El Estado es quien debe garantizar el cuidado de los niños
- La Juventud Diario
- 11 abr 2020
- 10 Min. de lectura
Urgen más funcionarios técnicos en el INAU, no la privatización ni las adopciones por plata

En vísperas del Día Nacional de la Adopción este 16 de abril, desde la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay (APAU) sostienen que las modificaciones al sistema de adopción propuestas en la Ley de Urgente Consideración podrían llevar a serias irregularidades que afectarán directa y fundamentalmente a los niños.
El Día Nacional de la Adopción se celebra desde 2009, año en el que se realizó una reforma contundente del Código del Niño con respecto al tema de la adopción. Aurora Reolón, integrante de la APAU, lo calificó como un gran paso: “En ese año se empezó con la celebración de las buenas prácticas de adopción. Esto quiere decir que la adopción circule y camine por el mejor de los caminos. Sea un camino limpio, un camino legal, donde se respeten los derechos del niño y también de la familia; se respeten los tiempos, donde se respete lo que significa una cosa tan contundente para un niño como cambiar su filiación”, y agregó que: “Es un cambio importante, por tanto debe ser un camino que esté lleno de cosas positivas, buenas, y nada sucio, nada encerrado”.
Reolón, con una militancia de 15 años en el tema, explicó que estas prácticas hacen que se pueda colectivizar las experiencias, dándose la forma en la que la adopción tiene que transcurrir.
Faltan funcionarios técnicos
El sistema de adopción ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas, logrando grandes avances y sorteando dificultades. Reolón, habiendo finalizado su proceso en 2004, indicó que se han dado mejoras significativas, como la creación de un Registro Único de Aspirantes (RUA), herramienta clave de vínculo con las familias.
El ingreso de niños al sistema se da a partir de su encuentro en una situación de vulnerabilidad, tras la cual se determina su adoptabilidad, donde un juez certifica que la respuesta se debe dar por la adopción. Allí se conecta con el INAU y la institución propone una familia. Todo contando períodos de plazos evaluatorios que suelen rondar los cuatro años.
Los procesos con los equipos técnicos -trabajadores sociales y psicólogos-, son una pata fuerte en calidad, pero han sufrido una notoria disminución en cantidad de funcionarios a lo largo de los años, lo que representa un gran problema. Los técnicos son los encargados de implementar los talleres de apoyo, de prevaloración, de hacer un seguimiento y de cumplir con todo el acompañamiento posterior a la integración del niño.
También hace unos cinco años se hacen talleres con las familias dentro del RUA con integrantes de la APAU: “Esto para una mayor amplitud, para que no solo escucharan la voz de los técnicos, sino que te hable un igual”, sostuvo Reolón.
Los orígenes
Un hecho muy importante fue el trabajo de recuperación de antecedentes de los niños, para que aquellos que quieran conocer sus orígenes puedan acceder a su carpeta.
Aurora Reolón expresó: “Si yo como mamá le dije lo mismo que después va a encontrar en su expediente, eso le va a dar la paz al niño, al adolescente que generalmente pueden solicitarla desde los 18, a no ser alguna excepción. Por eso es tan importante que se guarden los orígenes, y tan importante que las adopciones no se den por fuera del INAU. No porque nosotros queramos tener un regente, es porque queremos que los datos se guarden”.
Los cambios
En la campaña electoral, estuvo en boca del presidente Luis Lacalle Pou el tratamiento de las políticas de adopción y su aceleración.
En el borrador publicado de la Ley de Urgente Consideración, cuya presentación en el Parlamento quedó congelada debido a la situación actual, se dedican algunos párrafos al proceso de adopción.
Desde la APAU se consultó a abogados y especialistas para estudiar a fondo las modificaciones pretendidas en la LUC, que más que resolver problemas, complicaría el sistema, particularmente para los niños. La APAU ya pasó a la opinión pública un documento, y mantuvieron diálogos con diputados y senadores.
Reolón indicó que, por ejemplo, algunos de los problemas que se tratan de solucionar con lo que la LUC propone, se resolverían aumentando la cantidad de técnicos: “Si nosotros hiciéramos eso, no precisaríamos hacer esos cambios que la LUC propone, porque no son necesarios.”
No se resuelve con apuros
Los procesos judiciales dentro de la adopción se concretan a través de dos juicios, lo que trajo consigo problemas para las familias adoptantes porque se aumenta la cantidad de abogados que tienen que participar en dichos juicios. Esto implicó para los padres una erogación importante, muy costosa: “Nosotros no nos quejamos por pagar, el tema es que nosotros recibimos niños, que como cualquier hijo viene con una cantidad de cosas. Además porque los juicios se hacen larguísimos, sin contar lo que son procesos de los niños. Desde que se empieza la situación de vulneración de derechos, hasta que se determina la adoptabilidad, a veces pasa una eternidad”, afirmó la presidenta de APAU.
