Editorial: La deuda pública crece, pobreza y desocupación también

Henrique Valladares fue hallado muerto por familiares en el apartamento que habitaba en Río de Janeiro. El fallecido fue uno de los principales ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con la justicia, confesar sus crímenes y señalar a sus cómplices a cambio de reducciones en sus condenas y otros beneficios judiciales. Ese acuerdo permitió establecer la responsabilidad de la que era la mayor constructora de Brasil en numerosas corruptelas en varios países latinoamericanos y africanos, entre ellos Colombia, Perú, Venezuela y República Dominicana. La economía en América Latina va en alza para las multinacionales, sin embargo la riqueza en varios países se contrae con un PBI en descenso o creciendo muy levemente, quedando cada vez más expuestos a la pobreza o a la miseria de millones de trabajadores. El parate en la economía uruguaya tiene varias causas pero la principal es la deuda pública, que se sigue incrementando. Veamos, el total adeudado por el gobierno central, empresas públicas, gobiernos departamentales y Banco Central, a diciembre de 2004 ascendía a trece mil novecientos treinta y un millones de dólares, y el 31 de marzo de 2018 llegó a cuarenta mil trescientos dos millones de dólares; casi se multiplicó por tres y con los intereses ronda los sesenta mil millones de dólares. La deuda pública es un camino para continuar empobreciendo al pueblo; es necesaria una auditoría para determinar si es legal, legítima o ética. La deuda pública que estuviera en cualquiera de esas categorías no la tiene que pagar el pueblo uruguayo, porque no fue contraída en su beneficio; auditar es controlar el origen de la deuda pública, y determinar cuál es la causa de cada saldo. Mientras se realiza la auditoría de la deuda pública es necesario establecer una moratoria de la misma y de sus intereses. Desde Unidad Popular se propone la formación del “club de deudores” regional e internacional. Deuda pública ilegal fue contraída en Uruguay en el período 1973-1985, no es legal ya que no fue contraída acorde a las exigencias legales, el gobierno no era legal y por lo tanto no se pudo endeudar de acuerdo al derecho. La deuda pública bruta en ese periodo creció de quinientos treinta y siete millones de dólares en 1973 a U$S 3.551, ¡tres mil quinientos cincuenta y un millones de dólares en 1985!, ¿por qué la pagan los gobiernos constitucionales? La deuda pública ilegítima es la que no se contrae en beneficio de la población. A modo de ejemplo ocurre esto cuando el Banco Central del Uruguay y el Gobierno Central asisten a los bancos cuando entran en crisis. Las autoridades nacionales asistieron a los bancos en las crisis de los años 1982, U$S 909 y en 2002, U$S 4.157. La deuda pública es inmoral cuando se permite la entrada sin restricciones a los capitales especulativos que llegan al país por los altos intereses que obtienen, para evitar que con ese incremento de la oferta de dólares el precio del dólar caiga demasiado. Así, el BCU compra dólares y posteriormente se endeuda emitiendo la deuda pública para retirar los pesos del mercado interno para que no genere inflación. Estimado lector, la deuda ilegal, inmoral, la paga el pueblo con su sudor, pobreza, su infelicidad. Es hora de levantar la mirada.