Desalojos, precariedad social y falta de respuestas

Hace un par de meses la noticia ocupó por algunas horas los medios de comunicación. Se trataba de otro desalojo de mujeres inmigrantes jefas de hogar que serían desalojadas de la vivienda, en la calle Mercedes frente al Cuartel de Bomberos, que habían ocupado en el 2018 debido a la precariedad en la que se encontraban. Pocos recursos económicos, la imposibilidad de alquilar una vivienda y la falta de respuestas adecuadas desde el gobierno nacional o departamental. El Dr. Juan Cereta, profesor del Consultorio Jurídico y Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, realizó gestiones procurando una solución para las siete mujeres, peruanas y dominicanas, con 10 hijos/as lactantes o en edad escolar a cargo. En el mes de abril de 2018 recibieron una comunicación de la Seccional Policial 3ra. en la que se manifestaba que por orden de la Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno se les concedía un plazo de 20 días para retirarse del inmueble. El 25 de junio de 2018 se les notificó por la policía que la Fiscalía les daba un plazo de 5 días para abandonar la finca, bajo apercibimiento de ser conducidos por el delito de usurpación. Durante este período, agentes estatales les han advertido que podrían ser formalizadas por el delito de usurpación si no abandonan el inmueble o incluso quitar la tutela de sus hijos/as menores. Una vez que concurrieron a Fiscalía, se les informó finalmente que el plazo para el desalojo vencía indefectiblemente el viernes 7 de setiembre a la hora 15.00, oportunidad en que debían entregar la llave de la finca a la abogada del denunciante en presencia de la policía, algo que finalmente ocurrió. La vivienda, propiedad de un ciudadano argentino residente en su país, luego de ser desalojada fue tapiada.