Ante esta realidad, en la LUC se plantea como primer medida cortar los procesos poniendo 18 meses como plazo límite para la valoración de una familia por parte de los técnicos del Departamento de Adopción del INAU.
Aurora Reolón manifestó que con esta medida no se está hablando de dar una respuesta para los niños, sino para la familia: “El llevar a 18 meses el proceso de la familia, no es respuesta para los niños, es respuesta para las familias que están en espera; que no es lo mismo ni está relacionado directamente. Ahora, si hubiera técnicos suficientes, desde que Beatriz Scarone era directora del Departamento de Adopción ya se entendía que el proceso se podía llevar en ese tiempo”.
A su vez, subrayó que el proceso de cada familia es diferente: “El tiempo no tiene que ver solo con el técnico, tiene que ver con la pareja también. Si la familia, o la señora, señor solo que van, hacen su proceso debidamente, sus valoraciones, buscan hacia adentro, escarban, entienden, capaz que los 18 meses son un tiempo que se puede manejar”.
No a la privatización
Una vez cumplidos los 18 meses, de no haber sido hecha la valoración técnica, la LUC indica que pasaría al directorio del INAU, promoviendo que un directorio político tome una resolución por encima del equipo técnico.
“Y el equipo técnico le tiene que explicar al directorio por qué razón no alcanzaron 18 meses. Si los técnicos les tienen que decir mire, esta familia tiene tal problema, por eso no se pudo terminar la valoración, es violatorio del derecho de esa familia”, sostuvo Reolón, y agregó: “Si no te está dando el número para hacer las valoraciones, las querés hacer más rápido sin poner funcionarios, lo que estás haciendo es hacer mal el procedimiento. Quiere decir que van a llegar a la adopción familias que no están preparadas debidamente para enfrentar determinadas cosas”.
Reolón explicó que, por otra parte, el directorio no tiene elementos técnicos, por lo que podría solicitar que se hiciera por afuera del INAU. Esto daría pie a la entrada de privados externos a la institución que podrían ser contratados: “Cuando dicen que el INAU tiene el monopolio, el único monopolio es que lo que hace el INAU es determinar qué familia se hace cargo de la criatura. Eso sí está establecido en el Código. Ahora, la valoración de la familia, si se presentan ONG, cumplen con los requisitos, tienen los técnicos adecuados, lo pueden hacer, si cumplen con ciertos protocolos. Porque esto no solo lo dice el código uruguayo, lo dicen las declaraciones de las Naciones Unidas, todas aquellas que tratan la adopción, que los encargados tienen que ser organismos que cumplan con todos los requisitos multidisciplinarios.
¿Quién debe dar garantía a los niños de ser cuidados, el Estado o un particular? El Estado, por tanto, quién determina quién debe cumplir la atención de esos niños tiene que ser el Estado. Y tiene que ser un organismo centralizado como lo tenemos, con vasta experiencia, y que en adopciones no está tan excedido”.
Anualmente se dan unas 100 adopciones, y con la mejora de procesos se podrían llegar a dar 200, lo que no excede a ningún organismo. Por lo tanto se podría efectuar todo perfectamente desde adentro del INAU, si se le diera más recursos al Departamento de Adopción.
“Si se pusieran a pensar que los niños son la parte fundamental de la sociedad y le querés dar una respuesta buena a través de la adopción, donde esos niños estarían mejor, es una mejor respuesta una adopción a que un niño se quede institucionalizado”, aportó Reolón.
No todo es plata
La integrante de la APAU afirmó que también se debe exigir que el Poder Judicial cumpla con todo, y que tenga una buena relación con el INAU: “El Poder Judicial y el INAU no han podido ajustar un cien por ciento un buen relacionamiento y un buen trabajo en equipo. Han llegado jueces a decir que no sabían que venían informes de los niños y las familias. Los procesos deberían ser cortos y claros”.
En este sentido, la ley de urgencia plantea la unión de los dos juicios del proceso, la única modificación rescatable. Pero a partir de esta, se otorga un mayor poder a los jueces para que determinen algunos hechos que antes no les correspondían. De esta manera podrán decidir en qué familia integrar a un niño, sin la obligatoriedad de que esta haya pasado debidamente por los equipos técnicos del INAU. Aquí es donde las influencias económicas o las situaciones irregulares entre privados pueden sobrepasar a la estructura institucional, algo explícitamente inconcebible con la normativa vigente hasta el momento.
No a la LUC
Aurora Reolón dijo que “realmente hay frenar ese tipo de cosas, para que nadie se aproveche de eso”, que muchas veces se dan en situaciones de alta vulnerabilidad: “Una de las cosas que se sacó en 2009 fue que se pudieran hacer adopciones a través de una escritura pública. Esto se desapareció en los artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esto quiere decir que lo que no está expresamente prohibido, está implícitamente permitido.
