Columna Urgente desconsideración

Solo para un gobierno que prepara medidas antipopulares puede ser “de urgente consideración” una Ley que restringe la protesta. El borrador de la primera Ley que pretende aprobar el próximo gobierno -un texto extensísimo de 457 artículos-, en la sección “DE LA PROTECCION A LA LIBRE CIRCULACION”, dice: “448 Declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. 449 Facúltase al uso de la fuerza pública para disolver los piquetes a los que refiere el artículo anterior. El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza. Para tal fin dicha Secretaría de Estado podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos, así como coordinar, en tal caso, la actividad tendiente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior. 450 La intervención de la autoridad competente se efectuará a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad. En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público.” Esta redacción no hace más que ratificar y ampliar lo expresado por el actual gobierno en el decreto del 20 de marzo de 2017, cuyo artículo 1 dice: “El Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”, agregando que “se podrá requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos” para dar cumplimiento a lo dispuesto. Es decir, pedir apoyo a la FF.AA. para desalojar a los ciudadanos que impidieran el uso de la vía pública. ¿Por qué se le quiere ahora dar rango de Ley a lo dispuesto en un decreto que ya existe desde hace casi dos años? ¿Por qué ello sería “urgente”? Son dos preguntas pertinentes ante las que no se puede menos que suponer la intención de prevenir lo que se viene: una reacción popular de rechazo a determinadas medidas que el gobierno piensa tomar, algunas de las que ya se formulan en el mismo texto de esta tan abarcadora Ley que trata los más variados temas que se pudiera imaginar. ¡Qué diferente sería la urgencia de un gobierno popular preocupado por ampliar los canales de comunicación y diálogo con la ciudadanía! Ese gobierno consideraría urgente brindar participación real y efectiva a los colectivos ciudadanos para que asociaciones, comisiones, centros, sindicatos, agremiaciones y toda otra forma posible de organización social, fueran escuchados y atendidos en sus demandas y propuestas. En vez de eso, lo que vemos es un gobierno que aceita mecanismos de represión invocando lo que define como “orden público y tranquilidad”. A propósito de esto último, es llamativa la referencia a “hechos de apariencia delictiva” que habilitarán a la detención de “presuntos infractores” de que habla el artículo 450 del borrador que se acaba de conocer. ¿Por qué vincular la protesta popular con la posible comisión de delitos? ¿Cuantos uruguayos marcharán a las Comisarias o los Cuarteles como presuntos infractores según el criterio de quien dirija un operativo anti piquete? Bastará que un infiltrado tire una piedra para que se desate una cacería de las que ya tenemos tristes experiencias. ¿No es el fin último de esta Ley desalentar la protesta? Parece poco probable que este capítulo del borrador que hace pocas horas cobró estado público, sea cuestionado por alguno de los partidos integrantes de la coalición del futuro gobierno, pues ninguno de ellos cuestionó en su momento el decreto anti piquetes de Tabaré Vázquez del que este texto es casi una copia. El Partido Humanista sí condena enérgicamente este nuevo intento de criminalizar la protesta. Lamentablemente se vienen tiempos duros para los uruguayos a los que se pretende advertir desde ya que el futuro gobierno no quiere al pueblo en la calle, lo quiere pasivo, dócil y resignado. Tomando este capítulo como ejemplo, la Ley llamada de urgente consideración, parece más bien una de urgente desconsideración, pues su tono represivo es desconsiderado con los derechos republicanos que un gobierno popular debería proteger y fomentar. Aníbal Terán Castromán Vocería del Partido Humanista, integrante de Unidad Popular Treinta y Tres, enero 23 de 2020 092 916 334, ateran@adinet.com.uy