Bogotá: Ejército colombiano sumergido en la corrupción

El escándalo por el caso de corrupción se extendió en las últimas semanas que obligó a las autoridades judiciales colombianas abrir tres investigaciones relacionadas con las denuncias. El Ejército de Colombia atraviesa por una de sus más grandes crisis en medio de señalamientos de corrupción que involucran a generales muy cercanos a la alta comandancia de la institución y nuevos casos de “falsos positivos”, relacionados con ejecuciones extrajudiciales. El escándalo por el caso de corrupción se extendió en las últimas semanas que obligó a las autoridades judiciales colombianas abrir tres investigaciones relacionadas con las denuncias que fueron expuestas por el semanario Semana en un reportaje sobre el tema. La corrupción dentro de las filas del ejército no es nuevo en Colombia, el año pasado se descubrió que altos mandos castrenses desviaron fondos destinados al cumplimiento de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP). Respecto a las nuevas denuncias, Semana, que entrevistó a varios militares, que hablaron a condición de mantener el anonimato, reveló que el general Adelmo Fajardo, segundo mando del Ejército, pedía a sus subalternos que consiguieran dinero para cubrir sus gastos personales, incluidas vacaciones con sus familia. Otro alto mando implicado es el general Jorge Romero, que estaría involucrado con la expedición irregular de salvoconductos para el porte de armas cuando estuvo al mando de la Cuarta Brigada, que tiene sede en Medellín. Romero trabaja en el Comando de Acción de Apoyo Integral, instancia creada en 2017 tras los acuerdo de paz con las FARC-EP, destinada a desarrollar trabajo social en las comunidades más vulnerables del país suramericano. En tercer caso de los que fueron revelados en la publicación se encuentra el general Eduardo Quirós, al mando de la Contrainteligencia. De acuerdo con las denuncias, Quirós ofrecía dinero o largos permisos de vacaciones para quien entregara nombres y datos de las personas que filtraron documentos a los medios de comunicación sobre las irregularidades referentes a la polémica directriz de efectividad en las operaciones. También se investiga un esquema de operación bajo el mando de oficiales del grado de mayores y coroneles para presionar ascensos y nombramientos, mediante pagos ilegales . La sospecha de las actuaciones de los militares involucrados al parecer fueron del conocimiento de la oficina de Inspección del Ejército, que mantuvo archivadas las denuncias durante mucho tiempo y no se realizaron los trámites correspondientes. El tema es relevante debido a que en el tiempo en el que se presume que no hubo tales procedimientos, la Inspección estuvo a cargo del general Nicacio Martínez, hoy comandante de las tropas. Tras conocer la situación, el general Martínez señaló en un comunicado difundido vía Twitter que varios de los militares que integraban la red de corrupción fueron retirados del Ejército y que otros más son investigados por las autoridades.

Nuevo escándalo de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales

El mismo Nicacio Martínez ha sido mencionado en otro caso que conmocionó a la sociedad colombiana, luego que en un reportaje del diario The New York Times, se conoció que altos mandos exigían doblar los casos de criminales o rebeldes muertos en combates. Esta revelación está relacionado con una extensa operación dentro de las filas armadas, que se remonta años atrás, conocida como “falsos positivos”, que son ejecuciones extrajudiciaes de civiles perpetradas por el Ejército que fueron presentadas como combates con guerrilleros. Hace una década, decenas de casos de “falsos positivos” fueron dados a conocer cuando el ejercito mantenía una ofensiva contra las FARC-EP, luego de las denuncias que hicieron familiares de las víctimas Una investigación del Congreso calcula que más de 2.000 personas resultaron víctimas del caso, mientras más de 1.500 militares estaban involucrados en esos casos En aquel entonces, se promovió un modelo de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue considerado el germen de las ejecuciones de civiles. Ahora, el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, reconoció haber dado las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales. El reportaje del diario estadounidense indica que el alto mando ordenó a los militares que “doblen el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)”. La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014. De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. Por su parte, la ONU calcula que son unos 4.200 los casos de “falsos positivos” investigados en el país.

(Con información de TeleSUR en base a medios colombianos)