Ya es hora de velar por la población y no por UPM: En nueve días descarrilaron dos trenes con combu

El único tren en Uruguay que le preocupa al gobierno es el Tren de UPM, pero el Frente Amplio no quiere hacerse cargo de darle el golpe de muerte al ferrocarril en Uruguay y asumir los costos políticos, aunque así ponga en riesgo la vida de la población.

El ferrocarril ha sufrido en las últimas décadas la desidia de los sucesivos gobiernos, dejando a la Administración de Ferrocarriles del Estado en su mínima expresión, casi testimonial. Desde la comunidad y particularmente desde la izquierda se ha denunciado y rechazado el desmantelamiento de AFE en las administraciones de Sanguinetti y Lacalle en los años ’90, pero su suerte no ha cambiado para bien desde que llegó el Frente Amplio al gobierno. Los últimos tres quinquenios no se han diferenciado de los anteriores, en cuanto a la ausencia de un proyecto político que considerara al tren de pasajeros como servicio social fundamental para el traslado de amplios sectores de la población, económico y eficiente, así como un tren de carga al servicio de la producción nacional y el desarrollo. A consecuencia de ello el presupuesto casi nulo ha redundado en falta de inversión y mantenimiento, pudriéndose máquinas y materiales en los galpones. No ingreso de personal, salarios de miseria, con cada vez menos servicios corriendo fueron profundizando el desmantelamiento de AFE que se agravó cuando el gobierno frenteamplista decidió pasar a la órbita privada la parte rentable del ferrocarril: el tren de carga. La creación de SeLF (Servicio Logístico Ferroviario), una empresa pública bajo el derecho privado conformada en 51% por AFE y la minoría restante por la Corporación Nacional para el Desarrollo, se llevó buena parte del magro presupuesto de AFE, que se quedó sin dinero para hacerse cargo del tren de pasajeros, empujándolo hacia su extinción. Mientras tanto la carga atendida por la privada SeLF, recorrió los caminos ya conocidos de las privatizaciones: bajo una lógica de desmantelar lo público para después decir que funciona mal y que la solución es lo privado, luego el privado funciona con dineros públicos, sin controles y arroja peores resultados. Así sucedió con SeLF, que perdió gran parte de la cartera de clientes de AFE, incluso los propios entes estatales, generó millonarias pérdidas y llevó los volúmenes de carga anual a los mínimos históricos en nuestro país. Sin planes para aprovechar y desarrollar las vías ferroviarias, el mantenimiento ha sido escaso sino nulo en buena parte del país. Numerosos accidentes, muchos de ellos fatales, se han sucedido en los últimos años, por falta de señalización, iluminación e infraestructura para la seguridad necesaria. Los descarriles también se han reiterado en todos estos años, y este último período de gobierno no fue la excepción. No se precisa ir muy lejos; en abril de 2018 descarrilaba un tren en Varela, departamento de Lavalleja, que transportaba combustible a Treinta y Tres. Como tren de carga, el viaje estaba bajo la responsabilidad de SeLF, pero fue la administración pública la que tuvo que hacerse cargo de las pérdidas materiales transportadas, y prestar el personal y hacerse cargo de los rieles y durmientes de 50 metros de vía destrozados. El 22 de agosto de 2018 autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fueron convocadas a la Comisión de Transporte Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, junto a las autoridades de AFE y SeLF, empresa estatal y empresa privada que tienen el mismo presidente. En la ocasión en la que todos defendieron abiertamente la indefendible política ferroviaria del gobierno, el ministro Rossi afirmó: “Es cierto que últimamente se han producido descarrilamientos, pero no más que en otras épocas; en realidad, han sido menos. El descarrilamiento era uno de los problemas que tenía el ferrocarril para mantener la confianza de los dueños de las cargas, pero no era el único”. Tres meses después, el gobierno firmaba el archicuestionado contrato ROU – UPM, el que incluye un proyecto ferroviario al servicio de la multinacional para instalar su segunda planta de celulosa en nuestro país, la más grande del mundo. Toda la desidia del gobierno con el ferrocarril en nuestro país se revirtió en un abrir y cerrar de ojos: el Tren de UPM es condición excluyente de la multinacional para concretar la inversión, y sus funcionarios del gobierno uruguayo pusieron manos a la obra. El proyecto Ferrocarril Central dejó fuera a la Administración de Ferrocarriles del Estado una vez más, y se encaminó como un proyecto de participación pública privada (privatización vía PPP), poniendo toda la atención y los recursos a su realización, saltándose buena parte de la normativa nacional y atropellando a la población afectada a lo largo de cinco departamentos. El Consorcio Vía Central, compuesto por empresas uruguayas y europeas que se hará cargo de las obras ya ha comenzado los primeros trabajos en distintas localidades del interior y barrios capitalinos. AFE enterró el tren de pasajeros y según las proyecciones oficiales, canceló los servicios que funcionaban habitualmente en el sur del país al menos por tres años. Pertinentemente inauguró un servicio casi testimonial de Tacuarembó a Rivera para decir que sigue existiendo tren de pasajeros. Pero los trenes de carga siguen corriendo, bajo la órbita de la parte privatizada con la empresa SeLF. Fundamentalmente corren a diario los servicios de combustible para conectar las plantas de ANCAP. Los vecinos que se han organizado para resistir los atropellos de empresarios y gobernantes, en el marco de un siniestro proyecto que el candidato a la presidencia de Unidad Popular ha dado en llamar “el tren de la muerte”, interesándose por la realidad de un tren de 800 metros de largo que correrá a 60 u 80 kilómetros por hora varias veces al día (el doble o más de lo que corren actualmente) a escasos metros de sus viviendas, han constatado y denunciado públicamente el estado de abandono actual de las vías. Durmientes podridos, rotos o literalmente deshechos, desaparición de tuercas y tornillos a granel, piedras, rieles separados o rotos… las autoridades no se dan por aludidas, los recursos y los trabajadores dispuestos full time para el Tren de UPM, y los trenes con combustible siguen corriendo por el fondo de las casas. El lunes 5 de agosto descarriló un tren saliendo de Fray Marcos, departamento de Florida, rumbo a Casupá. El tanquero llevaba combustible a Treinta y Tres, y en una curva descarrilaron 8 vagones cisternas a la altura del kilómetro 110 de la vía férrea, según informó El Heraldo. Nueve días después, este jueves 14 de agosto descarriló otro tren de combustible, esta vez en el barrio capitalino de Peñarol. Ya sabemos que el ministro Víctor Rossi está esperando que se haga las vías para UPM y la llegada de sus dólares, a pesar de que pagaremos más de 2 mil millones de dólares por ellas. ¿Pero qué está esperando para tomar cartas en este asunto, en las vías por las que actualmente corren, cuando no descarrilan, trenes cargados de combustible? ¿Esperan a que explote un tren de carga? ¿Que un tren descarrile sobre alguna de las cientos de viviendas al costado de la vía? Según un informe de la Comisión en defensa del Ambiente y la Vida de Ades Montevideo (sindicato de docentes de secundaria), hay 36 centros educativos en el entorno cercano a las vías, alrededores por los que naturalmente transitan nuestros niños y adolescentes. Recientemente nos hemos vuelto famosos en el mundo por traficarse en nuestro país droga de a toneladas sin control alguno. No queremos serlo próximamente por tragedias producto de la negligencia de las autoridades.