Se vienen las elecciones y el FA lo sabe

Declaración de la Comisión de DDHH del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sobre los últimos acontecimientos en torno a las FFAA y los desaparecidos: Luego de que el diario El Observador hiciera público el contenido de las actas del Tribunal de Honor en relación a las conductas del coronel Jorge Silveira, el teniente coronel José Nino Gavazzo y Luis Maurente, el presidente Vázquez cesó el pasado lunes al ministro de Defensa Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a los tres generales que integraron el Tribunal de Honor: entre ellos el hasta ese momento actual comandante en jefe del Ejército, José González, el actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y al general Gustavo Fajardo. La información da a conocer que Gavazzo es responsable de la tortura, muerte y desaparición de Roberto Gomensoro Josman (1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García, militantes de izquierda, mártires de la última dictadura fascista. Según sus propias declaraciones, el Tribunal de Honor no entiende que estos actos afecten el honor de las fuerzas armadas ni creen necesario enviar estas declaraciones al poder judicial. Por su parte el Gobierno intentaba hacer la vista gorda omitiendo los hechos, ya que las actas fueron firmadas por Tabaré Vázquez. Esto refleja sin lugar a dudas de qué forma convive la impunidad dentro del Estado uruguayo, en donde flagrantes violadores de los Derechos Humanos, si no es que siguen teniendo “el honor” de seguir en sus cargos, cobran onerosas jubilaciones que cualquier jubilado uruguayo ni siquiera podría imaginarse cobrar. A su vez, vuelve a colocar arriba de la mesa la clara necesidad de depurar las Fuerzas Armadas de sus elementos fascistas, aunque lejos de ello se promueve que gente como Manini Ríos, conocedor de estos y otros hechos, hagan campaña política libremente y se postule a la presidencia. Por otro lado, sigue durmiendo en los cajones del Parlamento el proyecto de ley presentado en 2015 que plantea la anulación de la nefasta Ley de Caducidad permitiendo que hechos como estos sigan siendo ocultados y torturadores, asesinos y violadores sigan impunes con la complicidad del Estado uruguayo. Mientras tanto, no vemos grandes avances por una investigación seria de los pocos datos con que se cuenta. Faltan recursos, falta personal, roban a los investigadores y contaminan los escenarios. No podemos olvidar que el GIAF es robado y sus investigadores amenazados y quedó impune; y vaya paradoja: la empresa encargada de su seguridad era nada más y nada menos que propiedad de Gavazzo y Silveira. Saludamos las destituciones pero no olvidamos que a pesar de tres gobiernos con mayoría parlamentaria por parte del Frente Amplio, muy poco se ha avanzado en este asunto. Oh casualidad, en un ambiente de impunidad campeante, los hechos se dan en un año electoral convirtiendo todo esto en un gran artificio con el cual el gobierno intenta hacer creer que actúa en uno de los temas más sensibles para la memoria de nuestro pueblo. También debemos tener en cuenta, que serían estos fascistas que el gobierno se ha negado sistemáticamente a depurar a quienes ahora pretenden encargar los asuntos de seguridad ciudadana, mientras siguen creciendo los presupuestos para Defensa y el Ministerio del Interior lo que obliga a todo el movimiento popular a militar contra la propuesta de “vivir sin miedo”. ¡Basta de circo, juicio y castigo ya! ¡Hay que anular la ley de caducidad! ¡Depuración inmediata de los elementos fascistas de los cuerpos de seguridad! ¡Juicio, Verdad y Castigo! 9 de Abril, 2019