El gobierno no construye: Rendición de cuentas evidencia mínima inversión en viviendas

 Gonzalo Martínez: “Es importante que en este tiempo que queda del trabajo parlamentario, se multipliquen las voces a nivel social de reclamo de la aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular”.

Desde que se aprobó en Comisión de Diputados el Plan Nacional de Vivienda Popular, desde Presidencia de la República no se ha cesado en mostrar como noticia una y otra vez cada casa construida, cada terreno, cada solución habitacional que ande en la vuelta. Esta semana la ministra Eneida De León inauguró un complejo de 18 unidades de 1 dormitorio del BPS en el departamento de Rivera, que serán usufructuadas en su mayoría por jubilados, y cada discurso es acompañado por un enredo de cifras. Pero lo cierto es que según su propia rendición de cuentas que envió días atrás al Parlamento, el gobierno construyó apenas 172 viviendas destinadas para las mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, personas con discapacidad a cargo o que fuera parte del grupo familiar, y jubilados, en todo el 2018, en todo el país. Justamente estos sectores serían los primeros beneficiarios en caso de aprobarse el Plan Nacional de Vivienda Popular de la UP, según establece el articulado del proyecto que cuenta con media sanción parlamentaria.

El presupuesto otorgado a la Dirección Nacional de Vivienda en el año 2018 fue de 10.477 millones de pesos según los datos de la última rendición de cuentas, proyecto que envió recientemente el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. Esta inversión se vio materializada en la construcción 2.477 viviendas nuevas, de las cuales solamente 787 fueron bajo la determinación del Estado. El integrante de la bancada de la Unidad Popular Gonzalo Martínez estableció algunas consideraciones alrededor de estos y otros datos, e hizo hincapié en la urgencia de la aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular. El Poder Legislativo recibió recientemente la documentación relativa al gasto ejecutado en el 2018 por todos los Ministerios y organismos estatales. Desde su ingreso al Parlamento, la bancada de la Unidad Popular le otorga particular interés a varios elementos que hacen a las condiciones de vida del pueblo, uno de ellos es el relacionado a la política de vivienda. Consultado por la Juventud Gonzalo Martínez, diputado suplente de la coalición de izquierda, manifestó que a través de estos datos se confirma la “insuficiente” inversión en vivienda que se viene señalando año a año desde su bancada. El año pasado la Dirección Nacional de Vivienda recibió unos 10 mil millones de pesos para gastar en vivienda, una cifra que sigue girando en torno al 0.5% del PBI: “Nosotros nos sostenemos por los propios resultados de viviendas finalizadas que se tuvo en el 2018. Lo que el gobierno destina en vivienda no alcanza para revertir la crisis que hay desde el punto de vista del déficit habitacional. Hay que recordar que en el 2018, según los datos que aportó la Agencia Nacional de Vivienda a través del Ministerio, se finalizaron 2.274 viviendas nuevas”, indicó el militante. Esas 2.274 viviendas fueron realizadas básicamente a través de cuatro modalidades. El cooperativismo es una de ellas, siendo nuevamente la que más construye viviendas, con unas 1.487 viviendas finalizado el 2018. Luego está la autoconstrucción en terreno propio, que refiere a aquellas personas que tiene su propio terreno y reciben por parte de las Intendencias o algún otro organismo del Estado una canasta de materiales y un asesoramiento, que les permitió construir en 2018, 427 viviendas. También está la modalidad de autoconstrucción en terreno público, en la que la Intendencia u otro organismo otorga la vivienda, pero es la persona que trabaja en esa construcción. En esa modalidad se construyeron 201 viviendas. Después está la construcción de viviendas por modalidad con un contrato con empresas constructoras, que fueron 172. Esas 172 viviendas estaban destinadas para tres grupos sociales muy importantes; las mujeres jefas de hogar con hijos a cargo, personas con discapacidad a cargo o que fuera parte del grupo familiar, y jubilados. “Es decir que el gobierno solo construyó 172 viviendas para este conjunto de personas y de familias que tienen estas grandes necesidades y dificultades, lo cual habla de una incoherencia entre el discurso y la práctica”, expresó Martínez. Gonzalo Martínez profundizó acerca de cómo desde el Frente Amplio el planteamiento de la vivienda se iba a considerar como una prioridad, algo que no se ve reflejado en los datos: “Más allá de los discursos que se han escuchado, en esta campaña en particular pero también en la campaña pasada, incluso en los primeros lineamientos que el presidente Vázquez daba en su gobierno, colocaban a la vivienda como una prioridad, y eso no ha sucedido. De hecho las cifras son