Hasta terminar con la impunidad

Seguiremos exigiendo verdad y justicia, y juicio y castigo a los responsables…

Por la pandemia, este 2020 no podrá realizarse el acto que organiza todos los años la Comisión Muchachas de Abril.

“¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la que se estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares ocurridos hace 50 años?”, preguntó este martes en su exposición en la media hora previa, el Senador Guido Manini Ríos, en una defensa acérrima a los represores, violadores de derechos humanos, torturadores y asesinos durante la última dictadura cívico militar.

Esta semana se recordó a los 8 mártires del asalto a la seccional 20 del Partido Comunista y la ejecución de los Martirena en Malvín en 1972 antes del golpe de estado, así como el último crimen de la dictadura contra el médico Vladimir Roslik, muerto en la tortura; a días de cumplirse un año más de impunidad por “la masacre de Brazo Oriental”, la memoria y la lucha por verdad y justicia responden al ex Comandante en Jefe.

Las muchachas de abril

Desde hace 46 años sigue impune la muerte de “las muchachas de abril”.

En la madrugada del 21 de abril de 1974 fueron asesinadas Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanic. Decenas de oficiales y soldados del Grupo de Artillería estaban a cargo de Juan Modesto Rebollo, que junto con Julio César Rapela y Esteban Cristi fueron los responsables del fusilamiento a sangre fría en el apartamento 3 de la finca de la calle Mariano Soler, en un operativo contra las jóvenes desarmadas de 19, 19 y 22 años de edad, respectivamente. Sus familiares contabilizaron más de 35 impactos de bala en los cuerpos, en la escena del crimen se encontraron más de 140 casquillos. Las ráfagas atravesaron paredes y alcanzaron viviendas linderas; integrantes del operativo fueron heridos por la lluvia de fuego que se descargó desde pasillos y azoteas.

El comando estuvo supervisado por el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA). Son responsables con grado de Mayor Armando Méndez y José Nino Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los capitanes Mauro Mariño, Julio César Gutiérrez y Jorge Silveira.

Buscaban al integrante del MLN Washington Barrios; su padre que estaba en el apartamento 5 y que inicialmente confundieron con el militante tupamaro por tener el mismo nombre, les advirtió que su hijo no se encontraba y que “no las maten, no tiren que mi nuera (Silvia Reyes) está embarazada” de 3 meses.

Los asesinos volvieron una hora después para montar una ratonera para capturar a Barrios, quien se encontraba desde hacía más de 24 horas en Argentina, con el objetivo de conseguir dinero para sacar del país a Diana y Laura, fugitivas tras cumplir condena en el Batallón 13 que habían quedado al cuidado de su esposa Silvia, y a otra pareja con un bebe a quienes escondió su cuñada.

Paradójicamente Barrios, colombiano de 22 años nacionalizado uruguayo, fue detenido 5 meses después en Córdoba en el marco del Plan Cóndor y encarcelado por 6 meses en la provincia de Buenos Aires; pero se precipitó la decisión de liberarlo a los 4 meses de su condena, y en su traslado pasó a engrosar la fila de desaparecidos, que hasta hoy familia y organizaciones de derechos humanos siguen buscándolo.

A pesar del quizá más salvaje operativo de las Fuerzas Conjuntas perpetrado contra estas tres jóvenes en el episodio conocido como “la masacre de Brazo Oriental”, 32 años después ante un juez penal, José Gavazzo reconocía que “Barrios no era un objetivo importante”.

La impunidad se expresa a todos los niveles

46 años atrás los asesinos desguazaron el apartamento en el que fusilaron a Silvia, Laura y Diana, robándose todo lo que pudieron y destruyendo el resto, cocinándose y bebiendo mientras esperaban en la ratonera, apersonándose días después en el velorio de Silvia y saqueando también la vivienda mientras cantaban “uruguayos campeones”.

Con el retorno de la democracia, en 1985 se realizó la denuncia penal por los asesinatos de “las muchachas de abril”, pero un año después el entonces presidente Julio María Sanguinetti archivó la causa amparándose en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado.

20 años más tarde, en octubre de 2005 el equipo de abogados de IELSUR insistió en retomar las indagatorias al juez Pablo Eguren, que volvió a archivar la causa a pedido del fiscal Enrique Moller.

Al reactivarse todas las causas, en 2012, el expediente volvió al despacho del juzgado penal de 8º Turno, entonces a cargo de la jueza Graciela Eustaccio.

“Hasta el momento la Justicia se ha amparado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o los indagados han interpuesto recursos legales, impidiendo que se dicte sentencia”, afirmó Mónica Wodzislawski (prima de Diana) en un reciente artículo publicado en el boletín Alma Mater del Frente Estudiantil Antiimperialista.

En 15 años de administraciones frenteamplistas, con 5 años de presentado un proyecto de anulación de la Ley de Impunidad presentado por Unidad Popular, la misma sigue vigente sin que a nadie más se le mueva un pelo.

Incluso en ese marco, la ley de caducidad impide que sean condenados los responsables pero no la omisión de investigar y esclarecer lo sucedido.

Por ello “este caso fue presentado también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estudia su remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado Uruguayo responda por su omisión en todos estos años”, agrega Mónica en la mencionada publicación.

Durante estos 15 años, el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro entorpeció las investigaciones en los cuarteles e insultó a las organizaciones de derechos humanos; el ex presidente José Mujica abogó por no encarcelar a los “pobres viejitos” y visitó durante 40 minutos en el Hospital Militar al General Miguel Dalmao (procesado por el asesinato de Nibia Sabalsagaray); se trasladó a la ex Jueza Mariana Mota de lo penal a lo civil; y se construyó una “cárcel vip” para albergar a los procesados que se cuentan con los dedos de las manos.

Se promovió al General Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército, lugar desde el cual nada se hizo por esclarecer los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, pero contra las potestades constitucionales se aburrió de realizar declaraciones del tipo que hoy vuelve a hacer en el seno del recinto parlamentario, al haber sido pasado a retiro justo a tiempo para presentarse en las últimas elecciones.

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