22 de marzo – Día Mundial del Agua Terminemos con este modelo contaminante y privatizador Aún pode

Por Darío Camilo Perdomo Responsable Político del 26M–UP en San José

Tomado como propuesta de Naciones Unidas a partir de 1993, el día 22 de marzo de cada año fue declarado como “Día mundial del agua” como una forma de llamar la atención sobre la importancia de un recurso básico y fundamental como es el agua dulce. Uno podría llegar a preguntarse ¿en verdad para qué sirven los días mundiales o internacionales?, y en general podría responderse que sirven para generar actividades que llamen a sensibilizar o para ayudar a generar conciencia sobre determinados asuntos importantes aún pendientes y que están sin resolver por parte del sistema político. El agua dulce es el requisito más importante para la humanidad y está presente en todas las actividades, es esencialmente un recurso fundamental para la vida. No en vano las principales civilizaciones desde la más remota antigüedad se aglutinaron y desarrollaron junto a los grandes ríos y lagunas, donde obviamente el agua potable fue la condición previa para que ello sucediera. Hoy la escasez de agua ya afecta a todos los continentes y con el aumento de la población en el último siglo, su uso a nivel mundial también ha crecido. Algunas cifras de la FAO en el año 2007 advertían que casi la quinta parte de la población mundial -unos 1.200 millones de personas- vivían en zonas de escasez y casi la cuarta parte de la población mundial -unos 1.600 millones de personas- enfrentaba escasez económica de este recurso. Datos de UNESCO para 2018 nos revela que 3.600 millones de personas, esto es casi la mitad de la población mundial, ya vive en zonas potencialmente escasas de agua al menos un mes al año. En un escenario donde un tercio de los sistemas del agua subterránea más grandes del mundo ya están en peligro, en donde sigue aumentando la población en grandes áreas urbanas, con el cambio climático que es una realidad y que ya está instalado, la escasez de agua en lugares áridos y semi-áridos se acrecentará y desplazará en un futuro no muy lejano a millones de personas. El agua está relacionada además con la parte económica y político social, es un factor clave para mitigar el hambre, epidemias, migraciones y desigualdades, pero lamentablemente en los últimos años como consecuencia de las prácticas de grandes corporaciones que imponen determinados “modelos productivos”, en América Latina, África y Asia la contaminación del agua en general ha aumentado, se ha perdido el 70% de los humedales naturales, el nivel de lagos y ríos con floraciones nocivas va en aumento, por estas mismas prácticas la erosión del suelo de las tierras de cultivo arrastra millones de toneladas de tierra cada año, reduciendo la capacidad del propio suelo para regular el agua y los nutrientes y entonces cantidades importantes de fósforo, nitrógeno y nutrientes van a parar al agua, afectando la calidad de la misma. Toda el agua dulce depende en definitiva de un funcionamiento saludable de los ecosistemas, donde los humedales, los bosques, las praderas naturales son una parte esencial del ciclo global del agua. En nuestro país el artículo 47 de la Constitución consagra la protección del medio ambiente como de interés general, el agua como un recurso natural esencial para la vida y el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental; anteponiendo de esta forma razones que son de orden social antes que económicas. Lamentablemente la nefasta Ley N° 19.553, conocida como Ley de Riego, que implica la privatización real de este recurso natural, que fue aprobada por el partido de gobierno y la mayoría de los partidos de la oposición salvo la Unidad Popular, vulnera este derecho que fue consagrado por el pueblo uruguayo en el plebiscito de 2004, en donde se estableció que las aguas superficiales, así como las subterráneas, integran un ciclo hidrológico y constituyen un recurso unitario que deben estar subordinados al interés general y deben formar parte del dominio público estatal. A contrapelo de este criterio, en un marco creciente de políticas privatizadoras y entrega de los recursos naturales, esta Ley se alinea con la expansión del predominio creciente del “agronegocio”, de los monocultivos transgénicos, de la extranjerización de la tierra, atenta en definitiva contra los pequeños productores, la soberanía nacional y el medio ambiente en general. De igual manera no existe, aunque hay algunos instrumentos, políticas adecuadas para instrumentar y desarrollar un verdadero Uruguay productivo y solidario con su gente. Ni tampoco los organismos que están destinados a oficiar un control mínimo del medio ambiente para que lo hagan en forma fehaciente, ya que en general son un saludo a la bandera, porque pasa reiteradas veces que no tienen recursos económicos o no tienen recursos humanos para cumplir con la función que tienen encomendada y por lo tanto ni siquiera se da entonces alguna sanción mínima de orden económico que generalmente llega tarde mal o nunca. Cambiar este modelo es posible y necesario a partir de un cambio en el modelo estructural que atienda a la justicia social y a la soberanía alimentaria, reorientando el agro, planificando y fomentando otras formas de producción amigables con la naturaleza. ¡Hay otro camino!