Legitimado por la Justicia, complicidad de la Intendencia y el Municipio Neptunia: Desalojan familia

El 3 de febrero se concretará el desalojo de una de las familias víctimas de la especulación inmobiliaria en el barrio “Las Cumbres de Neptunia”. Aún así, la Asamblea de vecinos continuará movilizándose y buscando la regularización mediante incidencia municipal para que no siga sucediéndole a otras familias.

Hace más de dos meses que la Asamblea de vecinos contra los desalojos inició las movilizaciones por la familia de Heber y Camila, padres de dos menores. El lanzamiento de su hogar será este próximo lunes, mientras que otra vecina y su familia también será desalojada en el mes de febrero. Los vecinos de “Las Cumbres de Neptunia” intentaron parar la situación tocando todas las puertas posibles. La familia tuvo un juicio civil por derecho posesorio frente a especuladores inmobiliarios, que han hecho un trabajo con escribanos que certificaron en forma irregular que los denunciantes vivían en los terrenos, incurriendo en un delito. Los denunciantes pretenden desalojar sin ser dueños, pagando la contribución para tener derecho a habitar los terrenos. Los vecinos discuten esa certificación porque la familia que vive en los terrenos desde 2013 es la que tiene el derecho posesorio. La familia de especuladores, con la titular Sylvia Falco, ha ido haciéndose de terrenos, pagando contribuciones y sacando papeles de forma que consideran fraudulenta, pero no han existido investigaciones del caso, ni siquiera inspecciones oculares a las viviendas. La ley de Derecho posesorio dice que el que tiene derecho es el que ocupa, pero la jueza Florencia Sorrondeguy, quien lleva los casos del juicio por derecho posesorio que redunda en tres desalojos, está fallando a favor de los demandantes accionando de forma parcial, según los vecinos de la zona. Los vecinos tienen conocimiento que están pagadas las contribuciones de otros terrenos, por lo que otras familias podrán enfrentar juicios bajo las mismas condiciones. Los terrenos con la contribución paga son curiosamente los que tienen más valor, por su cercanía a las rutas. La familia de Heber y Camila lleva seis años viviendo ahí, incluso trabajan en el terreno. Hasta ahora han perdido la apelación; fueron objeto de testigos falsos de parte de la familia especuladora, de hostigamiento, y perdieron el caso. La situación a partir de ahora será de organización por parte de la Asamblea de vecinos y vecinas, que se reunió en la noche del lunes. Seguirán con las gestiones, y el próximo paso será presentar una carta a la Suprema Corte de Justicia, pidiendo una intervención con respecto a la jueza, investigando su anteceder. La responsabilidad departamental también es tenida en cuenta por los vecinos, que se presentarán ante las autoridades comunales, para solicitar una mesa de trabajo con la Intendencia para que tome cartas en el asunto y se pueda llegar a un proceso de regularización para prevenir futuros desalojos. La Intendencia no aporta datos a los vecinos, y afirma que no se mete por ser un “conflicto entre privados” , pero de todas maneras cobra la contribución sin corroborar si los terrenos son especulativos o no. Vecinos de la localidad explican que se ha hecho todo lo necesario cumpliendo con la ley de Ordenamiento Territorial, pero en muchos casos, solo un 30% del barrio ha podido pagar contribución y sacar derechos posesorios mediante convenios; cosa a la que a partir de 2017 no se pudo acceder. El resto de los habitantes no ha podido acceder al pago de contribución, porque en muchos casos se pide que se pague completa, alcanzando alrededor de $400.000 la contribución atrasada de los deudores. Los vecinos y vecinas han dicho que están “en un limbo”, porque como la Intendencia no toma parte en el asunto están expuestos a la especulación, en este caso de terceros que vienen con poder adquisitivo y recursos para pagar y desalojar: “Están siendo apadrinados por el sistema judicial mediante esta jueza que no toma en cuenta que hay familias viviendo ahí. El sistema ahora cambió, se guían solamente por los escritos que presentan los demandantes, pero no se investiga. Entonces nosotros estamos pidiendo investigación sobre esto, que sea investigado el proceder de esta familia inmobiliaria, porque se han hecho de muchos terrenos de esta manera, pasando por encima del derecho de las familias que ocuparon por una vivienda”. En la zona llevan más de dos meses movilizándose, haciendo cortes de ruta, volanteadas, visitas al juzgado de Atlántida a pedirle a la jueza que realizara una prórroga para la familia, la cual fue negada y luego obtenida mediante el alguacil. También se le reclamó al alcalde municipal, ya que el Municipio es el responsable de cobrar las contribuciones. En este caso le cobró a una señora que fue a pagar 25 terrenos, 25 contribuciones juntas, sabiendo que allí viven otras familias. Se realizó un acampe de un fin de semana en la ruta, donde se llamó a organizaciones y se difundió la lucha. Todo esto además del apoyo diario a las familias que se enfrentan a los desalojos. En el caso de Heber y Camila, han conseguido otro terreno alejado, pero aún no está avanzada la construcción de su vivienda, e igual estarán perdiendo su fuente de trabajo, la cual depende del predio en el que se encontraban. Se han hecho pedidos de respuesta de la Intendencia para que de alguna solución, por lo menos con respecto a materiales para armar una casa en otro lado, pero el gobierno departamental está totalmente omiso. “Estamos expuestos a la fuerza que podamos tener para difundir esta problemática, y ver quiénes pueden reaccionar para tomar cartas en el asunto. Estamos organizándonos con el barrio, trabajando el tema de la regularización y poniendo en conocimiento a los vecinos. El domingo es el último día en el que la familia de Heber y Camila estarán en el terreno, a quienes se acompañará y se buscará cobertura de prensa para difundir lo más que se pueda”, indicaron desde la Asamblea de vecinos.