Autoridades dijeron que serán prácticas de otros tiempos: Comité de Derechos del Niño ya había denun

A través de un comunicado difundido en las últimas horas por el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, el organismo dice que la medicalización de los adolescentes en centros de privación de libertad ha sido denunciada por Mecanismos de Monitoreo con anterioridad, como el propio comité de los Derechos del Niño y la Institución de Derechos Humanos (INDDHH).

La presidenta del INISA, Gabriela Fulco había expresado públicamente que prácticas de este tipo “no están permitidas” durante su gestión e infirió que se arrastren “de otros tiempos”. La jerarca había asegurado que en el INISA “los psicofármacos son administrados por personal de enfermería, solo para quien lo necesita, por indicación médica”, aunque el comité de los Derechos del Niño revela que esta situación ya había sido denunciada. Se asegura que lo que ocurrió con el director del Centro de Máxima Seguridad del INISA, que resultó días atrás intoxicado con un vaso de jugo con benzodiazepán que iban a tomar los adolescentes, solo dejó en evidencia un hecho que no es nuevo. El Comité afirmó mediante un comunicado que el episodio de intoxicación en el Centro de Máxima Contención (CMC) forma parte de una “situación más compleja” que es la medicalización de los adolescentes. Los integrantes del Comité sostienen que se trata de un método de control que no solo involucra a las autoridades del INISA sino que también interpela al Estado en cuanto a la gestión de los centros de privación de libertad para menores. Y considera que las situaciones de vulneración de derechos constatadas en los adolescentes que ingresan al sistema de privación de libertad dejan de relieve las deficiencias de una política pública que no ha logrado brindar protección a este sector de la sociedad. “Las situaciones de vulneraciones de derechos constatadas en los adolescentes que ingresan al sistema -el consumo problemático de drogas, la baja escolaridad, entre otras- dejan en relieve las deficiencias de una política pública que no ha logrado brindar protección y asegurar el pleno goce de los derechos humanos básicos para estos sectores de la población, que permanecen excluidos con múltiples vulneraciones de derechos”. En el texto, la organización social lamentó la situación del funcionario y señaló que espera “que la investigación administrativa arroje luz sobre estos hechos y permita erradicar las malas prácticas institucionales en el uso abusivo de psicofármacos como métodos de control, sobre la población adolescente privada de libertad”. Por otra parte, aseguran que demuestran la ineficiencia del “avance punitivo en la legislación penal regresiva para los adolescentes, que aumentó los plazos de la privación de la libertad para algunos delitos, sumando al aumento de 90 a 150 días para las medidas cautelares” y que solo genera “situaciones regresivas y violatoria de los derechos humanos”. El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay invita a encarar el tema carcelario, así como las políticas públicas para la infancia y la adolescencia, desde un abordaje integral desde el ámbito legislativo y administrativo “para trabajar las deficiencias y dotar de recursos suficientes y personal técnico capacitado”. Asimismo, indicó que “sería oportuno” avanzar en la reglamentación de la Ley de Salud Mental “e incluir un capítulo expreso en lo que refiere a la medicalización en situaciones particulares que puedan llegar a implicar la vulneración de derechos humanos, como son las instancias de privación de libertad y/o de protección para el caso de niños, niñas y adolescentes; de manera tal de garantizar el acceso a la salud y evitar mecanismos de control a través de la medicalización”.