INISA Detectan psicofármacos en los alimentos que se les brinda a los adolescentes recluidos

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) investiga la administración de psicofármacos en el jugo que se suministra a los internos, a partir de un hecho accidental: el director del centro de reclusión para menores se intoxicó al tomar un vaso de ese jugo días atrás.

El jerarca se sintió indispuesto y debió ser trasladado a un sanatorio. Al ser internado, el hombre presentaba tendencia al sueño, disartria (dificultad para hablar) e hipotonía (disminución de la tensión muscular). Se detectó que la sustancia incluida en el jugo era una benzodiazepina. El hecho ocurrió en el Centro de Máxima Contención (CMC), que funciona en la calle Cufré y Bulevar Artigas. Allí están recluidos nueve adolescentes de entre 15 y 18 años. Una fuente explicó a la prensa que es una práctica habitual poner drogas psicoactivas en las bebidas o alimentos para que los internos “no molesten”. Obviamente, se hace sin el consentimiento de los detenidos. Se trata de “una acción delictiva grave que se está investigando y se llegará a él o los responsables”, aseguró la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco. La funcionaria señaló que si hubiera indicación médica para suministrar psicofármacos, los mismos son manejados por personal de enfermería y se prescriben en forma individual. El Dr. Juan Ceretta, abogado que integra el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UdelaR, señalo que, de ser cierto, se estaría ante una grave vulneración de los derechos de los menores recluidos. El experto recordó que ya hay un precedente en el que se debió presentar un recurso de amparo por el uso abusivo de ritalina en los menores privados de libertad. Ceretta señaló que tiempo atrás la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó el cierre del Centro de Máxima Contención y el traslado de los internos a otro sitio. El pedido se rechazó argumentó la imposibilidad, por razones presupuestarias. Ceretta señala que ese argumento es el mismo que se emplea para rechazar el realojo de reclusos del Módulo 8 el Comcar. En ese sentido, recordó que los presos “están privados de su derecho a la libertad ambulatoria”, pero “no de todos sus derechos”. Por su parte Fulco negó terminantemente que esto sea una práctica autorizada: “Esto no está permitido durante mi gestión. Será una práctica de otros tiempos. El directorio accionará como siempre lo hemos hecho ante cualquier circunstancia que atente contra la salud los derechos de los adolescentes”, expresó. Fulco, quien dijo que los afectados se encuentran en buen estado de salud, aseguró que en el INISA “los psicofármacos son administrados por personal de enfermería, solo para quien lo necesita, por indicación médica”. En diciembre de 2018, luego del suicidio de un chico de 17 años en el Centro de Máxima Contención, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) exigió su cierre, siguiendo recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). El centro fue definido por la INDDHH como muy poco alentador para cualquier idea de rehabilitación, ya que se trata de una estructura edilicia oscura, con escasos lugares de ventilación y espacios recreativos y con una “fuerte impronta punitiva que lo convierte en un lugar absolutamente inadecuado para albergar adolescentes”.