Columna Mano dura con ellos

Aníbal Terán Castromán*

Para hablar de lo que comúnmente se entiende como “inseguridad” -robos, homicidios, etc.- tenemos que preguntarnos de dónde salieron la mayoría de los delincuentes que están en las cárceles. Según el último informe anual del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Uruguay es uno de los países con mayor número de presos por habitante, ocupando el lugar 28 en 222 países, con una tasa de 321 presos por cada 100.000 habitantes. El informe más reciente del departamento de Sociología del Ministerio del Interior indica que la inmensa mayoría de los presos son jóvenes: el 35% tiene entre 18 y 25 años y el 34,5% tiene entre 26 y 35 años de edad. Es decir que casi el 70% son menores de 35 años. Solo el 26,6% culminó su educación primaria. Al respecto dice el Comisionado Petit en su informe más reciente: “Es alarmante la cantidad de analfabetos que existe en el sistema penitenciario. No saber leer y escribir o hacer cuentas es una carencia que compromete la relación con los demás”. Volviendo a informe del MI, “el 16,6% tuvo su primer trabajo antes de los 14 años y el 34% entre los 14 a 17 años. La mayoría por tanto, empezó a trabajar siendo menor de edad. Es importante señalar que un 16,2% de los reclusos declara que nunca trabajó o nunca tuvo un trabajo estable. Quienes afirman que tenían un trabajo, eran principalmente asalariados del sector privado (42,1%)”. “La mayoría de los encuestados (47,7%) que afirmaron estar bajo el efecto de una droga cuando cometió el delito había consumido pasta base y el 29,9% se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se destaca que un 11,2% combinó varias drogas, ya sea alcohol con estupefacientes o psicofármacos o más de un tipo de estupefacientes”. La mayoría (43,9%) de quienes señalan que no son primarios han estado recluidos 4 veces o más. El 36,9% es la segunda vez que se encuentran en prisión y para el 18,4% es la tercera vez. Más de uno de cada cuatro (25,8%) de los reclusos ha estado internado en un hogar del INAU o establecimiento similar en su infancia o adolescencia. Más de cuatro de cada diez reclusos (43,5%) tiene familiares o amigos con antecedentes penales. El 23,2% de los reclusos indica que no recibe visitas, el 17,1% a lo sumo una vez cada 15 días. Leídos estos datos hay conclusiones muy evidentes: la mayoría de los delincuentes pertenecen a la franja más pobre de la sociedad, cuentan con muy escasa educación, no pudieron acceder a un trabajo estable con sueldo decoroso, suelen provenir de familias con antecedentes delictivos, pasaron por el INAU o similares, tienen escasa contención afectiva y consumen drogas. ¿Qué nos dice este diagnóstico? Que no podemos aspirar a mejorar la seguridad sin combatir la pobreza, la falta de educación, de trabajo, de contención afectiva y la drogadicción. Por eso el capítulo del programa de la Unidad Popular dedicado a la Seguridad Pública no propone aumento de penas, militares en las calles, allanamientos nocturnos, gatillo fácil. ¿Qué propone? Veamos: Empieza por reivindicar la función policial con la mejora del nivel educativo de la policía para que todos los Agentes tengan al menos tercer año de secundaria aprobado y los Oficiales Superiores educación terciaria. Declara su trabajo de alto riesgo y especialización, garantizando todo el apoyo psicolaboral necesario, con sueldos y condiciones de trabajo adecuadas, teniendo los trabajadores policiales participación activa en el diseño de las políticas de seguridad. Señala luego como prioridad bajar la reincidencia delictiva creando el Instituto de Asistencia al Liberado, facilitando el aprendizaje de oficios y tecnicaturas en las cárceles, acompañando luego el proceso de reinserción social. Propone crear una figura similar a la del Comisionado Parlamentario para los menores privados de libertad, elevar la capacitación y jerarquizar la tarea de los trabajadores del INISA, integrar más activamente a la familia del privado de libertad atendiendo sus carencias en todas las intervenciones sociales. El énfasis muy especial del programa está en combatir el delito a gran escala, empezando por castigar con mano dura e implacable a los políticos corruptos, eliminando el secreto bancario tras el que se ocultan y los fueros que les dan impunidad, desenmascarando sus conexiones con el alto empresariado que les unta las manos con coimas. ¡Ahí si hay que pegar duro sin contemplaciones! También hay que terminar con los privilegios de las cárceles de lujo donde están alojados los pocos de estos corruptos que se ha podido procesar, quienes deben ser enviados a cárceles comunes. Respecto a los militares condenados que tienen su cárcel VIP llamada “Unidad 8” ubicada en la calle Domingo Arena que parece un confortable hotel y no un lugar de reclusión, se propone su inmediato cierre y el envío de sus alojados a cárceles comunes. El programa completo de la UP puede leerse en www.unidadpopular.com. Es recomendable su lectura para ampliar detalles de las medidas aquí resumidas y conocer otras que las complementan en un programa de gobierno que claramente se diferencia de resto de las ofertas electorales, proponiendo en el tema Seguridad Pública, mano dura para quienes se la merecen.

(*) Treinta y Tres, abril 14 de 2019 Vocería Partido Humanista, integrante de Unidad Popular. 092 916 334, ateran@adinet.com.uy

(Adjunto frase de Kofi Atta Annan (Kumasi, Ghana; 8 de abril de 1938-Berna; 18 de agosto de 2018), un economista ghanés, séptimo secretario general de las Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 2006.)