Entonces se vuelve al viejo sistema; voy a un hospital, me entero que hay una mamá, me entero por una enfermera o un amigo, a la vieja usanza. Voy, me llevo al niño, aporto -o no- algo a la mamá a cambio, que puede ser que la ayudo con sus demás hijos, que la ayudo a reconstruir su casita para que pueda vivir en mejores condiciones. Eso es una venta”.
Así es como se concretarían adopciones irregulares sin valoraciones, por fuera del sistema, afectando el respeto del niño directamente, ya que es probable que hasta pierda su historia. Desde la APAU se manifestó públicamente que con la ley actual “cada niño adoptado tiene un expediente donde se detalla su historia. Si se habilitan las adopciones directas por parte de los jueces, nadie garantiza que los niños puedan conocer su origen. Borrando los orígenes se violenta el derecho a la identidad del niño”.
También se planteó como respuesta a las modificaciones que “para acelerar los tiempos de valoración de las familias hay que contratar más trabajadores sociales y psicólogos. Si se quiere acelerar los tiempos de integración de los niños, hay que acelerar los tiempos judiciales”.
Que no se pierda
De aprobarse estas acciones pautadas en la LUC, el juez puede prescindir de la selección hecha por el INAU, y no tiene porqué pedirle opiniones, así como tampoco a su equipo técnico. Se le permite decidir con la libertad que desee.
“Hay cosas en la ley que tratan de enmendar, pero generan un problema superior. Porque dicen vamos a darle permiso al juez, pero no le están dando solo permiso para que se lo den a la señora cuidadora que lo tiene hace siete meses, porque eso ya se resuelve internamente. El problema es cuando hagan estas otras cosas; los vayan a buscar al hogar, a Rivera, al hospital…”, reafirmó Reolón. Recordó que con este procedimiento, tampoco se asegura la ruptura total del lazo familiar de origen con el niño, porque no hay un respaldo técnico detrás que evalúe la situación.

Los niños primero
“La forma de solucionarlo no está dentro de la LUC, no es el camino. La LUC es un espacio para que se discuta un documento rápidamente, para tomar rápida resolución sobre un tema que tiene una urgencia que es ineludible. Eso no pasa con los temas de adopción. Sí lográramos hacer el proceso en 18 meses, vas a tener un RUA de 70, 80 personas, ahora. Si hacemos un proceso rápidamente, vamos a valorar a todas las familias, y nos quedará un RUA finalmente de 370. Todas personas habilitadas para adoptar. Pero va a haber la misma cantidad de niños”, declaró Reolón. Informó que hay 400 niños que tienen la condición de adoptabilidad porque no obtuvieron respuesta en el RUA. Los niños que son pequeños son menos de 100, que son los que se está trabajando en la integración en estos momentos. Hay 80 familias, por lo que la integración no es un problema.
Todos los otros tienen más de 8 años, son muchos hermanos, tienen enfermedades, incluso hay jóvenes de hasta 18 años y más, pero su falta de respuesta no proviene del INAU sino que se desprende de que no hay familias en el RUA que lo hagan: “Los niños de más de 7 años es muy raro que tengan respuesta. Es muy injusto, pero es la realidad. A estos niños sí se les podría dar respuesta a través de familias cuidadoras.
La primer respuesta para los niños siempre tiene que ser el RUA, porque siempre tiene que ser la adopción, porque requiere de una respuesta definitiva. Después que no se de la adopción, entonces sí que se de la de la familia de acogida”.
Cuanto mejor, peor
Aurora Reolón aseguró que si se acorta el tiempo de los procesos, se puede lograr que en 18 meses se ingresen familias en el RUA, pero después abren la puerta para que los niños sean dados por afuera: “Así no van a entrar bebés al INAU ni por decreto, porque si se permiten adopciones por fuera del sistema, todos los bebés van a salir por fuera del sistema. Por lo tanto al INAU van a llegar todos los niños con complejidad, que tienen 4, 5, 10”.
La representante de APAU volvió a subrayar que la realidad de los niños es muy compleja, la realidad de la situación de la pérdida de familia de un niño es muy compleja, y que no se arregla ninguna de estas cosas en una LUC; sino que es necesario apostar a la dedicación y a la profundización en el tema.
Con la actividad parlamentaria en una situación disfuncional, muchos planteamientos no se han formalizado. Hay una propuesta aún no oficial de que en lugar de que pasados los 18 meses la valoración de las familias pase al directorio, se sancione a los funcionarios. Esto repercutiría negativamente para los trabajadores y para todo el funcionamiento técnico, ya que puede llevar a que se obliguen a realizar valoraciones incorrectas, apuradas, o directamente que sea difícil que se tome el trabajo.
Para seguir tratando el tema con las autoridades, APAU tiene pensado contactarse con el director del INAU Pablo Abdala y la vicepresidenta de la República Beatríz Argimón.
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