Aplicaciones de transporte personal, reparto de comidas y ahora monopatines: La precarización labora

Trabajadores denuncian a nueva empresa de monopatines que funciona en Montevideo.

La empresa mexicana Grin, que arribó a nuestro país con el servicio de los monopatines que habitualmente se pueden ver en distintos barrios de Montevideo, está siendo denunciada por sus trabajadores debido a las condiciones “extremadamente precarias” de salud y seguridad de los empleados de la “bodega”, lugar donde casi cien personas cumplen con las tareas de mantenimiento y carga de los vehículos. Grin, brinda el servicio de monopatines compartidos en base a estaciones que se ubican en diferentes puntos de la ciudad y que se pueden alquilar a través de una aplicación que está disponible tanto para celulares con sistema Android como para iOS. Al ingresar a la App, el usuario ve donde hay monopatines disponibles y la forma de acceder a ellos. Tiene un costo de $19 para destrabarlo de la estación donde se encuentra y se cobra $4 por cada kilómetro recorrido. El usuario toma el monopatín de uno de los 300 lugares donde se encuentran disponibles y lo puede devolver en cualquiera de los otros. Actualmente hay unos 200 vehículos a disposición y el horario habilitado para su uso es entre las 8 y las 20 horas. A su vez, Grin tiene un acuerdo con la empresa de envíos Rappi, por la cual los usuarios pueden solicitar que se les entregue un monopatín en el lugar donde se encuentran. Grin está disponible en otras ciudades de América como Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro, Florianópolis. En nuestro país más de 35 trabajadores llegaron y se fueron de la empresa debido a las pésimas condiciones de trabajo. Así lo denunció en el Parlamento una delegación de la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios (Fuecys). La mayoría de los casi 50 empleados no depende, en los hechos, de Grin. Su vínculo es con Manpower, la agencia especializada en la provisión de recursos humanos. Hasta hace poco, Grin funcionaba en un local cercano a la Facultad de Medicina. Los trabajadores denunciaron que se trataba de un garaje, sin ventilación, en el que debían desempeñarse unas 15 personas por turno. El local, subarrendado y en un subsuelo, poseía una única entrada y carecía de ventanas. Tampoco de instalaciones sanitarias. El único recurso era un baño químico, que según los testimonios jamás era limpiado. El principal problema de los planteados por la denuncia, presentada ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, fue relativo a la seguridad en la que debían desempeñar su trabajo, en particular recargar las baterías de los vehículos. Según los funcionarios podía haber varios cientos de monopatines cargándose al mismo tiempo, con alargues extendidos a lo largo del piso donde corría el agua. Las baterías, dicen los trabajadores, se recalientan con facilidad. Muchas comienzan a largar humo tóxico mientras son cargadas, y deben ser desconectadas para que no se incendien. Denunciaron que a los empleados no se les provee de uniforme ni de zapatos especiales para el trabajo. Además de la carga y el mantenimiento de los monopatines, los empleados se encargan del recogimiento de los que quedan fuera de las “estaciones” designadas para reubicarlos, y en este sentido el dirigente llamó la atención sobre la falta de fajas para el cuidado, teniendo en cuenta el esfuerzo físico y las “fallas” en los vehículos con los que los recogen. Los trabajadores apuntan contra el modelo de precarización laboral que representan firmas como Grin, que vienen al país, se instalan y generan un compromiso con el consumidor a partir de las facilidades que significa su uso. Fuecys intenta ahora corroborar el nuevo emplazamiento de la empresa debido a que luego de una inspección de Bomberos, debió abandonar el local que utilizaba. La mayoría de los trabajadores que pasaron por Grin son menores de 30 años. Los salarios rondaban los 25 mil pesos nominales, que podía llegar a los 30 mil en el caso de los encargados. La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados resolvió convocar a la empresa para que efectúe sus descargos. También al Ministerio de Trabajo y a la Inspección General de Trabajo. Además, se procura saber si la Dirección Nacional de Medio Ambiente conoce y hace un seguimiento sobre el destino que se le da a las baterías descartadas, altamente contaminantes.