Editorial: Los derechos humanos, ni tan-tan ni…

El hasta hace horas edecán de la casa presidencial y aun más recientemente nombrado Comandante en Jefe del Ejército y sustituto de los ex Manini Rios y González, el General Claudio Feola, no reconoce a los desaparecidos por la dictadura; y con total desparpajo dice sobre los hechos del terrorismo de Estado: “No los voy a repudiar, porque no sé si están confirmados o no”. Y se explaya: “Yo sé que los familiares están muy dolidos, todos estaríamos dolidos, pero esa respuesta yo no se la puedo dar. Esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas en la cuáles… yo no estoy en condiciones, porque no sé si es real o no es real (¡?). Acá hay gente muy antigua, capaz que hasta algún test psicológico (¡?) habría que hacerle porque no sabemos si están en su real consciencia. No los voy a confirmar, porque no sé si es real o no”. Caben las preguntas, ¿otro que no leyó las actas?, ¿recién arranca y la metió hasta el cuadril? No llegó a entibiar el sillón y ya se equivocó, o se le escapó, o en realidad no se aguantó… O simplemente dio una señal, otra más por si hiciera falta, y más allá de la posterior marcha atrás… dejó clara la “continuidad” y la “vigencia” de la impunidad que apadrina y protege a los militares y al terrorismo de Estado. Para nosotros es claro que el terrorismo de Estado empezó antes de la dictadura, y que desde el gobierno de Pacheco en adelante, el Estado recurrió a la represión del movimiento popular violando los derechos humanos de miles de compatriotas. Con miles de torturados, cientos de muertos y desaparecidos, sin hablar de las decenas de miles de perseguidos antes y durante la dictadura militar, la ausencia real del Estado de derecho permitió que los crímenes de lesa humanidad quedaran sin castigo. O sea que de la mano de este proceso y con la complicidad del sistema político, de sus principales partidos políticos y de sus representantes parlamentarios, se instala la impunidad para los criminales. Pero su prolongación en la práctica institucional y política de las últimas décadas, generan como consecuencia eso que se ha dado en llamar: la cultura de la impunidad. Esta cultura hoy en día y pese a 14 años de gobierno progresista del Frente Amplio, es una realidad naturalizada, funcional y legitimadora del sistema de explotación, opresión y dominación actual. El pacto de silencio que encubre los crímenes de la dictadura, se consumó en el Pacto del Club Naval; pero así como están las cosas, es posible y necesario rastrear sus raíces más atrás. Raíces de las que no pueden ser ajenas el apoyo a los comunicados 4 y 7 en febrero de 1973 por el Partido Comunista y antes incluso, con las “negociaciones” de la dirección del MLN con los militares en plena represión en el año 1972. Hoy hay un solo y único camino para empezar a salir de esta verdadera aberración histórica… ese camino pasa, o más bien comienza de forma ineludible por la anulación, la derogación o como quieran, de la ley de caducidad; del juicio y castigo a todos los terroristas de Estado y de conocer la verdad sobre nuestros compañeros desaparecidos. No hay proyecto histórico, verdaderamente popular, que pueda construirse sin este punto de partida.