Chile: La indignación callejera aumenta las presiones al Gobierno chileno

Organizaciones pro derechos humanos siguen de cerca la situación en Chile, mientras el Gobierno de Sebastián Piñera anuncia nuevas medidas para evitar más caos.

Congregaciones frente al centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica e ícono del progreso económico de Chile, marcaron la nueva jornada de protestas en ese país. Por primera vez, las protestas se hicieron sentir en barrios ricos de Santiago (la capital). Como en ocasiones anteriores, la policía recurrió a la fuerza. Paralelamente, un gran número de camiones y taxis se sumaron a las movilizaciones. Realizaron una movilización lenta por las autopistas de acceso y circunvalación de Santiago, generando un caos vehicular en plena hora punta en la capital. Protestaban contra los precios a pagar a diario o de forma mensual para transitar por las autopistas, lo que consideran “abusivo”. Chile es escenario de protestas desde el 18 de octubre pasado. En un principio, la protesta era contra el alza de tarifas del ferrocarril capitalino pero después fueron creciendo los reclamos hasta alcanzar el cima del poder. Ahora se pide la renuncia del presidente Piñera. Siempre respondido con mano dura de las fuerzas de seguridad. La represión ha provocado 20 muertes y unos mil 500 heridos. La mayoría de la vista. El país viva peor crisis oftalmológica mundial en 30 años. Posee cerca de la mitad de heridos oculares que 27 años de manifestaciones en el mundo. Ante tal situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió realizar una visita al país, donde el gobierno enfrenta más de 180 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual cometidas por la policía. Desde el palacio presidencial de La Moneda, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, reconoció el uso excesivo de fuerza por la policía y prometió sancionar a uniformados, pero también a los manifestantes involucrados en los disturbios. Además, en un nuevo intento para aplacar el malestar, Piñera firmó un proyecto de ley que eleva, a cargo estatal, el salario mínimo. A juicio de los indignados, las medidas que ha adoptado Sebastián Piñera hasta ahora no parecen suficientes para acabar con la amplia desigualdad. De hecho, quieren cambios profundos a la actual Constitución, que data de 1980, cuando fue aprobada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). mhn/rba