La ciudadanía habló y el gobierno no escuchó: 15 años del plebiscito que declaró el acceso al agua c

El pasado jueves se cumplieron 15 años de la reforma constitucional con relación a la manera de gestionar el recurso natural del agua en nuestro país; en el mismo se determinó que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano fundamental.

El plebiscito del agua en nuestro país se llevó a cabo el 31 de octubre del año 2004. En dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. La propuesta contó con un 64,58% de apoyo, por lo que fue aceptada. Desde el año 2005 funciona la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), que pertenece al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con el objetivo de generar capacidades nacionales para la creación de políticas de agua y saneamiento, y la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, que promueve la participación del gobierno, los usuarios y la sociedad civil. En 2009 se aprobó la Ley de Política Nacional de Aguas, a partir de la cual se construyó una plataforma participativa integrada por tres consejos regionales de recursos hídricos y trece comisiones de cuenca. En 2017, luego de un intenso proceso participativo, Uruguay aprobó su Plan Nacional de Aguas, que orienta y articula acciones, intereses y competencias de los distintos actores sobre tres objetivos principales: agua para el uso humano, agua para el desarrollo sustentable y agua y sus riesgos asociados. Además de recuperar el control estatal del servicio de agua potable en Uruguay, según OSE hoy se invierten a través de la empresa unos U$S 150 millones para agua potable y saneamiento. Con esos recursos fueron desarrollados 16.500 kilómetros de redes de agua potable, cobertura para 700 localidades. Además, 70 plantas potabilizadoras, 1,15 millones de conexiones a la red, 50 sistemas de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento, 4.050 kilómetros de redes de saneamiento, cobertura para más de 200 localidades y 340.000 conexiones al saneamiento. Actualmente, el 99% de la población uruguaya accede al agua potable y el 60%, al saneamiento por redes de alcantarillado público.

Sobre el plebiscito de 2004

La consulta se realizó de forma simultánea con las elecciones presidenciales de 2004. Este plebiscito refrendó la aprobación de una reforma constitucional sobre la gestión y administración del agua potable y saneamiento. El plebiscito fue impulsado por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, integrada por el sindicato de la empresa estatal de agua y saneamiento (OSE) y varios grupos de la sociedad civil. Se juntaron 247.141 firmas, validadas por la Corte Electoral de Uruguay, y se habilitó un plebiscito para definir quién gestionaría el agua. Fueron habilitadas para votar 2.488.004 personas. Un 64.58% se definió por el SÍ, mantener el monopolio estatal del agua potable en Uruguay y el saneamiento, a través de OSE. Sin embargo es importante destacar que con la firma del presidente Tabaré Vázquez y los ministros Tabaré Aguerre, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Danilo Astori, de Economía y Finanzas, y Eneida de León, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en octubre de 2017 se promulgó la Ley de Riego n° 19.553. Esta ley pisotea la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2004. Haces unos meses el Diputado de Unidad Popular Carlos Pérez, manifestó sobre la misma: “La Ley de Riego del gobierno y del Banco Mundial se votó casi en silencio por toda la bancada oficialista junto a blancos, colorados y toda la derecha, pero con el firme y rotundo voto de rechazo de la Unidad Popular”.