Declaración de la CNDAV UPM2: el agua y el ambiente están en riesgo

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (que recientemente logró una importante victoria logrando que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo eleve el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Riego a la Suprema Corte de Justicia), a través de una declaración emitida el pasado viernes 16 de agosto, que reproducimos a continuación, rechaza la instalación de una nueva planta de celulosa en el país. Ante el anuncio por parte de la empresa de capitales finlandeses UPM de instalar una nueva planta de celulosa en nuestro territorio, la CNDAV (Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida) manifiesta su rechazo y su decisión de continuar luchando para que este anuncio no se concrete. El nuevo megaproyecto de UPM contribuirá a la degradación ambiental que viene sufriendo nuestro país promoviendo la expansión de las plantaciones de monocultivos de eucaliptus para poder satisfacer la demanda de la planta de celulosa más grande del mundo. Además del impacto negativo en la biodiversidad, el peor impacto ambiental será en nuestros cursos de agua, que ya se encuentran sumamente comprometidos. Este tipo de plantaciones son dependientes de agrotóxicos, erosionan los suelos y contaminan los CURSOS DE AGUA. Estos impactos señalados comprometen la capacidad futura de Uruguay para cultivar alimentos, tener agua de calidad para el consumo de la población y atenta contra la biodiversidad. La afectación de las fuentes de agua debido a las plantaciones de eucalipto ha sido documentada en Uruguay desde 1994. Las demandas de flujo de agua de la nueva planta de celulosa se estima que será el equivalente al consumo diario de agua de más de 53 millones de personas, casi 15 veces la población de todo el Uruguay. La planta de celulosa también afectará la calidad del agua a través de sus efluentes, aumentará los ya altos niveles de nitrógeno y fósforo en la cuenca del Río Negro. Por normativa, todos los cursos de agua en el país pueden tener hasta un nivel máximo aceptado de 25 microgramos de fósforo por litro de agua. En Palmar, los niveles oscilan entre los 124 y 134 microgramos de fósforos por litro de agua. En Baygorria están en 83 y en Rincón del Bonete, 91 microgramos de fósforo por litro de agua. Quedando demostrado que el Estado no está cumpliendo con la normativa vigente. La Reforma Constitucional del Agua, el 31 de octubre de 2004, con el apoyo del 64,7% de la ciudadanía, consagró el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental, la protección de las fuentes de agua, el territorio, la conservación y protección del medio ambiente, la restauración de la naturaleza y la preservación del ciclo hidrológico, teniendo como prioritario el consumo humano. Desde entonces hemos venido asistiendo a una violación sistemática del mandato constitucional, ya que la propia norma plantea que “toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto”. A este hecho, grave y atroz, deben sumarse los ruinosos aspectos económicos, sociales y la violenta intromisión en la Educación Pública y la normativa laboral. El acuerdo con UPM para la construcción de su segunda planta de celulosa no ha sido producto de una verdadera negociación, ya que al Estado Uruguayo solo le corresponden obligaciones, pudiendo la empresa retirarse cuando considere conveniente sin ninguna consecuencia para sí. Asimismo, el Estado Uruguayo se obliga a acondicionar el puerto de Montevideo, construir una vía férrea exclusiva para UPM (que transportará importantes cantidades de químicos peligrosos atravesando pueblos y ciudades), acondicionar caminos y carreteras, comprar el excedente de electricidad de la empresa, se compromete a modificar planes de estudio, e incluso asegurar un flujo constante de agua en el Río Negro. Protegida por la ley de inversión y al estar la empresa enclavada en zona franca, tampoco pagará los impuestos que cualquier empresa paga en circunstancias normales. Los impactos sociales que trae la construcción de esta planta pone en riesgo a las poblaciones más vulnerables debido a la diferenciación del trabajo, la salud laboral, por la exposición a químicos peligrosos y el aumento de la prostitución y la trata de personas que es factible que ocurra según experiencias anteriores durante la construcción de estos megaproyectos, con la llegada de gran número de población no local, mayormente masculina. El gobierno y el Poder Ejecutivo con estas decisiones muestran una vez más que lo prioritario no es la vida de la gente, ni la preservación del ambiente y el territorio, ni la soberanía nacional. Lo único que les interesa es beneficiar al gran capital, comprometiendo el presente y el futuro. Escondiendo los reales intereses enmascarados con promesas de generación de unos magros puestos de trabajo. Con lo expuesto, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida fundamenta su profundo rechazo a estas políticas neoliberales que fomentan este tipo de emprendimientos, que condicionan nuestro rol a la división internacional del trabajo impuesta por las multinacionales y financiados por los organismos internacionales de crédito. Estos megaproyectos extractivos son consecuencia de esas políticas, por tanto convocamos a la población a movilizarse para impedir la instalación de esta tercera mega planta de celulosa en el país. El agua es nuestra, el territorio también.