Crisis productiva: Por iniciativa de Unidad Popular, Parlamento trabaja en salvataje para la industr

El pasado miércoles la Comisión de Industria Energía y Minería de la Cámara de Representantes recibió al diputado de Eduardo Rubio para considerar como primer punto del orden del día el proyecto de Ley de Emergencia para la Industria del Cuero, presentado por Unidad Popular. Con una Legislatura en sus últimos suspiros y a contrarreloj, la Comisión intentará recibir a todas las partes involucradas (Poder Ejecutivo, sindicatos y cámaras empresariales) en el próximo mes, con el afán de contar con los elementos suficientes para definir el destino de la iniciativa.

Según la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió la Juventud, Eduardo Rubio se apoyó en denuncias de la Unión de Obreros Curtidores (UOC) realizadas ante el Parlamento desde hace dos años junto a datos brindados por la cámara de curtiembres y de los propios ministerios de gobierno, que demuestran las dificultades crónicas que sufre el sector hoy agravada con el cierre de dos de las tres plantas de Zenda JBS, con las miles de fuentes de empleo perdidas y la caída en generación de recursos genuinos para el desarrollo del sector y toda la cadena industrial, y para la propia economía del país. Unidad Popular propone que el Estado asuma una serie de medidas que permitan recuperar los niveles productivos e industriales de hace 10 años atrás así como los siete mil empleos más de aquel entonces, y mientras tanto incorporar a los trabajadores afectados a los beneficiados por cuantiosos subsidios que hasta hoy van solo a bolsillos de empresas que no han hecho otra cosa que reducir la actividad. El proyecto establece una segunda etapa de participación activa una vez recuperados esos niveles, con medidas tendientes a incentivar la exportación de cueros con el máximo proceso posible -que es el que más uruguayos emplea y más valor agregado incorpora- así como a recuperar otro tipo de industrias nacionales hoy prácticamente inexistentes, como lo son el calzado, la vestimenta, el tapizado y la marroquinería. Con el tratamiento del proyecto de UP se generó un consenso entre todos los legisladores de la problemática que atraviesa la curtiduría y la necesidad de buscar respuestas para su rescate, así como también se expresaron las distintas visiones a cómo debe pararse el Estado ante “los mercados”, si asumiendo un rol activo para transformar una realidad desfavorable o resignarse a adaptarnos a las situaciones que éste define. Veamos la fundamentación del diputado de la Lista 326 de Unidad Popular, y las consideraciones de los distintos integrantes de la Comisión por el Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado.