similares año a año. Son muy pocas las viviendas nuevas construidas, la mayoría de ellas se destaca en más de un 50% generalmente son construidas a partir de la modalidad del cooperativismo, es decir que el gobierno lo único que hace es otorgar un préstamo y alguna otra facilidad. Lo que termina siendo una complicación, porque hay que recordar que en estos momentos y desde hace varios años, existe un conflicto en cuanto al interés de la cuota que se le aplica a los préstamos de las cooperativas, que es muy elevado. Eso conlleva a que los cooperativistas además de construir su vivienda, luego tengan que pagar una cuota mensual muy elevada”. El diputado suplente aportó que las otras modalidades también vinculan a la persona en el proceso constructivo, con el Estado siempre trasladando la responsabilidad de la construcción de la vivienda al propio interesado, lo cual no se ajusta a la realidad del país: “Hay que recorrer el país para darse cuenta que la gente le dedica mucho tiempo al trabajo, para recibir un salario que apenas le permite mantenerse con vida, y a pesar de eso el gobierno le exige y le propone un involucramiento en los procesos constructivos de la vivienda. Lo cual omite la responsabilidad constitucional de que justamente es el Estado el que debe garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos”. El joven integrante de la bancada de UP señaló: “Lo que hace el gobierno también para mitigar esta falta de construcción de vivienda, es ofrecerle a la gente políticas de subvención, de subsidios, de préstamos, de alquileres, que también año se mantienen en una cifra similar, lo cual evidencia la necesidad que hay de forma permanente de acceder a una vivienda”. A modo de ejemplo, en el 2018 se firmaron 2.007 contratos de garantías de alquiler, lo cual indica que existen alrededor de 2.000 personas en Uruguay que todavía no han resuelto el acceso a la vivienda, y la única forma que pudieron hacerlo es a través del alquiler. Ese es solo un tipo de problemática de las muchas situaciones que enfrentan múltiples familias: “Por lo tanto la prioridad del gobierno no es real, no se materializa en el financiamiento, no se materializa en las obras construidas año a año, sino más bien lo que se reafirma es que la vivienda no es una prioridad del gobierno”, estableció Martínez. Óscar Andrade, quien fuera pre candidato a la presidencia del Frente Amplio apoyado en su trayectoria de dirigente del sindicato de la construcción, planteó en medio de su carrera hacia las internas la aspiración de, con un esfuerzo enorme, lograr en el próximo quinquenio duplicar el presupuesto para vivienda. Pero el representante de la UP por la Lista 326, estableció que esto no sería suficiente: “Lo que evidencia aquí es que duplicando el presupuesto para estas políticas de vivienda los resultados serían exactamente los mismos, o por lo menos transitarían por la misma línea. Quizás con más dinero, más cooperativas puedan construir viviendas, o quizás más personas puedan autoconstruirse sus viviendas. Pero lo que queda en evidencia es que el gobierno no tiene una línea de construcción de viviendas propia”. Martínez subrayó que no solamente es necesario duplicar el presupuesto, sino también promover una política que involucre al Estado en la construcción de las viviendas alternativo al que tiene en la actualidad, que promueve al capital privado a través de la participación público privada: “Esto es un resultado también de esta rendición de cuentas, una información que aparece, que justamente el Estado promueve la participación público privada (PPP) para que estos organismos construyan las viviendas, y el Estado, una vez que se las apropia, las pueda poner en alquiler. Esto es una explicitación contundente de la política privatizadora de la construcción de vivienda. Por lo tanto se reafirma también la necesidad de la aprobación del Plan Nacional de Vivienda Popular”. La situación del Plan Nacional de Vivienda Popular posterior a su aprobación en la Cámara de Diputados, es que aún se encuentra trancado en la Comisión de Vivienda de Senadores. Con la media sanción desde marzo de 2018, si bien ha pasado ya gran parte del 2019 y del trabajo parlamentario y a un par de meses de culminar la Legislatura, no ha tenido mayores avances su discusión y su tratamiento, sino que más bien son pocos los plazos que van quedando para que finalice esa discusión. “Lo que es evidente es que el Frente Amplio hasta el momento no tiene interés en que esto se apruebe, en este poco margen de tiempo habrán novedades, pero sin dudas que cuando no se escuchan las voces políticas expresarse sobre algún proyecto, es necesario que se expresen las voces sociales. Y en ese sentido creemos que es importante que en este tiempo que queda del trabajo parlamentario, se multipliquen las voces a nivel social de reclamo de la aprobación de este Plan”, alentó el integrante de la bancada.