La viga en el ojo propio: Gobierno también oculta información de su iniciativa más determinante para

A tres semanas del balotaje el oficialismo machaca contra el candidato de la coalición opositora por no ofrecer claramente los detalles de una ley de urgente consideración que anunció será presentada a inicios del próximo mandato, ante su eventual triunfo. El Frente Amplio hace hincapié en su discurso que Lacalle Pou oculta información relevante a la ciudadanía para elegir quién gobernará los próximos cinco años y destaca la credibilidad de Martínez, su candidato, de explicitar sus propuestas y garantizar una continuidad con el actual gobierno. El retador ha restado importancia e invitó a los electores a leer su programa de gobierno y el de los partidos que se integrarían a su coalición de gobierno. Hechos y no palabras: el oscurantismo del partido que ha gobernado los últimos 15 años es tanto o mayor frente a los grandes temas que afectan la vida de la población hoy y en el futuro.

Antes de que se instalara fuerte la campaña electoral en nuestro país, todos los líderes políticos de los partidos que hoy compiten de una u otra forma por un lugar en el gobierno han coincidido en que es impostergable una reforma de la seguridad social para inicios del próximo mandato y que la misma será perjudicial para los trabajadores: hicieron acuerdo en elevar la edad para jubilarse, reducir la tasa de remplazo y no tocar el régimen de las AFAP. Sin embargo, el candidato electo en las internas para competir por el Frente Amplio y en las nacionales para disputar el gobierno en el balotaje, evita decir claramente qué hará con la seguridad social en caso de resultar triunfador. Pero de sus palabras nada bueno puede esperarse: sostiene no tener una propuesta concreta, y que la misma sería elaborada en diálogo con los partidos que integran la coalición opositora, por lo que si en verdad tuviera alguna idea no revelada, de seguro la resultante de la negociación con todo el espectro de derecha será igual o peor en términos de realidad para los trabajadores para hoy y por varias décadas. La instalación de UPM 2 en Pueblo Centenario, a orillas del río Negro, es otro tema trascendente para la población en la actualidad y el futuro. En ello coinciden partidos de la oposición a favor y en contra, el propio gobierno que lo presenta como una de las dos variables que mejorarán los números negativos de la economía nacional, organizaciones sociales volcadas a enfrentar el megaemprendimiento, y ciudadanos preocupados (que incluso coordinan introducir una papeleta simbólica de rechazo a UPM2 en el balotaje). Y también en este tema el Frente Amplio se ha manejado con inmenso secretismo. Algo indiscutido fue la negociación del acuerdo ROU – UPM. El gobierno resta importancia alegando que el contrato celebrado el 7 de noviembre de 2017, una vez firmado está disponible en la web. Ello evidentemente no es suficiente una vez que se ha comprometido la soberanía, el endeudamiento, los recursos naturales, parte del territorio, la política tributaria, el desarrollo ferroviario y portuario, la educación y la legislación laboral. Pero encima se ha comprobado que dicho contrato ha sufrido numerosas modificaciones las que no están disponibles como se jacta el gobierno. Por intermedio de amparos a la ley de acceso a la información y en algunos casos de forma fortuita y por descuidos del gobierno, se han conocido algunas de esas modificaciones y que establecen peores condiciones para los intereses nacionales. En el tema del Tren de UPM los vecinos se han cansado de denunciar la falta escandalosa de información y de respuestas, la completa irregularidad en el cumplimiento de los procedimientos y normativas, y el silencio de las autoridades frente a la resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos que entre otros tantos elementos dispone corregir severamente la comunicación con los afectados y la ciudadanía en general. El secretismo trasciende las fronteras y ahora son los asambleístas y las autoridades locales de Gualeguaychú quienes revelan la falta de información sobre las pasteras. “Hay mucha preocupación porque en la Cancillería no tenían mucha idea de lo que pasa en Fray Bentos y menos sobre UPM2” dijo a Radio Máxima Carlos Goldaracena, que participó en representación de la Asamblea Ciudadana Ambiental junto al intendente Martín Piaggio en una reunión con la cartera de relaciones exteriores argentina. En la reunión, el Subsecretario Sahores, indicó que el 8 de agosto, Argentina a través de su Canciller, Jorge Faurie, planteó al canciller uruguayo oficialmente que se requería toda la información sobre UPM 2 en virtud de los artículos 7° al 13° del Estatuto del Río Uruguay. Uruguay respondió que tenía la voluntad de compartir “algunos aspectos” del proyecto, y destacaron que, de manera oficiosa, proporcionó Uruguay alguna información sobre este proyecto, que la Cancillería y la CARU consideraron “insuficientes y no sirven” para analizar con seriedad el proyecto de manera integral. Al proporcionar esta información, desde Montevideo respondieron a nuestro país que no darían más información porque Uruguay considera que la CARU no es competente “según el artículo 35° del Estatuto”. “También nos informaron que la semana que viene habrá un nuevo plenario en la CARU donde se reiterará la exigencia a Uruguay para que entregue la documentación. Sobre este plenario se informará si existe respuesta positiva de Uruguay, en caso de negativa, se consultó sobre los pasos a seguir desde Cancillería, a lo que no se obtuvo respuesta” explicó Villamonte, Directora de Ambiente.

(La Juventud y Radio Máxima Online)