Hace dos meses y con escasa difusión: Sindicato de profesores de Montevideo expresó su rechazo contr

 “Urge revisar y discutir el modelo extractivista impulsado en las últimas décadas, basado en un nuevo impulso depredador y contaminante de los bienes comunes, la profundización de nuestra inserción periférica, la dependencia a las trasnacionales, y la apuesta a la inversión extranjera directa a costa de nuestros territorios y nuestros derechos”, concluye Ades Montevideo, luego de revisar distintos aspectos del Contrato ROU - UPM.  En lo que hace a los aspectos educativos, los profesores de secundaria aseguran: “Mercantilizar la Educación Pública no implica solamente privatizarla en el sentido más literal, mercantilizar la educación es incluir lógicas privadas y mercantiles en el sistema público. Es promover una educación orientada a intereses empresariales y de lucro, es inculcar a las niñas, niños y adolescentes lógicas competitivas y de mercado”.

A través de una declaración pública y de acuerdo a lo resuelto en su Asamblea General del 6 de abril pasado, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo expresa:

Su rechazo a la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, en el entendido que el “Contrato” firmado por el Estado uruguayo con dicha empresa representa un verdadero pacto neocolonial. En el cual el gobierno se compromete a concretar numerosas y costosas obras de infraestructura (Ferrocarril Central, carreteras, viaducto, líneas de transmisión y dragado portuario) para usufructo de la multinacional sin contraparte seria, contrariamente se la exonera de impuestos al concederle una nueva Zona Franca para sus operaciones. Asimismo según consta en el “Contrato” la nueva terminal portuaria será de “uso exclusivo” y el Ferrocarril Central tendrá “acceso prioritario” para la extracción de celulosa y derivados, y serán controlados por UPM o sus empresas subsidiarias. Por ende es una falacia sostener que dichas obras de inversión sean una necesidad de las y los uruguayos. Por si fuera poco, el gobierno se compromete a empezar con estas obras sin contar con la certeza de la instalación de la Planta de Celulosa. Es decir que se está hipotecando gasto público en función de la decisión unilateral de una multinacional1 la cual dependerá, en última instancia, del mercado global de celulosa a pesar de los kilómetros de carretera o vía férrea haya construido el gobierno. Por otra parte rechazamos las condiciones en el plano laboral que exige UPM. Es nefasto que uno de los aspectos de estas negociaciones sean los derechos de las y los trabajadores para garantizarle “paz sindical” a la empresa. El derecho a la huelga y ocupaciones son conquistas de la clase trabajadora que bajo ninguna circunstancia pueden ser tema de negociación o condición para invertir. En este marco es necesario recordar que luego de las negociaciones con UPM en Finlandia (marzo 2017) el gobierno firmó el decreto “anti piquete” que limita la libre manifestación, el cual ha sido rechazado por esta Asociación. Consideramos que la única garantía contra la precarización laboral es la existencia de sindicatos fuertes y movilizados en defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Otro de los aspectos fundamentales que nos genera profunda preocupación y motiva el rechazo a la Planta de Celulosa, son las consecuencias ambientales de la misma. Los niveles de contaminación de nuestras cuencas ya son alarmantes, instalar una Planta de este tipo, con el doble de capacidad de producción que la Planta de Fray Bentos, implicaría aumentar los niveles de fósforos en el Río Negro, lo cual profundizará los niveles de contaminación del mismo. Asimismo el proyecto implica ampliar el Complejo Forestal destinado a la producción de pasta de celulosa (actividad con escaso valor agregado), profundizando el monocultivo de eucalyptus y la degradación de los suelos. En este sentido urge revisar y discutir el modelo extractivista impulsado en las últimas décadas, basado en un nuevo impulso depredador y contaminante de los bienes comunes, la profundización de nuestra inserción periférica, la dependencia a las trasnacionales, y la apuesta a la inversión extranjera directa a costa de nuestros territorios y nuestros derechos. Por último denunciamos la injerencia de UPM y su Fundación (junto a Fundación América Solidaria y Jóvenes Emprendedores DESEM) en el Sistema Educativo y el papel lastimoso del gobierno nacional y de la ANEP. En el “Contrato” firmado el gobierno se compromete a desarrollar nuevos planes y programas educativos en la zona de influencia de la Planta, los cuales deberán “aplicar de buena fe las visiones de UPM”, para ello el gobierno debe proporcionarle un plan para ser evaluado por UPM. Esto constituye una violación flagrante a la Autonomía de la Educación tanto por el gobierno nacional al no respetar los mecanismos legales existentes en materia educativa, y al habilitar la injerencia de una multinacional en los diseños de nuevos planes. A su vez, nos parece alarmante que el gobierno se comprometa a respetar las visiones de UPM en estos programas. Mercantilizar la Educación Pública no implica solamente privatizarla en el sentido más literal, mercantilizar la educación es incluir lógicas privadas y mercantiles en el sistema público. Es promover una educación orientada a intereses empresariales y de lucro, es inculcar a las niñas, niños y adolescentes lógicas competitivas y de mercado. La laicidad implica el tratamiento integral y crítico de los temas, cómo es posible pensar que estas Fundaciones y la propia UPM fomenten el pensamiento crítico cuando el objetivo explícito de ellas es promover el “espíritu empresarial” entre las y los jóvenes, naturalizando y reproduciendo un sistema que se sostiene en base a la injusticia, la desigualdad y el desprecio a la vida humana y no humana. Es de un cinismo incomensurable que se habiliten estas prácticas cuando en la Ley de Educación se establece la educación ambiental como línea transversal.

No a la Mercantilización de la Educación Pública En Defensa de la vida y el territorio No a UPM 2

1 El Contrato establece: “la utilización que el Proyecto de UPM haría de la infraestructura pública que se requiere desarrollar constituye una base necesaria para viabilizar la construcción de dicha infraestructura”, y más adelante dice: “Las Partes reconocen y acuerdan que la Decisión Final de inversión de UPM sobre si procede o no con el Proyecto de Planta de Celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aún cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas”.