Oposición multicolor mostró un pétalo de su ley de urgente consideración

La empresa Factum presentó su encuesta final hacia el balotaje. Los resultados de la encuesta anunciada en Canal 10 y TV Ciudad le da una ventaja de 8 puntos a Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez, 51% contra 43%. Se trata de una encuesta que no tiene indecisos, y con esa ventaja no juega ningún papel el margen de error que puede tener la encuesta, dijo Eduardo Botinelli. Debería suceder alguna cosa “muy pero muy” extraordinaria para cambiar el favoritismo existente hasta ahora, insistió el director de Factum. Y justamente cuando el Frente Amplio reclamaba que la oposición presentara el contenido de la Ley de Urgente Consideración que anunció enviará al Parlamento a comienzos del mandato en caso de llegar al gobierno, un asesor de Lacalle anunció el primero de los puntos del proyecto: cuando un agente de seguridad ocasione daño, incluso letal, se presumirá que actuó en cumplimiento de la ley. Alvaro Garcé, asesor en temas de seguridad del candidato de la coalición opositora, Luis Lacalle Pou, dijo en Radio Uruguay que el Partido Nacional ya tiene un borrador de la ley de emergencia que presentaría como primera acción de gobierno si gana las elecciones y puntualizó que aún debería pasar por la consulta con los socios de la coalición. El primero será el artículo de: “presunción simple de legítima defensa en favor de la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado”, adelantó. La propuesta establecería que “cuando un funcionario de un cuerpo de seguridad actúa generando un daño, incluso letal, se presume que actuó en cumplimento de la ley y en forma regular”. Esta iniciativa que serviría de escudo a los desbordes del aparato represivo, apoya la postura de la oposición de que la policía no actúa frente al delito porque tiene miedo, en sus críticas hacia un tema tan sensible en nuestra sociedad como la denominada “inseguridad”. En ese sentido, ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció una caída del 12% en homicidios y 6% en hurtos mientras que las rapiñas crecieron 1,8%. A partir de estos datos, el jerarca indicó que durante este período de gobierno no se va a alcanzar el objetivo de bajar 30% las rapiñas, y explicó esta situación al efecto que produjo la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal.