Producto de un trabajo serio y responsable: INDDHH ampara reclamos de vecinos contra el Tren de UPM

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dictó en las últimas horas una serie de recomendaciones que colocan al Estado como responsable de garantizar los derechos de la ciudadanía por encima de los meganegocios que emprenden las multinacionales en nuestro país.

Las mismas responden a las resoluciones del expediente generado casi un año atrás por la denuncia presentada por el colectivo vecinal “Por el costado de la vía” contra el MTOP, el MVOTMA, la DINAMA y la Intendencia de Montevideo, ante los posibles impactos ambientales, sociales y de ordenamiento territorial que generaría la construcción y operación del Tren de UPM. En el documento al que accedió la Juventud, el organismo dirigido hoy por la Dra. Mariana Motta reclama el desarrollo de instrumentos que “aseguren la planificación del Proyecto Ferroviario como materia de ordenamiento territorial, de modo de garantizar los derechos territoriales de las personas” y que se asignen recursos humanos y financieros suficientes para la aplicación efectiva de políticas de protección ambiental, no solo en las autorizaciones previas sino principalmente el monitoreo del impacto de las obras y el posterior funcionamiento del Ferrocarril Central, así como evaluar los impactos acumulativos que se generen sobre las condiciones de vida de la población junto con la propia planta de celulosa, la planta de industria química, el desarrollo de la forestación, el puerto, el embalse y represamiento para la toma de agua del Río Negro, la planta de energía eléctrica y los demás proyectos conexos a UPM2. Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los vecinos, queda claro que este proyecto ferroviario debe ser considerado como una parte más del megaemprendimiento trasnacional, y no un proyecto al servicio del desarrollo productivo del país como ha intentado colocarlo públicamente el ministro Rossi. Otras cuatro recomendaciones dedicadas al acceso de la información, la presentación de informes comprensibles e incorporando elementos importantes para la ciudadanía, la inclusión de respuestas concretas ante el peligro de daños al medio ambiente y la salud de la población, confirman los reclamos que los vecinos organizados han manifestado públicamente y ante cada dependencia estatal competente, que todo este tiempo han puesto las condiciones e intereses de la multinacional celulósica por encima de los derechos e intereses del pueblo uruguayo.