Cortocircuito por escuchas telefónicas de “El Guardián”

Una nueva polémica se registró entre la Suprema Corte de Justicia y el ministro del Interior Eduardo Bonomi, esta vez por la aplicación del sistema de escuchas telefónicas e interceptación de comunicaciones denominado “el Guardián”. Bonomi aseguró que existe un protocolo que “no indica a quién se le entrega” la información, y apuntó que hay una persona designada para enviar los datos, y que eso corresponde al ministerio. “Es una información estadística. No es de a quién se investiga, sino a cuántos, y recién ahora nos han pedido esa información. Entonces se estableció un canal de a quién entregársela. La información está, siempre estuvo a disposición. Lo que no estaba era la persona designada para recibirla”, comentó Bonomi en rueda de prensa. Si no hay a quién dársela, apuntó Bonomi, “no se establece en el protocolo”. “Eso no era una designación nuestra. El hombre que la tiene que dar está designado por nuestra parte”, comentó, y dijo, cuando fue consultado sobre si la responsabilidad era del Poder Judicial, que no sabe. En las últimas horas la Suprema Corte salió al cruce del ministro y aseguró que desde el mes de mayo de 2017 tiene designada a la persona que debe recibir esos informes. La Corte recuerda que el sistema de interceptaciones legales de comunicaciones “fue puesto en funcionamiento en las sedes judiciales a partir del 6 de febrero de 2017”, dice un comunicado publicado este miércoles de tarde. Para cumplir con el protocolo de información al Poder Judicial, el 8 de mayo de 2017 la Suprema Corte de Justicia designó a su Secretario Letrado, Dr. Gustavo Nicastro, como responsable de la recepción de los reportes de las interceptaciones legales gestionadas por el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), dice el comunicado. Agrega, además, que en una nota fechada el 16 de mayo de 2017 le fue comunicada dicha decisión al Ministerio del Interior, y que la misma fue recibida por la Secretaría General del Ministerio del Interior con fecha 18 de mayo de 2017. El artículo 11 del memorándum firmado por el Ministerio del Interior y el Poder Judicial establece que trimestralmente se debe remitir información a la Suprema Corte de Justicia sobre las interceptaciones legales gestionadas por el SAIL.