Verdad y justicia: Iniciativa del Frente Amplio limitará a futuro investigaciones de crímenes de les

Desde el 1° de Marzo de 2020 serán suspendidas las investigaciones históricas que se realizan sobre detenidos desaparecidos, fallecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado, prisión política y tortura, agencias represivas, centros de detención y personal oficial y subalterno que actuó en el marco de las operaciones represivas desplegadas por el Estado uruguayo entre 1968 y 1985.

En entrevista con Radio Uruguay, Fernanda Larrobla, coordinadora del Equipo de Investigación Histórica (EIH) de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, explicó que “No hay ningún organismo ni ámbito que contenga este tipo de investigaciones, esa función le competía a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que tampoco se sabe lo que va a pasar pero lo que sí se sabe es que nuestros contratos pasan a la Institución para que los utilice en lo que considere conveniente pero no se refiere a investigaciones históricas”. Larrobla explicó la historia y cometidos del EIH: “Comenzamos las investigaciones en el año 2005, primero estaban acotadas a las víctimas de la desaparición forzada y en último momento las investigaciones han tenido un carácter más académico-histórico reconstruyendo los contextos represivos en los que ocurrían las desapariciones. Más adelante se amplió el período al ‘68, que antes era del ‘73 al ‘85 y se incorporó también la dimensión del asesinato político. A partir del 2011 las investigaciones que veníamos realizando empezaron a ser requeridas por la Justicia Penal, tanto de Uruguay como del exterior. A partir de allí las investigaciones tienen una reconversión, empieza a ser una investigación enfocada también en poder dar elementos de prueba a la Justicia para que pueda adjudicar responsabilidades o para que pueda efectivamente hacer justicia. Además también han pedido los informes técnicos muchas organizaciones sociales de memoria o para la Ley de Reparación, ley 18.596”.

Esto se da en el marco de la ley 19.822, aprobada en 2019, que transfiere la responsabilidad de la búsqueda de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin indicar ni considerar qué sucederá con las investigaciones mencionadas. El proyecto que se votó en el Parlamento el día 18/9 con votos de todos los partidos allí representados, otorga a la Institución Nacional de Derechos Humanos el cometido de buscar a los desaparecidos entre los años 1968 y 1985. Con su aprobación, deja de existir el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. La iniciativa fue promovida desde el Poder Ejecutivo y se puso a votación de apuro en las últimas sesiones extraordinarias de la Legislatura garantidos con la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, sin permitir estudiar su alcance más que el postulado general, ni consultar a los actores involucrados. Refiriéndose al fundamento de su posición, el Diputado del Movimiento 26 de Marzo – Unidad Popular, Eduardo Rubio, expresaba que “Votamos a favor en la decisión de trasladar a la Institución de Derechos Humanos la tarea, la responsabilidad de la búsqueda de los compañeros detenidos desaparecidos, sacarlo de la órbita de esta Secretaría que estaba en la Presidencia de la República y pasarlo a la Institución de Derechos Humanos, que es un organismo que depende del Parlamento. Decíamos nosotros que votábamos esta ley, que estaba en los hechos dando cuenta del fracaso de la política que hasta ahora llevó adelante la búsqueda de los desaparecidos y por la lucha por la verdad y justicia”.

Deuda del Estado

La incapacidad en dar resultados palpables en la búsqueda de verdad y justicia es uno de los grandes debes que el Estado tiene con el pueblo uruguayo. Según datos de la consultora Cifra, una amplia mayoría de los uruguayos está a favor de continuar la búsqueda de restos de desaparecidos (casi 3 de cada 4 de los encuestados respondieron afirmativamente), siendo una mayoría de los votantes de todos los partidos políticos: 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio, y también 6 de cada 10 de la aún oposición. Inclusive una mayoría de simpatizantes de Cabildo Abierto concuerdan en que se debe continuar la búsqueda. Sin embargo, la evaluación de lo hecho por los gobiernos del Frente Amplio en esta materia es bastante más negativa: solamente un 40% considera que se ha desempeñado bien, el 29% ni bien ni mal y el 20% mal. La amplia mayoría del electorado piensa que hay que continuar la búsqueda de los restos de los desaparecidos, y ese juicio trasciende las banderas partidarias. Cuando se evalúa a los gobiernos del Frente Amplio, en cambio, ya no hay consenso, y la mayoría, aunque no todos, los votantes del oficialismo defienden lo hecho y la mayoría de los votantes de la oposición lo critican. Refiriéndose a esto, Eduardo Rubio señaló que en la falta de respuestas en este tema hay responsabilidades de algunos sectores políticos para que se mantenga la impunidad de los violadores de los Derechos Humanos durante la última dictadura en el país. Larrobla, crítica con las políticas del Frente Amplio en lo referido a las investigaciones llevadas a cabo por el EIH, expresó en La Diaria que “Los múltiples arreglos institucionales realizados durante los 15 años de gobierno progresista no lograron consolidar ni garantizar la continuidad de estas investigaciones, en tanto no se generó ningún ámbito específico que las pusiera a salvo de las vicisitudes y voluntades políticas de los gobiernos de turno. Esto produjo un clima de incertidumbre casi permanente en torno a su futuro”.

Respecto a la necesidad de autocrítica del sistema político por la situación actual en cuanto a la búsqueda de verdad y justicia, Rubio explicó que “En este país y durante los gobiernos del Frente Amplio hubo ministros que encajonaron denuncias, que entorpecieron la búsqueda, que en realidad marcaron una clara complicidad con quienes están de alguna manera involucrados en los crímenes de lesa humanidad. Entonces la autocrítica no es generalizada, porque acá ha habido fuerzas políticas y la Unidad Popular ha estado en ese camino -no solo, pero la UP sí- y organizaciones sociales que nunca han descansado ni han cedido un ápice en nuestra voluntad de pelear por la verdad y la justicia”.