Combatir el miedo, la represión y la impunidad hoy (5 de setiembre) Institución de Derechos Humanos

Denuncian represión a manifestantes contra UPM ante la INDDHH, reivindicando el legítimo derecho a la protesta y la plena vigencia de los derechos humanos. Ayer jueves desde la hora 14, organizaciones sociales e integrantes de sindicatos así como población en general se hicieron presentes frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos para acompañar el proceso de denuncia de lo que consideran “graves violaciones a los derechos humanos”, buscando “romper el silencio de la persecución política, la criminalización de la protesta, la represión arbitraria y abusiva y la violencia policial impune”.

El pasado 5 de setiembre, se realizó una marcha contra la injerencia de la empresa finlandesa UPM en la educación, la que contó con la participación de varios colectivos, gremios de la educación, sindicatos e individualidades que entienden claramente lo perjudicial que puede ser para la vida de la población, para el ambiente y la economía del país, la instalación de esta empresa, así como además para la libertad y autonomía en la formación educativa a nivel infantil, adolescente y de las personas en general. Los denunciantes relatan que “dicha manifestación no logró culminar su recorrido ya que fue interrumpida de forma brutal y extremadamente violenta por efectivos policiales (Pado y Republicana) los cuales no se detuvieron en su accionar, ni siquiera cuando hubo menores presentes los cuales pudieron haber sido gravemente lesionados. Tampoco se detuvieron ante transeúntes que no habían participado de la marcha y que sin embargo fueron amenazados”. Sostienen que los medios masivos de información y el Ministerio del Interior se encargaron de hacer público el episodio “tergiversando lo sucedido, difundiendo incongruencias y falsedades”, pero que quienes estuvieron allí “como luchadores sociales, podemos dar otra versión de lo sucedido”: Según los manifestantes en la calle Libertador, cuando se estaba finalizando la marcha, un policía, en supuesto rol de 222, se acerca de forma violenta, con gritos y empujones a un grupo de manifestantes que se encontraban grafiteando y pegando afiches, con la clara intención de provocar a las personas manifestantes. Tras una pequeña escaramuza de unos minutos con ellos, los manifestantes se retiran para concluir la marcha, no obstante lo cual, los efectivos que se encontraban ya, a menos de una cuadra, reciben orden de reprimir, amparados en la excusa de que el agente provocador estaba en peligro. Comienzan a disparar con balas de goma a 90º, infundiendo el terror, agrediendo con gritos, insultos, golpes de puños y palos, incluso hasta apuntalando a manifestantes con escopetas en el pecho y la cabeza. En medio de la violenta represión alcanzan a detener a los golpes a 5 personas, de las cuales una de ellas fue perseguida y brutalmente golpeada por el agente en supuesto rol de 222. Una vez que se supo que estaban en la comisaría de investigaciones, en el prado, varias individualidades y organizaciones se dirigieron hasta allí a manifestarse en apoyo a las personas detenidas y en contra de la violencia policial. Allí nuevamente la policía reprimió violentamente con tiros de balas de goma a 90º, con golpes de palos, generando heridas importantes en varias personas. Se detuvieron a 2 personas más, una de ellas con graves lesiones físicas y agresiones psicológicas. En consecuencia hubo un total de 7 personas detenidas y más de 30 personas lesionadas en distintas partes del cuerpo. En 48 horas fueron liberados todas ellas, sin que el Ministerio del Interior pudiera aportar una sola prueba a la fiscalía, de que habían cometido alguna agresión o falta. En base a su versión de los hechos los catalogan como “gravísimos por sí mismos”, máxime si se considera el “contexto mundial, regional-latinoamericano, nacional, que alienta, avala, y justifica el ascenso de los neo-fascismos, que viola los derechos humanos y que criminaliza la protesta y la pobreza”. Señalan como ejemplos la aprobada Ley Antiterrorista, o la promoción de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”. También enmarcan estos episodios a otras represiones a protestas, como lo fue este año al finalizar la marcha del Día Mundial del Agua y en 2015 en el desalojo violento de estudiantes en el CODICEN. Los denunciantes ubican la responsabilidad política de estos excesos en el Ministerio del interior y las instituciones del Estado “de los cuales sólo hemos recibido tergiversaciones, mentiras y justificaciones falsas”. Frente a ello, llaman a multiplicar la responsabilidad de los movimientos sociales “ante esta violación de nuestros derechos”, para que “se detenga esta escalada” y “no se reinventen nuevos ciclos autoritarios que tomen de referencia los momentos más oscuros de la historia reciente”. También establecen la responsabilidad de los movimientos sociales en mantener el derecho a manifestarse y luchar por una vida digna y una sociedad justa. Afirman que “hay situaciones que atraviesan a todas las personas y colectivos, que deben hacernos activar de inmediato los círculos de alerta, solidaridad y respuesta”. En ese sentido, consideran que “es claro el contenido político de la represión del pasado 5 de setiembre: una amenaza ante las oposiciones a UPM, una prueba para utilizar y medir el alcance de los “nuevos” dispositivos de inteligencia y represión y una forma de medir la respuesta social ante el abuso, la criminalización y la represión”.