Dejan el gobierno sin Verdad ni Justicia La impunidad como “política de Estado”

Para la Dra. Mariana Mota el gobierno del Frente Amplio no tuvo una “mirada de Estado” en relación a la lucha por verdad y justicia en materia de derechos humanos.

La ex jueza dijo que el actual gobierno pudo haber trabajado más en el tema de Derechos Humanos y especialmente en memoria y justicia. Mota, hoy directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos aseguró en declaraciones a Radio Uruguay que el próximo gobierno no podrá eliminar o recortar las conquistas obtenidas porque esos derechos se consiguieron por el trabajo de la sociedad. La Dra. Mota estuvo a comienzos de la semana en una actividad organizada por la Comisión Memoria de Soriano y el sindicato de funcionarios de educación secundaria de ese departamento, donde brindó una entrevista al medio local @gesor. En materia de Derechos Humanos, Mota considera que en líneas generales se han registrado avances en este período de gobierno, por ejemplo con mayor protección y reconocimiento a las poblaciones vulnerables en materia de legislación. La directora de la INDDHH considera que luego de las leyes, es necesario un proceso de concientización de la población para hacerlas efectivas, lo que implica un trabajo más largo que trasciende un mandato. También reconoció avances en la normativa. Sin embargo, advirtió las dificultades en torno a la causa de verdad y justicia. En ese sentido entiende que se podría haber trabajado más: aunque ha habido al menos “una mirada específica”, no fue “con toda la energía” ni “con todas las posibilidades que se podrían haber desarrollado”. Entre las “fallas” en esta materia, señaló la ausencia de “una mirada de Estado”, trascendiendo las acciones judiciales y considerándolo como un problema de toda la sociedad, y no solamente de las víctimas de delitos de lesa humanidad, en la prisión, tortura, asesinatos y desapariciones. “Eso dificultó no solamente el abordaje de las situaciones sino también que se conociera por parte de toda la sociedad lo que se vivió en dictadura”, señaló Mota. Las tareas necesarias de recopilar la información, realizar denuncias y volcarlos a la sociedad quedó en manos de los familiares organizados, lo que evidencia un desentendimiento del Estado en cuanto al terrorismo perpetrado por la propia institucionalidad en otra época. Superado ese tiempo tendría que haber adoptado un rol de “asumir responsabilidades y de reparar y decir a la sociedad le pasó tal cosa, esto ocurrió de tal manera; ayudar a recomponer el relato de toda una sociedad”. La omisión o falta de determinación del gobierno nos deja hoy con víctimas envejecidas, familiares fallecidos, y “situaciones que transmiten hacia las siguientes generaciones los mismos daños y situaciones de mucho trauma”, manifestó. De estas situaciones hemos hecho largas referencias en nuestras páginas, de lo que llamamos la cultura de la impunidad, y la continuidad y mantenimiento de la impunidad por parte de todos los gobiernos desde la salida de la dictadura hasta nuestros días. Ante el temor de una embestida de medidas del nuevo gobierno que traigan retrocesos a los logros sí conseguidos en materia de derechos humanos, la titular de la INDDHH invocó el principio de la “progresividad”: los derechos se reconocen y luego no se les puede disminuir en la protección por un cambio de administración. “Eso hay que tenerlo claro y exigirlo -reclamó-, porque es un derecho de la sociedad y de las personas” sin importar quién esté al frente de la administración, que tiene como “deber” mantener esos estándares de protección, manifestó Mota entrevistada por @gesor.