El diputado Eduardo Rubio (26M-UP), aclaró tras la presentación del Presidente de la Comisión del tratamiento de la “Exportación de Cuero sin procesar y cuero salado o wet blue”, que “en realidad, a esta iniciativa la tomamos como una ley de emergencia de la industria del cuero”. “Creo que todos somos concientes de que hace años que se ha instalado una crisis en dicha industria, que se expresa en la pérdida de fuentes de trabajo y de valor agregado en la exportación de una materia prima fundamental en la historia de la economía de nuestro país”, explicó Rubio. El legislador fundamentó su preocupación en la denuncia de los trabajadores: “Hace alrededor de dos años, en la Comisión de Legislación del Trabajo, la UOC alertó sobre una situación que ya en aquel momento era crítica. Ellos referían al proceso de primarización de la industria, es decir, de la tendencia a la exportación de cueros con el mínimo proceso, lo que implica una pérdida grave de puestos de trabajo. Según la UOC, en los últimos años se han perdido cerca de 7 mil puestos de trabajo en esta industria y hoy quedan 2 mil y pocos trabajadores en toda la industria. Ese proceso, además, tiene repercusiones económicas, porque la exportación de cuero con poco proceso implica una exportación con menos valor”. Luego, añadió los datos aportados por la cámara empresarial: “Tenemos un informe de la Cámara de la Industria del Cuero, en el que los propios empresarios comparan las exportaciones de los años 2005 y 2011 y dicen que, de esta forma, las exportaciones de cueros wet blue ganaron participación en el total exportado por el sector, en detrimento de las colocaciones externas de cueros preparados después del curtido, que pasaron de representar el 67% de las exportaciones en 2005 al 46% en el año 2011. Esa proporción hoy está prácticamente en esos términos: un 67% de cuero casi crudo y un treinta y poco por ciento de cuero procesado”. Esto se complementa con otras cifras que manejaba la Unión de Obreros Curtidores: “Los trabajadores nos marcaban ya en aquel momento un problema, y era que en los países vecinos, Argentina y Brasil, colocaban un impuesto a la exportación del cuero en la primera parte del proceso de entre el 15% y el 20%, protegiendo precisamente el trabajo nacional. Hoy, ellos mantienen esos aranceles. En nuestro país, solo se grava con un 5% la exportación de cuero en el mínimo proceso. Esto favorece a multinacionales que tienen plantas en Brasil, en Paraguay o en otros lados, que se llevan el cuero con el mínimo proceso y lo terminan en la parte que involucra mayor cantidad de mano de obra”. Finalmente, incorporó los datos del propio Poder Ejecutivo: “Datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería de abril de 2019, muestran que el proceso de wet blue genera un 10% de empleo, en tanto que el cuero terminado genera un 49%. O sea que incorpora más valor, más mano de obra y genera más riquezas para el país. En este informe se dice que mientras las exportaciones de cuero wet blue representan el 56% de los kilogramos de cuero exportado y generan apenas el 10% del empleo, las exportaciones de cuero terminado, que representa solamente el 11% del volumen físico exportado, genera el 49% del empleo”. Desde que se recibió la denuncia de los trabajadores, Unidad Popular recogió el tema y se propuso trabajar en un proyecto de ley que apunte a defender la industria nacional, como lo ha hecho también en la pesca, el sector lácteo y la apicultura. Pero la necesidad de una Ley de Emergencia se precipitó en los últimos meses con la situación generada en la curtiembre Zenda: “…podemos decir que fue la explosión del problema de la industria. Eso altera momentáneamente las cifras, ya que lo que cierra Zenda son las primeras etapas del proceso y queda con la etapa del proceso terminado”. Rubio incorporó a la discusión otros elementos que no están planteados en el proyecto, porque surgieron a raíz de esta reciente situación: “Aquí enfrentamos otro problema que Uruguay tiene que analizar y es que estas multinacionales, por ejemplo en el caso de Zenda, importan el cuero con las primeras etapas realizadas, lo termina, lo exporta y cuando el cuero va de esa forma, recibe un 10% de reintegro. Esto significa que el cuero viene en admisión temporaria, sin pagar ningún impuesto y se llevan el reintegro de un cuero que no es nuestro y que no generó empleo en ninguna parte de la cadena productiva”. En base a todo ello, Rubio explicó la batería de propuestas que contiene su proyecto, dejando en claro que fue elaborado con el asesoramiento y el respaldo de la Unión de Obreros Curtidores, “que son quienes han peleado y promovido iniciativas de este tipo”: “Nosotros proponemos que, transitoriamente, Uruguay prohíba la exportación de cuero salado o wet blue hasta tanto recuperemos los niveles de exportación de cuero procesado en la última etapa vigentes al año 2008. Asimismo, una vez que se llegue a ese volumen y, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, las empresas y el sindicato, pasaríamos a habilitar la exportación de cuero en la mínima etapa del proceso, colocándole el arancel del 20%, para equipararnos con la región. Proponemos también ‑en una perspectiva de recuperación de industrias conexas a la del cuero‑ que el Poder Ejecutivo fije un porcentaje total de los cueros producidos para que se quede en el país a fin de su industrialización total, sea como marroquinería, calzado, vestimenta, tapizados o afines. Esto implicaría que por parte del Poder Ejecutivo se impongan medidas de protección y de incentivo a la industria nacional. Por último, proponemos crear un fondo de compensación para los trabajadores en seguro de paro de la industria del cuero, el cual se compondrá por el 15% de los subsidios otorgados a las empresas. Estas tienen una batería de subsidios, de facilidades desde el punto de vista tributario que le quitan fuerza a argumentos en cuanto a la falta de competitividad, porque están amparadas en la ley de promoción de inversiones, tienen exoneración de impuestos para importación de maquinarias, un 6% de reintegro por la exportación de cuero hasta la etapa de terminado, el 10% de reintegro cuando la exportación es con cuero cortado; quiere decir que incentivos existen. Lo que nos parece es que por parte del Estado se debería fijar una política de regulación, de vigilancia en cuanto al uso de estos privilegios. No nos parece bueno que se lleven el reintegro por cueros que exportan al que le pasan solo la última plancha. Con eso se llevan el 10% de reintegro y no nos parece justo”. El diputado del MPP (Frente Amplio) y presidente de la Comisión, Julio Battistoni señaló que la exposición le generó una inquietud importante, en cuanto a que “deberíamos retener la mayor cantidad de procesamientos en el Uruguay y creo que la suba de aranceles a las exportaciones de las formas primarias es adecuada”. Sin embargo, advirtió que “también debería haber algún tipo de evaluación un poco más técnica del negocio de producción, exportación, vínculos con el comercio mundial de cueros y necesitaríamos más información de técnicos, especialmente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Es cierto que estamos próximos al fin de la Legislatura, pero haremos lo posible”. El diputado de Unidad Popular solicitó al legislador frenteamplista que preside la Comisión así como al resto de los integrantes, que “se convoque (también) a la Unión de Obreros Curtidores para que se expresen sobre este proyecto”. Por su parte el diputado nacionalista Mario Ayala, marcó sus dudas en cuanto a “si el problema del sector es de oferta de productos o de competitividad”, apoyándose en que en su departamento, Artigas, “he visto cómo se han quemado galpones enteros de cueros, porque no es rentable debido a la falta de mercados, por no tener un valor comercial que justifique ni siquiera el flete. Por eso mi duda sobre si el problema es la libre exportación de esos cueros o se trata de un tema de competitividad interna del propio rubro”. De todas formas confirmó que le consta que “el sector tiene problemas graves y que hay empresas en dificultades”.

