Viviendas otorgadas por el Estado: En solo un mes, Ministerio de Vivienda tramitó cerca de 250 desal

La cifra concreta es de 210 desalojos en trámite con expediente judicial actualizada al 1° de agosto pasado, y 33 remates extrajudiciales programados por el MVOTMA para el mes siguiente. Esto se traduce en que en el mes de setiembre de 2019, aproximadamente 1 de cada 300 familias con vivienda otorgada por el Estado se encontraban en situación de desalojo o remate.

La información oficial de la cartera fue brindada por la cartera a mediados de setiembre de 2019, a partir de un pedido de informes realizado por la bancada de Unidad Popular, a cargo del diputado Eduardo Rubio. Los desalojos y principalmente los remates angustian desde hace mucho tiempo a los deudores del Banco Hipotecario (BHU) y de la Agencia de Vivienda (ANV), que se han organizado en grupos para buscar una solución política con las autoridades a su problemática, en la que muchos de ellos ya pagaron varias veces el valor de su casa y sin embargo deben más dinero que al momento de asumir el préstamo. Numerosas y reiteradas gestiones ante el Parlamento, la Presidencia y los distintos organismos estatales competentes, han tenido marchas y contramarchas pero no han resuelto el problema. También han sido motivo de preocupación de distintas organizaciones sociales vinculadas a la vivienda, que han solicitado detener los desalojos y remates hasta tanto se logre resolver los problemas de quienes no pueden pagar temporalmente las cuotas u otro tipo de compromisos por sus bajos ingresos, o bien por el reajuste de las cuotas por Unidades Indexadas o por una elevada e injusta tasa de interés en préstamos hipotecarios que deberían responder a un carácter social. La principal defensa de las autoridades de gobierno y del oficialismo ha sido que según sus criterios, quienes no están en condiciones económicas de afrontar los compromisos de pago, son beneficiados con subsidios que, en algunos casos, alcanzan hasta el 100% del valor de la cuota. A partir de la inquietud concreta de una federación de cooperativas, puntualmente los cooperativistas de vivienda de propietarios (COVIPRO), el 11 de julio de 2019 el diputado de UP Eduardo Rubio realizó un pedido de informes al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El mismo se proponía conocer “cuántas personas que tienen un contrato con organismos del Estado en materia de vivienda (en sus diversas modalidades) se encuentran en situación de desalojo y/o remate de sus viviendas, cuáles son los motivos principales de dichas situaciones, y cuál es el presupuesto que se destina a los subsidios a la vivienda”, detallando las distintas modalidades y planes de dichas asistencias de carácter económico. La respuesta fechada y recibida por el Departamento de Gestión Documental del MVOTMA el 16 de setiembre siguiente, está firmada por el titular de la ANV, Arq. Francisco Beltrame, y entregada por la ministra Eneida de León a la presidenta de la Cámara de Representantes el 20 de noviembre, a la que la Juventud accedió en las últimas horas. En ese entonces, el Ministerio de Vivienda aseguraba que el universo de contratos en materia de vivienda que administraba la ANV era de 64.310, ya sea de créditos que integran los fideicomisos como de las carteras del MVOTMA. Al 1° de agosto de 2019, se estaban tramitando 210 desalojos con expediente iniciado ante el Poder Judicial por juicios de entrega de la cosa, como consecuencia de rescisiones administrativas de promesas de compraventa. En tanto para setiembre de 2019, a mediados de mes estaban programados 33 remates judiciales. En dicho mes, el Ministerio tenía en carpeta 243 desalojos y remates, que sobre un total de 64.310 contratos vigentes, representa 1 de cada 300 beneficiarios en esa lamentable condición. Según la respuesta al pedido de informes, en el caso de las promesas de compraventa los casos de desalojo son consecuencia de rescisiones administrativas, resultado del no pago de gastos comunes, o bien de deudas por servicios impagos, o de incumplimiento a intimaciones sobre reparaciones edilicias fundadas en afectaciones a terceros, o de problemas comprobados de mala convivencia. En tanto los remates extrajudiciales, son fruto del impago de los servicios. Las autoridades de vivienda se negaron a detallar a cuánto ascienden los montos por concepto de subsidio a la vivienda, y mucho menos discriminarlo por las distintas modalidades y planes mediante los que se accede a dicha asistencia, de la que tanto alardean. Si bien la consulta del legislador preguntaba “cuál es el presupuesto que se destina” a esos efectos, sin especificar en qué órbita o de dónde se obtienen los fondos, el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda se limitó a informar que “este organismo no cuenta en su presupuesto con partidas destinadas a subsidios”. Los subsidios existen y son el principal escudo de las autoridades, presentado como atenuante o como condiciones más favorables frente a los problemas y dificultades que enfrentan los beneficiarios de vivienda a manos del Estado, por los injustos intereses y reajustes o simplemente por la imposibilidad de cumplir con ellos. Estos subsidios son firmados por la propia ministra de Vivienda, aunque los fondos sean asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde Rentas Generales u otro origen. Por lo tanto no manejar las cifras referidas a ello representa un desconocimiento e incompetencia de las autoridades en la materia que tienen a su cargo, o bien una excusa para no brindar la información requerida por un Representante Nacional. Esta chicana es muy habitual en los pedidos de informes, y obligan al legislador a cursar un nuevo pedido de informes reformulando la pregunta y debiendo esperar otros 6 meses por la respuesta, o desistir y manejarse con los datos obtenidos para los cometidos que se proponía. En este caso, con el agravante que Eduardo Rubio no renovó su banca, y no tendría competencias parlamentarias para los plazos establecidos para recibir una nueva respuesta. Desde la bancada de Unidad Popular sostienen que conocer la cantidad, los montos y las diferentes modalidades y planes en los que se aplican, evidenciaría entonces la existencia de salarios de hambre, que no permiten a los compatriotas destinar a un derecho fundamental como la vivienda ni siquiera una mínima parte de sus ingresos en algunos casos.