También en vivienda: Advierten que anuncios de Lacalle Pou son continuadores de la política del Fren

Gonzalo Martínez, dirigente nacional del Movimiento 26 de Marzo aseguró que la eliminación de dos decretos que modificaban la ley de vivienda de interés social impulsada por el Frente Amplio (cuyo nombre, por cínico, fue sustituido por el de vivienda promovida), apuntan a seguir aumentando la tasa de ganancia de las empresas constructoras. Ante la problemática del acceso a la vivienda para los sectores populares y la proliferación de compatriotas habitando en asentamientos irregulares, el diputado alterno de Unidad Popular reivindicó la vigencia del Plan Nacional de Vivienda Popular que presentó en el Parlamento, y lamentó que aunque oportunamente fue respaldado por los partidos de la coalición multicolor y el propio Lacalle Pou, hayan optado por continuar la política del progresismo que no ha resuelto el problema. En ese sentido, llamó en su audición partidaria a fortalecer las organizaciones sociales que luchan por la vivienda.

“En las últimas horas hemos escuchado algunas declaraciones del próximo Presidente (Luis Lacalle Pou) que ya ha realizado algunas declaraciones referidas a la situación de la vivienda en el Uruguay. Estas reflexiones o comentarios -y ya son anuncios algunos de ellos- nos generan alarma, porque no solamente implica la continuidad -y esto lo han dicho en sus propias palabras- de que aquellos que se ha hecho y ha dado resultado continuará, y se mejorará aquellos que ha tenido dificultades. Y aquello que ha tenido dificultades, al parecer han sido las ganancias del empresariado de la construcción. Porque parte del anuncio que ha hecho el próximo Presidente, ha sido la eliminación de dos decretos que se establecieron -uno en 2014 y otro en 2017- que están referidos a la vivienda promovida, a la ley de inversiones en Vivienda de Interés Social. Esta ley promovida por el Frente Amplio, que ha apuntado -en teoría- a resolver el problema del acceso de la vivienda para los trabajadores o la clase media, como decían ellos. Y que modificación tras modificación terminó sin cumplir su cometido, y que era imposible que lo cumpliera porque el punto de partida era el problema. Ese punto de partida ha sido beneficiar al empresariado de la construcción. Esto lo vimos con la composición de la ley y lo vimos con las distintas modificaciones que se le hicieron a la misma, y por sobre todo lo vimos con el resultado final de esta ley. Nosotros lo hemos venido trabajando en este quinquenio a través de las Rendiciones de Cuentas con la bancada de la Unidad Popular, y todos los años denunciamos los nefastos y magros resultados que han dado los planes de vivienda del gobierno del Frente Amplio. Planes que el Partido Nacional o la coalición multicolor, han anunciado que van a continuar. Puntualmente estos decretos que van a ser derogados por parte de Lacalle Pou, son los que refieren al precio del arrendamiento de los inmuebles construidos amparados en la Ley de Viviendas de Interés Social. El otro decreto habla del 25% de las unidades, es decir del precio de venta de los inmuebles, que no pueden superar el 25%. A lo que apunta la eliminación de estos dos decretos es a aumentar la tasa de ganancia de los inversores. Es decir que pueden alquilar a mayores precios de lo que está establecido de ese decreto, y que pueden vender las unidades a mayor porcentaje del que establece, que era el 25%. Por lo tanto, toda vivienda que sea construida a partir de la nueva modificación que se establezca a la ley y a la eliminación de estos decretos, esos constructores gozarán de todos los beneficios de ley -es decir la exoneración total de impuestos- pero a su vez no estarán limitados a la hora de alquilar o de vender las unidades. Por lo tanto, si hasta este momento para las familias trabajadoras que están entre 20, 25, 30 ó 40 mil pesos de ingresos, era dificultoso poder alquilar o acceder a la compra de la vivienda; mucho más complejo e imposible será en la medida en que se elimina estos absurdos decretos. Absurdos en tanto se elaboraron para intentar modificar una problemática que surge de raíz, que es la ausencia del Estado en la construcción. Nosotros también y a raíz de esto hemos escuchado otras declaraciones del próximo Presidente, que habla sobre lo alarmante que es la presencia de 190 mil personas viviendo en asentamientos, y que habrá que aplicar distintas políticas para resolver esta situación, ya sea el realojo o la regularización. Acá vemos una vez más la ausencia de la intervención directa del Estado, no solamente en atender la urgencia sino en resolver el problema, en construir la solución. La construcción de la solución no es otra que la construcción de viviendas nuevas, dignas y de calidad en lugares que posibiliten el desarrollo de la vida plena de los individuos. Y eso solamente lo puede lograr con la participación directa del Estado. Esta línea de trabajo era la que establecimos en el proyecto de ley que presentamos del Plan Nacional de Vivienda Popular, y que gran parte del Partido Nacional -e incluso el próximo Presidente- en varias oportunidades manifestó estar de acuerdo con el Plan Nacional de Vivienda Popular. Pero nuestra sorpresa hasta el momento no ha sido anunciado; y no porque seamos ingenuos, sino porque acá lo que ha habido es una ratificación, reafirmación de las políticas neoliberales en materia de vivienda gestadas por el Frente Amplio, pero que serán profundizadas por la coalición multicolor. Porque si se van a eliminar estos dos decretos, es simplemente para darle rinda suelta a la esencia del proyecto creado por el Frente Amplio de la ley de vivienda de interés social. ¿Qué nos deja esto arriba de la mesa? La necesidad inminente de seguir peleando por la vivienda para los trabajadores. Habrá que seguir fortaleciendo organizaciones sociales que peleen por la vivienda. FUCVAM tendrá que hacer lo suyo para logra el 2% del interés de la cuota, propuesta que presentamos en la Rendición de Cuentas y que todos los partidos rechazaron. Por lo tanto habrá que seguir movilizándonos para que los trabajadores podamos acceder a viviendas dignas, de calidad y de forma accesible. Y habrá que seguir peleando por fuentes de empleo, porque en la medida que el Estado no promueva la construcción por sus propios medios o facilitando la construcción de vivienda, la ausencia de oferta para la construcción seguirá presente y por lo tanto seguirán los trabajadores de la construcción los golpeados. Entonces este escenario que se nos presenta en materia de vivienda, nos obliga a ratificar la validez del Plan de Vivienda Popular que hemos presentado en el Parlamento, y que ahora nos tocará seguir levantando su bandera y defendiéndolo en las calles”.