Comisionado para sistema carcelario: Petit habló sobre la necesidad de transformar los centros de r

Debido al hecho que se registró en los últimos días con relación al asesinato del joven hincha del club Nacional Lucas Langhain, cuando festejaba el campeonato uruguayo obtenido, hecho ordenado desde un teléfono celular por parte de un recluso, el uso de estos aparatos en prisión fue nuevamente analizado por diversos sectores.

Así fue el caso del comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, quién manifestó públicamente que “la administración ha seguido un criterio razonable” en cuanto a la presencia de teléfonos celulares en las cárceles. Petit señaló que “prohibirlos totalmente” a los teléfonos celulares en las cárceles “generaría un mercado negro que sería peor aún”. El comisionado para el sistema carcelario expresó que: “Esto surge cuando hay un acumulado, una falta de condiciones de convivencia razonables, en lugares donde se genera una deshumanización y eso lleva a este tipo de agresiones tan terribles que en su esencia no se diferencian de un acto terrorista”. Petit dijo que ambos imputados (autor y coautora del crimen) eran reincidentes: “La durísima lección del asesinato de Lucas es que lo que pasa en las cárceles termina en las calles”. Indicó que no “hay una medida mágica” que permita solucionar los graves problemas existentes en los centros de reclusión: “Quienes están administrando el sistema están con la bandera roja de auxilio. Se requiere inversión, infraestructura, tecnología, entre otras cosas”, manifestó Petit. A su vez el comisionado parlamentario advirtió que “una parte no menor” del sistema sigue lejos de los estándares mínimos en derechos humanos. En los últimos veinte años, la población carcelaria en el Uruguay se triplicó. Pasó de 4.117 a 11.600 internos, y sigue creciendo. Los datos oficiales indican que hay 323 personas presas por cada 100 mil habitantes. Uruguay se ubica así en el puesto 28 a nivel mundial en cantidad de reclusos. Tiene más presos que otros países con mayor desigualdad, que arrastran conflictos étnicos o guerras civiles, o que tienen más pobreza, peores sistemas de seguridad social y menor porcentaje de gasto social. Detrás de esos 11.600 presos hay, además, no menos de 16 mil menores; niños y adolescentes cuyos referentes están privados de libertad. Un sistema carcelario “gigante, infinanciable e ineficiente”, advirtió Petit. “Requiere ingentes recursos y cada vez es más difícil que tenga los dispositivos técnico y socioeducativos que requiere para ser rehabilitador. No cumple su función integradora y genera reincidencia”.

Según Petit, las trayectorias de vida de los reclusos actuales son más complejas. Hay exclusión social, deserción educativa, adicciones, problemas de salud mental, ausencia de familia y de recursos. Petit hizo mención a la necesidad de cambios que enfrentan los centros de reclusión actualmente: “Que la densidad de oportunidades socioeducativas crezcan, que las políticas sociales invadan las cárceles con mayor cobertura de salud, asistencia a familias con referentes presos, escuelas de oficios, educación adecuada a la edad y situación de los internos, trabajo, tratamiento de adicciones y emprendimientos productivos”, sentenció el comisionado para el sistema carcelario Juan Miguel Petit.