Columna: Una historia que no debería ser

Aníbal Terán Castromán

Julio de los Santos es un trabajador arrocero que enfermó gravemente y según varias opiniones médicas muy calificadas, su enfermedad es “ocupacional”; es decir, resultado del tipo de trabajo que realizaba. Estuvo expuesto a sustancias químicas comúnmente llamadas “agrotóxicos” y como resultado desarrolló dos patologías denominadas Fibrosis pulmonar y Micosis pulmonar. Posteriormente su salud se complicó debido a diabetes y problemas cardíacos, reumáticos y hepáticos, entre otros. Lo más reciente es el pase al psiquiatra, pues está profundamente deprimido. Gracias a la intervención de la INDDHH, y a la ayuda de algunos amigos, pudo irse de Arrozal 33 siguiendo el consejo de sus médicos, pues seguir viviendo allí estaba agravando su delicada situación. Actualmente vive con su familia en Ciudad del Plata, departamento de San José, ocupando una casa alquilada por el Ministerio de Vivienda por el plazo de dos años, de los cuales restan algunos meses. Julio se pregunta qué pasará cuando venza el contrato, pero no encuentra respuesta por ahora. El Banco de Seguros le provee solo parte de la medicación, por lo que adquirir el resto de los medicamentos le absorbe mucho de sus ingresos consistentes en una pre-jubilación que no alcanza a doce mil pesos por mes. El MIDES le otorgó una tarjeta que no llega a mil pesos mensuales. La mutualista le entregó un equipo que lo ayuda a respirar cuando entra en crisis. Ese equipo deja de funcionar cuando baja la tensión eléctrica en su barrio, cosa que sucede muy a menudo. En esos casos tiene que prender un ventilador frente a su cara para poder respirar porque se ahoga. Sería largo detallar las penurias cotidianas de este trabajador, pero son de imaginar y realmente conmueven. Intentando obtener una indemnización, le inició juicio a la empresa en la que trabajaba. El curso del pleito ha llevado las cosas a que sea necesaria una pericia por parte de un equipo de médicos que deberá valorar el estado de salud del demandante y el origen de sus afecciones. En estos casos la parte interesada debe hacerse cargo de los honorarios, que son bastante altos y por supuesto no están al alcance de Julio, por lo que inició un trámite para ser auxiliado por el Estado, el que está en curso y demora la realización de esa pericia. ¿Cuánto tiempo se necesita para comprobar que alguien no tiene los medios para pagar los costosos honorarios de los tres expertos cuya opinión se requiere en este caso? Lamentablemente es demasiado, y su extensión no hace más que beneficiar a la parte demandada. La historia de Julio es un ejemplo de lo que no debería pasar. Ningún trabajo debería afectar la salud, los medicamentos no deberían ser tan costosos, el periplo por los consultorios médicos no podría ser tan agobiante, el sistema judicial no podría demorar tanto en resolver un caso, los honorarios profesionales no podrían ser tan altos, una pre-jubilación no podría ser tan exigua y el MIDES no podría ser tan insensible. Seguramente el lector podrá agregar a esta lista más ítems. A los que conocemos y apreciamos a Julio y su familia, nos parece que todo lo que pudiéramos hacer por ellos es poco. Nos preguntamos cuántos más habrá como ellos deambulando en los consultorios y en los Juzgados tratando de superar los obstáculos burocráticos de un sistema tan evolucionado y tan ágil para otras cosas pero tan lento e ineficiente cuando se trata de la salud de un trabajador y el bienestar de su familia. Lo que nos queda es seguir promoviendo el cambio que se necesita para humanizar este mundo tan mercantilizado en el que se han invertido las prioridades de tal modo que la vida, debiendo ser el valor supremo, está condicionada a recursos económicos y cuestiones burocráticas. ¡Fuerte abrazo para Julio, Susana, sus hijas y demás miembros de esa familia que está viviendo una historia que no debería ser!