Parlamento: Presentan proyecto de ley en defensa de la apicultura

El próximo miércoles 10 desde las 18 horas en el Edificio José Artigas, anexo del Palacio Legislativo, se realizará la presentación pública del proyecto de ley para la prohibición de los agrotóxicos causantes de la mortandad de abejas.

El proyecto, que lleva la firma de los Diputados Eduardo Rubio (26 de Marzo - Unidad Popular) y Darío Pérez (Liga Federal – Frente Amplio), busca la prohibición del uso agrícola de los plaguicidas neonicotinoides, del clorpirifos y del fipronil. En la “exposición de motivos” del proyecto de ley, se señala que “desde hace poco más de una década y por diferentes razones, se viene registrando una muerte masiva de abejas a escala mundial. La desaparición o reducción de estos seres podría suponer una crisis medioambiental y de la cadena alimenticia de graves consecuencias sociales y económicas”. Se agrega que “Existen en el mundo más de 22.000 especies de abejas silvestres. De todas ellas, sólo el 2% se encarga de un 80% del trabajo de polinización de cultivos. Entre tantos otros polinizadores las abejas son las que mejor hacen este trabajo, en gran parte gracias a un impulso biológico y debido a su morfología. Sin ciertas especies de abejas no habría polinización, es decir, la producción de granos, vegetales y frutas estaría en cuestión, así como, los pulmones del reino vegetal. La abeja es vital para la biodiversidad del planeta, en particular, las que producen miel”. En el proyecto de ley que será presentado el próximo miércoles se agrega que en “Uruguay hay dos tipos de abejas melíferas (que producen miel): la europea que ingresó al país en 1834 traída por Bernardino Rivadavia (apicultor) y la africanizada, que penetró escasamente avanzada la segunda mitad del siglo pasado, desde Brasil-. Después hay 50 especies más que no producen miel pero sí polinizan. Los análisis en nuestro país se centran en las abejas melíferas, que son las que están más controladas por el trabajo de quienes se encargan de extraer miel”. Desde la bancada de Unidad Popular se señala que “Según el Sistema Nacional de Trazabilidad de los Productos Apícolas (MGAP) en la zafra 17/18 se produjeron unas 9.200 toneladas de miel de las cuales unas 4.000 toneladas no habían podido ser comercializadas a fines de setiembre de 2018. De acuerdo al Registro Nacional de Propietarios de Colmenas del año 2018, 2.545 propietarios de colmenas realizaron la declaración jurada y fueron aprobadas. Este dato incluye a los propietarios que ingresaron por primera vez al Registro Nacional de Propietarios de Colmenas y aquellos que actualizaron su declaración jurada (en fecha y fuera de fecha), los cuales trabajan 542.221 colmenas a nivel nacional”. “El modelo agroindustrial desarrollado en los últimos 15 años, con un uso y abuso extensivo e intensivo de insecticidas y herbicidas, sin control de los eventuales impactos en la biodiversidad vegetal y animal ni en la salud humana, se ha asociado a un deterioro de la productividad de las colonias de abejas. Desde la zafra de 2005 a la zafra 2014, se produjo un estancamiento de la productividad, alcanzando 22 kg de miel al año por colmena. La situación se agravó en las últimas tres zafras donde se alcanzó sólo 17, 17 y 16 kg de miel por colmena, respectivamente. En 2015, la Sociedad Apícola Uruguaya calculó un costo de producción de 42 dólares americanos al año por colmena. Actualmente, el apicultor que consigue vender su producción a lo sumo logra 1,60 dólares americanos por kg de miel. En estas condiciones, la apicultura está condenada a una retracción masiva, con la consiguiente pérdida de la principal función de las abejas: la polinización”. “Desde el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable se explica que en 2005 se empezó a detectar la desaparición de colmenas en Estados Unidos y Europa; poco después se empezó a notar en Uruguay. En el año 2013 se creó el grupo de trabajo para monitorear lo que estaba pasando”. “La Asamblea Nacional de Apicultores del Uruguay denunciaba que las abejas melíferas y otros polinizadores silvestres son “víctimas primarias” del modelo agroindustrial, como consecuencia del cóctel de fungicidas y plaguicidas vertidos, “generando un desequilibrio de dimensiones insospechadas”, se fundamenta en el proyecto de ley.