Esta boca es de todos Cortando el hilo por el lado más fino

Por Liggia Giordano Carbone

ARTIGAS

En el departamento de Artigas, a mediados de enero una mujer denunció a su ex pareja por violencia doméstica. A raíz de esta denuncia, se dispuso que el hombre no se acercara a menos de 500 metros ni que se comunicara con ella por 180 días. El hombre no respetó esta medida en varias ocasiones y un mes y medio después asesinó a la mujer. Este femicidio se da en el contexto de la gran propaganda que se le hace a la ley de violencia de género vigente desde enero de 2018 y que no se le ha dado el suficiente presupuesto para aplicarla debidamente. Y lo que es aún peor, con el extendido discurso de que las medidas punitivas son las únicas posibles para atacar el problema de la violencia sin reconocer este problema como algo estructural y multicausal. Es por esta razón que el caso del femicidio en el departamento norteño tuvo consecuencias negativas para las juezas que actuaron en él. El lunes pasado se conoció que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) separó de su cargo a las dos juezas -de titular y de feria- que participaron del caso. La ministra de la SCJ, Bernadette Minvielle, considera que éstas no procedieron correctamente y cometieron una falta gravísima. E inclusive el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había criticado el desempeño de ambas. A las magistradas se les inició un proceso disciplinario con retención de haberes por el 50% y se investigarán sus actuaciones con referencia al femicidio. Sin embargo creemos que esta resolución es parcialmente correcta en la medida que la Justicia debe autorregularse y apuntar siempre a subsanar los posibles errores que cometa. Pero no sólo en los casos de violencia de género, sino en todos aquellos casos donde hay fallos y procesos erróneos: presos sin condena, inocentes presos, delincuentes libres. Y la mayoría de las veces esto sucede por la falta de recursos materiales, económicos y humanos del Poder Judicial, el menos favorecido de los tres poderes en nuestro país.

LEAL

Durante un operativo en el complejo de viviendas ubicado en Aparicio Saravia y San Martín, el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal fue insultado por los vecinos. Esta acción terminó con varias personas detenidas y otras tantas imputadas con el delito de usurpación y robo de energía eléctrica. “Decile a estos patoteros que pusiste acá en el barrio que no falten el respeto a los niños y a las mujeres”, dijo un hombre mientras se acercaba al jerarca. “Dame una solución; no me tires afuera como ratas. No somos ratas. Laburamos”, afirmó una mujer. Desde hace un tiempo ya, por parte del gobierno se publicita esta manera de combatir la “inseguridad”, con un funcionario bajo el mando directo de Presidencia. Pero para frenar y brindar una solución real a la fragmentación social creciente en nuestro país, no basta con modificar los índices -al menos en los papeles- de la pobreza. Esta es una manera tardía de atacarla y un método insuficiente para combatir la brecha que se ha generado durante décadas de desigualdad en nuestra sociedad.