Colocan a la Intendencia de Martínez como el principal responsable: Ex trabajadores de Raincoop inic

Al cumplirse tres años de la desaparición de la cooperativa de transporte Raincoop, los ex trabajadores de la cooperativa están llevando adelante una demanda contra ex integrantes de la cooperativa y también contra la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

El juicio fue entablado por los ex integrantes de Raincoop que cumplen funciones actualmente en Cutcsa y los que se jubilaron, que perdieron su parte como cooperativistas. Raincoop comenzó a funcionar en el año 1975 con cerca de 590 trabajadores. En 2016, cuando la cooperativa dejó de funcionar, se llevaron adelante varios acuerdos para que sus trabajadores pudieran ser ubicados en otras empresas del transporte. De esas reuniones participaron representantes del sindicato, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En declaraciones recogidas por el portal Ecos, Luis Figarola, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot), criticó duramente al ex intendente de Montevideo y actual precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Daniel Martínez: “El ingeniero Daniel Martínez nos engañó en nuestra buena fe. No cumplió con su palabra y no cumplió con lo que escribió”, manifestó el gremialista. En los acuerdos analizados cuando la cooperativa dejó de funcionar, se estudiaba de qué manera se distribuirían los permisos en función de la proporción de trabajadores que asumieran las demás empresas: Coetc, Ucot y Cutcsa. Por un lado, Transporte distribuyó 26 permisos y autorizó el ingreso a la empresa correspondiente de cuatro trabajadores por cada uno. La Intendencia había establecido que 3,1 funcionarios por coche tomaran los permisos urbanos. Esto generó que no más de 480 empleados tendrían un puesto de trabajo seguro. Otros 115 perderían su trabajo y la parte oficial que tenían en la cooperativa. De esos 115 funcionarios que perdieron sus puestos, 52 fueron a una bolsa de trabajo. El resto, 63 personas, estaban por jubilarse o podrían hacerlo a corto plazo, previo pasaje por el seguro de paro y el subsidio por inactividad. El problema se generó por la diferencia entre los que pasarían a desempeñarse en Ucot y Coetc y los que lo harían en Cutcsa. Estos últimos, si bien mantenían la fuente la laboral, perderían su parte de cooperativistas, valuada entre 30 mil y 40 dólares. En busca de una solución Ascot, en acuerdo escrito con la Intendencia, propone la creación de un “fondo de solidaridad”. Se iba a constituir con un aporte, realizado por 48 meses, por todos los que “les tocara en suerte” ir a trabajar a las cooperativas. Se establecería un monto fijo de $ 3.000 pesos que cada uno debería aportar a lo largo de esos cuatro años, con el fin de permitir otorgarle un resarcimiento económico a los perjudicados. En su momento la asamblea de trabajadores aprobó la propuesta y acordaron que la Intendencia Municipal iba a supervisar el cumplimiento de la misma. Para el dirigente, el pedido era concreto: que el resto de sus compañeros “hicieran un pequeño esfuerzo para permitirle un resarcimiento a aquellos que, entre otras cosas, dejaban sus puestos para que otros los mantuvieran”. Hasta el momento, según Figarola, no hubo novedades. En total, dijo, fueron 103 los trabajadores perjudicados, que iniciaron una demanda previa para buscar algún tipo de acercamiento que permitiera la constitución del fondo. Sin éxito. La demanda apunta a los otros 338 operarios que pasaron a desempeñarse en Ucot y Coetc e incluye a la Intendencia de Montevideo, “el mayor responsable” según los dirigentes. Lo que pretenden los reclamantes es la constitución del fondo de solidaridad. Además de Daniel Martínez, en la demanda aparecen citados el Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi y el entonces director de Tránsito de la Intendencia, Máximo Oleaurre. “Fallaron como personas los compañeros que hoy tienen actividad permanente y siguen manteniendo el caudal económico de su participación social”, apuntó Figarola. El monto total del reclamo asciende a 48 millones de pesos, más reajustes e intereses.