Martínez - Villar: Una fórmula que marcha en tren… de UPM

A una semana de pasadas las elecciones internas, todavía resuena el argumento de que para elegir a quién votar deben mirarse los programas y las propuestas pero también las credenciales de qué se ha hecho o no en ese sentido. A pesar de que Unidad Popular es el único partido que se ha manifestado y ha obrado consecuentemente en contra de la instalación de la segunda planta de UPM, cierto es que la fórmula presidencial del Frente Amplio es la que ofrece mayores garantías a los intereses de la multinacional en su afán de concretar la mayor inversión pública de la historia de nuestro país para saquear nuestras riquezas, contaminar nuestros recursos y disponer de toda la infraestructura y la propia nación incluyendo sus planes educativos, al servicio de su negocio en zona franca. El viernes se puso fin a la danza de nombres para elegir quién secundará al Ing. Daniel Martínez en la fórmula del Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales de octubre y eventualmente al ballotage de noviembre, para disputar la presidencia de la República para los próximos 5 años. La elegida es Graciela Villar, que comenzó su militancia política en la UJC, detenida y exiliada en Argentina durante la dictadura, dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, fundadora de Asamblea Uruguay y recientemente electa edil de Montevideo. A finales de 2018 renunció a su banca en la Junta Departamental y al sector liderado por Danilo Astori cuando definió su apoyo a Martínez para las internas, y conformó una lista desde donde impulsó la precandidatura de Mario Bergara. En 2017 Graciela Villar presidió la Junta Departamental de Montevideo, gestión de la cual se asegura surge la confianza del entonces titular del Ejecutivo capitalino Daniel Martínez. En 2017 también el gobierno uruguayo llevó adelante las negociaciones con la empresa celulósica finlandesa que terminó el 7 de noviembre de ese año con la rúbrica del cada vez más cuestionado contrato ROU – UPM para la instalación de su segunda planta en nuestro país, esta vez a orillas del río Negro. En el mismo se establece como una condición excluyente la construcción del trazado ferroviario de 273 kilómetros entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo a cargo del Estado uruguayo, que estará a disposición de la multinacional para sacar su producción. En 2017 la Departamental de Montevideo del Frente Amplio concluyó duras críticas al trazado ferroviario por las afectaciones que traería para el ordenamiento de la ciudad y para su población; lo hizo a la interna del partido de gobierno e incluso en declaraciones públicas. Incluso el propio Daniel Martínez, en su investidura de Intendente, acusó a la mega obra de “partir la ciudad” y presentó junto a su homólogo canario Yamandú Orsi un proyecto alternativo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo cierto es que a pesar de la posición contraria de los vecinos organizados, de su partido y de la suya propia, Villar renunció a la Junta a fines de 2018 y Martínez a la Intendencia entrado el 2019 avalando en todas sus condiciones el desarrollo del proceso licitatorio para el Ferrocarril Central, eufemismo para denominar al Tren de UPM, y sin exigirle previamente al MTOP el estudio de impacto, como lo establecen los procedimientos según la legislación vigente. UPM ya eligió a sus candidatos y según estableció en acuerdo con el gobierno en el “contrato”, decidirá en febrero de 2020 si instala o no la resistida UPM2. ¿Por qué los trabajadores y el pueblo uruguayo votaríamos por la fórmula de una multinacional?