Maldonado: Trabajadores de la Fábrica Nacional de Cemento entraron en conflicto

Una situación insostenible. Los trabajadores de la Fábrica Nacional de Cementos del departamento de Maldonado, denunciaron la difícil situación que atraviesan debido a que el conflicto ya lleva tres años. La empresa tiene un problema económico financiero y como consecuencia no ha cumplido en su totalidad con los haberes de los trabajadores. Durante las últimas semanas la situación empeoró.

La Fábrica Nacional de Cementos le debe a sus funcionarios más de 5 millones de pesos y, ante esta situación que resulta insostenible, los trabajadores se declararon en conflicto, informó a los medios el dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Fernando Correa. En la empresa, ubicada en el kilómetro 110 de la localidad de Pan de Azúcar, trabajan unos 100 empleados que no cobran sus salarios desde mayo. El conflicto, que hoy está en su apogeo, comenzó a agravarse en enero de este año cuando los trabajadores dejaron de cobrar los tickets de alimentación. Además, se les debe el medio aguinaldo de este año y de diciembre de 2018. Este viernes, el Ejecutivo del Sunca se reunió con el objetivo de definir un plan de acción de aquí en adelante. “No se descarta que se definan medidas a nivel nacional por parte del Pit-Cnt. La Mesa Representativa va a discutir el tema en su próxima reunión”, aseguró Correa. Los trabajadores, que han realizado paros sorpresivos en el último tiempo, hicieron la denuncia en la Inspección General del Trabajo y también iniciaron una demanda judicial para reclamar que la empresa les pague lo que les debe. “La fábrica es una fuente laboral muy importante para el pueblo, es de las pocas industrias grandes en la zona y hay 100 familias que dependen de ella. En muchos casos, es el único ingreso que llega al hogar y, sin duda, este es un tema que también afecta, indirectamente, a los comercios de la zona, donde todos gastamos nuestro salario”, explicó el dirigente sindical. Si bien desde la empresa aseguraron a los funcionarios que no está entre sus planes cerrar ni tampoco despedir a ningún trabajador, la situación es “cada vez peor”, advirtió Correa. El inicio del conflicto se remonta a 2015, cuando la fábrica anunció que tenía problemas económicos y que, por ese motivo, mandaría a 93 trabajadores al seguro de paro. Luego de una larga negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con más de un mes de huelga, el sindicato logró que se reintegrara a todo el personal, con rotaciones en el seguro de paro. En 2016, la empresa informó a sus trabajadores que no les iba a poder pagar el aumento que se había acordado para el sector en enero de ese año. Luego, se negoció que esta suma se pagara en 8 cuotas trimestrales. Los trabajadores no recibieron las tres últimas. Un año después, se agregó el no pago de la prima por antigüedad y de un 11% de aumento solo pagaron el 2,95%. “Esto siguió en negociaciones que no sirvieron para nada. Terminamos disolviendo el ámbito en enero de este año por la intransigencia de la empresa a la hora de negociar”, señaló Correa.