Contra la LUC: Organización

A principios del mes de abril se dio a conocer la versión final del anteproyecto de Ley de Urgente consideración que el Poder Ejecutivo pretendía enviar al Parlamento.

No podemos saber si la demora en enviarlo fue efectivamente por el argumento esgrimido -el encontrarse en el medio de una emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID 19- o que realmente la coalición no lo había discutido aún y no estaban en posición de enviarla al Parlamento sin convertirlo en una batalla entre ellos. Cuando se dio a conocer la primera versión de este proyecto, el presidente Luis Lacalle Pou y distintas voces dentro del gobierno de la coalición afirmaron que aún no estaba discutido a la interna, sino que era una propuesta para empezar la discusión; era esperable que se hicieran varios cambios.

Con ese proyecto en mano hemos destinado desde este espacio algunas líneas para explicarlo y difundir nuestra posición como juventud política al respecto. En este caso haremos lo mismo referido a educación y algún esbozo sobre seguridad, en ambos casos con amplios motivos para preocuparnos.

En primer lugar, los que puedan darse cuando se discutiera a la interna de la coalición -cosa que ya ocurrió- y en una segunda instancia, cuando se iniciara la discusión durante el proceso de sanción legislativa en el Parlamento. No esperamos grandes modificaciones ni de Diputados ni de Senadores; posiblemente corran algunas comas de lugar, pero en lo esencial, en lo que atañe a nuestro pueblo, ninguno. Por lo menos por iniciativa propia.

Solo mediante la resistencia organizada -que, por supuesto deberá adaptarse a los tiempos que corren, pero de ninguna manera podemos perderla como pueblo- es que podremos enfrentar este proyecto.

En el anteproyecto se detecta un afán en las modificaciones de redacción propuestas de quitar todo lo que esté relacionado al sistema educativo nacional público por organización general de educación, dando pie a una mayor inclusión de propuestas de iniciativa privadas como el Liceo Jubilar, que actualmente obtienen presupuesto de la administración pública mediante exoneraciones fiscales y coloca la piedra fundamental para poder recibir fondos de otros organismos.

Una exclusión claramente intencional de UTU, siendo muchos artículos que solo modifican la redacción de la Ley de Educación para dejarla idéntica quitando la mención a UTU.

Se pasa la elaboración del pedido de presupuesto de la Universidad de la República a la competencia del Poder Ejecutivo mediante el MEC -recordemos que actualmente es la Universidad la que determina el presupuesto que necesita y lo eleva a la discusión parlamentaria, que si bien nunca tiene un resultado positivo pragmático (se le asigna un presupuesto muy inferior al que solicita) sirve como eje de partida y lucha para todos nosotros porque podemos conocer con exactitud qué tan por debajo se encuentran los recursos asignados a los que necesita para sostener su normal funcionamiento-.

Hemos indicado en distintas ocasiones que la autonomía y cogobierno de la Universidad se encuentra fatalmente herida, pero, de todas formas, entendemos que es mejor su existencia a que su alternativa. Es la autonomía y el cogobierno lo único que puede defender realmente los intereses de los trabajadores sobre la educación pública, y si criticamos a la forma actual, es debido a que se convierte en una gestión burocrática donde unos pocos deciden a puertas cerradas y generalmente a espaldas de sus compañeros, además de la falta de voto de los funcionarios no docentes.

A la Universidad de la República se le quita la posibilidad de otorgar reválidas a los planes de estudio y títulos provenientes desde el exterior, pasando esa competencia a la esfera del MEC. Nosotros nos preguntamos, ¿con que criterio el MEC va a decidir sobre las reválidas, y en qué sentido está más capacitado que UDELAR para determinar en qué casos puede revalidar un título o no, cuando es UDELAR el organismo del Estado que se encarga de la educación Universitaria y la entrega de títulos de grado y posgrado? ¿Será con criterios políticos más que técnicos que se realizará esto para dar preferencia a cierto tipo de migrantes? No podemos saberlo porque la LUC no lo deja claro, aunque sí podemos suponerlo ya que el MEC cumple una función política.

Si bien aún no son todas las modificaciones que la LUC hace en perjuicio de la educación, entendemos que con lo esbozado ya queda claro lo que este artículo pretende comunicar, por lo que pasaremos a un punto en particular de seguridad que es extremadamente preocupante.

En Uruguay, el delito de homicidio tiene la excepción de sanción en caso de que quien lo cometió cumpla y demuestre las condiciones necesarias para ampararse en la legítima defensa, siempre probando los requisitos quien quiere ampararse en ella y no su contraparte, porque la mayoría de las veces falleció a consecuencia de los hechos. A esto se le llama carga probatoria invertida, ya que en nuestro sistema jurídico normalmente debe demostrar lo que afirma quien acusa y no el acusado, a quien se lo prevé inocente.

Hasta ahora, la legítima defensa es un recurso exclusivo de civiles: La policía tiene su propia ley de procedimientos donde se le indica en qué casos y condiciones es legítimo el uso de fuerza letal, solo permitiéndole ampararse en la legítima defensa cuando se trata de terceros; cualquier otra cosa distinta implica su posibilidad de ser juzgado por homicidio como cualquier persona.

Este anteproyecto en su artículo 1 pretende modificar esto, permitiendo que la policía pueda ampararse en la legítima defensa, pero generando algo incluso peor: Le otorga la presunción de legítima defensa. Esto quiere decir que en caso de que un policía en ejercicio de sus funciones mate a alguien, se entiende que obró en legítima defensa salvo prueba en contrario. Esto se afirma en el inciso II del mencionado artículo, más precisamente en el final, donde indica sin perjuicio de la prueba en contrario.

Es decir, que la legítima defensa será automática para la policía salvo que se pueda demostrar que no se aplicaron los requisitos de la legítima defensa, algo extremadamente difícil. El gobierno con esta Ley pretende dar carta libre al gatillo fácil, permitiendo que la policía dispare y después pregunte y generando una situación total de indefensión de la ciudadanía frente a la fuerza pública.

Por todos estos motivos y muchos más que no entrarían en esta columna, es que nos oponemos fervientemente a este proyecto y los invitamos a enfrentarlo con organización.

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