Primer centro de reclusión: Guardia Republicana entra en la Cárcel de Punta de Rieles

La Guardia Republicana comienza a hacerse cargo de la seguridad en las cárceles de nuestro país. El primer centro de reclusión en el que cumple funciones es la Cárcel de Punta de Rieles.

El Ministerio del Interior explicó días atrás cuál será la función de la Guardia Republicana en las cárceles y por qué se decidió este cambio. En el informe presentado por la cartera que dirige Eduardo Bonomi, la presencia de la Guardia Republicana en apoyo a las tareas de seguridad en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se enmarca en el proceso de descentralización del instituto, que tiene prevista su concreción para el mes de febrero de 2021. Dejará de depender del Ministerio del Interior y pasará a ser un servicio descentralizado y que pertenecerá a otro ministerio. Sin embargo, las tareas de seguridad van a seguir dependiendo del Ministerio del Interior y será la Guardia Republicana la encargada de brindar la seguridad en las unidades penitenciarias. El anuncio que hizo Bonomi contó con el apoyo de los funcionarios que pedían condiciones de seguridad para desarrollar su trabajo. Este cambio, que se realizará en forma progresiva se extenderá a otras cárceles. La Guardia Republicana tendrá a su cargo, en algunas unidades, la seguridad exterior (perimetral) y en las puertas de acceso (revisorías). En otro orden, días atrás el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia, acordaron limitar las libertades vigiladas. Las tres instituciones impulsan un proyecto de ley que limita las libertades vigiladas de los delincuentes. El proyecto deberá ser aprobado en el Parlamento. En el texto se incorpora la norma que permitirá a los fiscales, en caso de delitos graves, indicar que los detenidos deban cumplir el procesamiento, en su totalidad, en la cárcel. Recuerda Búsqueda que “según estimaciones del ministerio, durante 2019 unos 4.000 presos pasarían a cumplir la pena en libertad vigilada debido a los acuerdos realizados. El ministerio teme que un porcentaje de los liberados reincida, y que eso repercuta en un aumento de los delitos”. Los legisladores tienen tiempo hasta el mes de setiembre, inclusive, para aprobar leyes debido a que en el mes de octubre se realizarán las elecciones nacionales.