El colorado Luis Ziminov coincidió con la visión del blanco Ayala, y argumentó desde su experiencia como productor rural: “Hoy por hoy puedo decir que una guía para transportar un cuero me cuesta $ 80. Me refiero a un solo cuero y a veces no vale la pena cuerear, porque entre el costo de la cuereada, el de la guía que hay que llevar y lo que pagan por el cuero, no compensa. Hablo de un cuero, por supuesto. Para los frigoríficos es distinto. A nosotros, lamentablemente ‑tenemos que decirlo‑, tanto en relación a los cueros lanares como vacunos no nos compensa cuerear un animal”.

Por su parte el diputado Claudio Lamónaca, también del Partido Nacional, consideró que “La preocupación del señor diputado Rubio es muy importante, porque habla justamente de no perder puestos de trabajo y de generar las opciones para que esto no suceda”. De todos modos reparó que “me parece que solamente con prohibir la exportación no estaríamos solucionando ninguna parte del problema. Habría que ir más a fondo, y eso es algo mucho más complejo, como se manifestaba, para ver si esa producción se puede colocar y buscar incentivos a actividades que puedan ser rentables en sí mismas, que generen mano de obra y posibilidades a las personas que emprenden esos trabajos, para que haya un retorno”. “Hay un tema de fondo en el Uruguay y esto tendría que apuntar a algún apoyo, para que esa actividad tenga una rentabilidad en sí misma. De lo contrario, va a ser muy difícil de solucionar y se van a dar situaciones como esta, en la que solamente prohibiendo no salimos adelante. La preocupación está y hay que buscar todas las alternativas que podamos ir aportando”, finalizó.

Antes de retirarse de sala el diputado de Unidad Popular contestó a algunas de las apreciaciones que quedaron planteadas para incorporar al debate de su proyecto, así como enfatizó las cosas que éste intenta colocar en discusión. Rubio reconoció que “es verdad que en algunos lugares se han quemado cueros”, pero aseguró que eso “no es lo común”, y en cuanto a los lanares señaló que “son otro tema, porque habría que tomar distintas iniciativas en torno a esto”. Pero sobre los costos y la rentabilidad, indicó que “empresas como Paycueros, que exportan toda su producción, están trabajando con cuatro turnos. O sea que no hay un problema de mercados y les aseguro que es rentable para la empresa exportar cuero para calzado”. Además agregó: “Tenemos la dificultad de que a los productores les cuesta muy caro vender el cuero y hay empresas que importan cuero de Paraguay y de Brasil”.

El diputado Ayala, solicitó al presidente de la Comisión “que se invite a los trabajadores que representan a la industria del cuero y también a los productores, a través de la Asociación Rural del Uruguay y de la Federación Rural”.

El oficialista Carlos Varela, diputado de Asamblea Uruguay, consideró “interesante el proyecto presentado por el señor diputado Rubio”, y respecto a lo solicitado por Ayala señaló que “esa es la práctica habitual de la Comisión”: “Es obvio que tendremos que invitar a todas las instituciones que se solicitó y a las autoridades de los ministerios que estén comprometidos con este tema, con el fin de que si llegamos a aprobar un proyecto, este tenga un efecto real y no solamente testimonial. Luego, en la Comisión se discutirá la agenda, tomando en cuenta el poco tiempo que nos queda de funcionamiento hasta el receso, cuyo comienzo está establecido para el mes de setiembre”.

El diputado Lamónaca, agregó otra preocupación que le genera el proyecto: “Una frase del artículo 3º, que establece: ‘El Poder Ejecutivo dotará medidas de protección a la industria nacional que hagan viable el proceso de de industrialización dispuesto en el presente artículo’. Me parece que no es algo que esté totalmente definido y quisiera saber qué tipo de medidas se pueden adoptar como para hacer viable un negocio, como se está planteando acá, sobre el que se está cuestionando la rentabilidad por sí misma. No sé cómo el Estado puede intervenir para hacerlo viable”.

Estas consideraciones despertaron algún intercambio entre legisladores de los distintos partidos. Recogiendo las distintas campanas que se plantearon para asesorarse, el presidente de la Comisión Battistoni consideró que “Habría que invitar al Ministerio de Industria, Energía y Minería, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Unión de Obreros Curtidores, a la Cámara de la Industria Curtidora Uruguaya, a la Federación Rural y a la Asociación Rural del Uruguay”, convocatorias que ocuparían “las dos sesiones del mes de agosto”.