lo que no existe es la obligación de gestionar esa personería. ¿Por qué se pretende hacer obligatorio lo que es opcional? No hay en el texto de siete artículos de este proyecto ni una sola palabra respecto a los beneficios que tal obligación brindaría a los trabajadores. Solo se habla de someterlos a un esquema de control gubernamental que terminaría con la histórica autarquía sindical que es orgullo de nuestro país.

La presentación de este proyecto se enmarca en la batalla ideológica que libra CA con el PIT/CNT, central sindical a la que se le atribuye manejo opaco de sus finanzas y funcionalidad a los intereses electorales del FA. Como trabajador no afiliado al PIT/CNT ni militante frenteamplista, creo que estoy a salvo de los ataques que pudieran atribuir esta nota intención de defender a los dirigentes de tales organizaciones a las que no pertenezco. Defiendo el instrumento sindical, la herramienta de construcción social que genéricamente es un sindicato. Por eso me preocupa esta iniciativa parlamentaria que espero no prospere.

Aníbal Terán Castromán

Afiliado a la CGSU (Confederación Sindical y Gremial del Uruguay) y militante de Unidad Popular.