Bajo gobierno frenteamplista: Trabajadores declaran la industria cementera estatal en emergencia nac

El presidente de la Federación Ancap responsabilizó a la presidenta del ente petrolero estatal de no impulsar las inversiones necesarias para mantener competitiva la producción de cemento en manos del Estado, a pesar de estar en minoría en el Directorio en su afán de cerrar las plantas. Además responsabilizó al Frente Amplio de no tener la voluntad política de aprobar un proyecto de ley surgido de su seno, que protegía la industria nacional en general y la estatal en particular. Gerardo Rodríguez advirtió que “ahora estamos sufriendo las consecuencias” de la inacción del gobierno y la bancada oficialista, y que en poco tiempo podría determinar el cierre de una de las plantas de cemento de Ancap, donde la de Paysandú es la más vulnerable. Esto sería lamentable no solo para la industria nacional, sino para la crisis de emergencia social que sufre el departamento, como han denunciado los sindicatos locales incluida la Fancap.

Peligra la planta de cemento de Ancap en Paysandú y ante esta grave situación, el Consejo Federal del sindicato de los trabajadores de Ancap decidió declarar la industria cementera estatal en emergencia nacional. Hablamos sobre la decisión y la situación de la industria con el presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez.

Peligra la planta de cemento de Ancap en Paysandú y el sindicato declaró en emergencia nacional a la industria cementera. La pregunta que surge es, ¿qué pasó con el plan estratégico que tenía la empresa? La verdad que luego de la presentación del nuevo plan estratégico, venimos muy preocupados porque si bien se había definido un plan de sustentabilidad para la industria cementera -eso requería una inversión de unos 40 millones de dólares-, si bien nos trasladaron la intención de seguir para adelante, la postura de la presidente de Ancap, en un momento de la presentación fue decir, reconociendo que estaba en minoría dentro del directorio pero que ella era contraria a seguir con inversiones, si no se le aseguraba que en algún momento se iba a llegar a un punto de equilibrio. Nosotros lo que decimos es que la presidenta de Ancap habla desde un lugar de ajenidad, como que ella no fuera la responsable de la gestión. En lugar de plantearnos que va a hacer esto y lo otro, a cambiar lo que se tenga que cambiar en la gestión y hacer las inversiones en primer lugar imprescindibles para generar, para garantizar condiciones de seguridad y medioambientales de las plantas y luego para proyectar a la industria. Porque sabemos que Ancap hoy produce a un costo muy alto, a 150 dólares la tonelada, y que si eso no lo revertimos rápidamente el año que viene junio, julio ya comienza a producir la planta de Treinta y Tres, la otra planta, la que se está construyendo de capitales privados en este momento, y no vamos a tener la posibilidad de ser competitivos siguiendo por el camino que estamos transitando. Indudablemente que la presidenta de Ancap, 3 años después de haber asumido, que en su momento nosotros sabíamos que ella era contraria a mantener las plantas abiertas, y nunca hizo nada para que eso sucediera, sabemos que hubo otras posiciones políticas que ganaron en el interna, pero lo que no se ha concretado hasta el momento es la decisión, la voluntad política de hacer inversiones para hacernos realmente competitivos.

Ustedes definieron algunas convocatorias a reuniones, por ejemplo al Presidente de la República y al intendente de Paysandú, ¿qué ha pasado con esas iniciativas, ya las iniciaron? Sí, la reunión con el intendente de Paysandú fue el viernes, nos mostró su preocupación y su voluntad de trabajar juntos para mantener una industria abierta que es importante para Ancap, para el desarrollo del portland, pero también es muy importante para la vida de Paysandú. No olvidemos la situación compleja que está viviendo ese departamento, los cierres de fábrica que tenemos últimamente, y un nuevo cierre en este caso el de la planta de Paysandú sería un golpe tremendo. Y el viernes vamos a tener una reunión con Daniel Martínez. La reunión con el Presidente de la República todavía no hemos recibido respuesta, esperemos que se pueda concretar. Hemos hecho otras solicitudes en el mismo sentido y no hemos tenido suerte.

Y con el Parlamento que está detenido en este momento, ¿han tenido contacto? Hemos tenido contacto y hemos trabajado mucho, por ejemplo con los diputados Bottino y Umpiérrez, ellos son los impulsores de un proyecto de ley: hasta el año 2000 toda la obra pública debía hacerse con portland Ancap, eso venía dese el año 40, un decreto del año 37. El gobierno de Batlle lo dejó sin efecto, e indudablemente ahí empezó la debacle del portland de Ancap, no sólo por este motivo pero profundizó la crisis del portland de Ancap. Y ese proyecto de ley tiene un claro objetivo de defensa de la industria nacional, porque dice que toda la obra pública debe hacerse con portland producido en el Uruguay. Eso es una herramienta valiosa para la defensa de la industria nacional, y que también contempla que el 50% de ese portland tenga que ser de Ancap. Eso es un doble instrumento, que por un lado defiende a la industria nacional, defiende los puestos de trabajo en el Uruguay, y además defiende la industria del cemento de Ancap, es decir la industria estatal, porque le asigna el 50% de este mercado a Ancap. Para nosotros eso era fundamental. Fuimos a la comisión de industrias, porque en esa comisión se había estudiado, y venía todo como que estaban dadas las condiciones para que se elevara al Parlamento para su consideración. Pero luego existieron unas reuniones con los representantes de la empresa de Lugano, y nosotros sentimos que se encajonó ese proyecto. Fuimos a una reunión posterior a esa situación, que nos dijo que estaba en Cancillería porque podía tener algún artículo que contradijera los acuerdos internacionales, por esa razón podría tener algún obstáculo. Hablamos con el Canciller en Paysandú, y eso no era así, nos dijo que no tenía ninguna contradicción con acuerdos internacionales. Por lo tanto lo que vemos es que no hubo voluntad política dentro de la fuerza de gobierno para llevar adelante este proyecto, y lo que estamos pidiendo es que antes de terminar esta Legislatura se ponga en consideración, porque sabemos que dentro del Frente Amplio hay muchos sectores dispuestos a votarlo.

Sí, pero está dividida la bancada del Frente Amplio. Después de la visita de Lugano, la comisión de industria se dividió en relación al proyecto, creo que fue eso lo que trabó al final de setiembre no poder haberlo aprobado. Sin duda, si hubiese habido una voluntad de los 50 votos, esta ley estaba votada. No digo que vaya a salvar la industria, pero sí que era una herramienta más con la cual defender, por las razones que te decía, por la particularidad de la ley. Pero además hay otros acuerdos que se pueden hacer con la intendencia. Nosotros hablamos con la intendencia de Paysandú, con la de Montevideo, había posibilidades de arrancar en acuerdo con la intendencia, con otros ministerios, y no existió nunca por parte de Jara, particularmente, porque decir que todo el directorio actúa de la misma forma es ser injusto porque sabemos que alguna directora como Saldaña ha dado los mayores esfuerzos porque nos consta, pero aquí lo que está claro es que nunca hubo una voluntad de la presidenta de Ancap en salvar la industria del cemento. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Ahora estamos en una situación que esta fábrica en pocos meses comienza a funcionar, y si nosotros no actuamos rápidamente, vamos a desembocar en el cierre de una de las plantas, y en ese sentido la más vulnerable es la de Paysandú.