Serias irregularidades en la Dirección Nacional de Aduanas “Puerto Camacho no existe”

La Asociación de Funcionarios de Aduana amplió denuncia en la justicia acerca del funcionamiento del puerto privado en la cercanía de Carmelo. Las autoridades confirmaron al entregar documentación requerida en amparo a la ley de acceso a la información pública, que no existe resolución alguna de la DNA que habilite a operar Puerto Camacho, tal como lo establece la Constitución de la República a través del Código Aduanero. Los funcionarios de aduanas eran enviados eventualmente por Prefectura a requerimiento del propietario, un empresario argentino amo y señor de la zona del Faro, donde se encuentra Puerto Camacho. Los trabajadores sostienen que ya debería haber sido clausurado, y pretenden que el Fiscal de crimen organizado investigue para echar luz al asunto, establezca las responsabilidades de las autoridades y preservar la integridad moral de los funcionarios.

Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduana, habló este viernes del Puerto Camacho, un puerto privado ubicado en Carmelo, que está funcionando desde hace 14 años sin ningún permiso. El caso tomó estado público durante las denuncias en Argentina de la denominada “ruta del dinero K”, donde el sindicato de aduaneros dijo que allí podría pasar “todo el abecedario” debido a la falta de controles, responsabilidad de la administración del Cr. Enrique Canon. Dijo que no puede funcionar un puerto sin una resolución de Aduana, y a pedido de los trabajadores, la Aduana respondió el 7 de febrero y les entregó una resolución (833 del 2003), que no tiene nada que ver con la Aduana, que dice que el MTOP autoriza el desvío de agua del arroyo Las Víboras para proceder a la construcción del puerto y una resolución del 24 de setiembre de 2018 donde se deja documentada una orden circular interna sobre el puerto Camacho. Pintos indicó que “se dice que funciona a requerimiento de Prefectura”, pero “no existe ninguna resolución que habilite el puerto”. Dijo que la Aduana es soberanía y no podemos hipotecar esa soberanía, por eso presentamos la denuncia judicial y esperamos que la Justicia actúe. “Con fecha setiembre – octubre, a raíz de toda una movida de prensa que hubo con el tema de Puerto Camacho de supuestos lavados de dinero y otras cosas más, el Fiscal Dr. Luis Pacheco, de oficio, abrió una investigación en la cual nosotros nos presentamos -por nota por supuesto- como co-ayudantes”, explicó y fundamento: “Porque queremos salvaguardar primero que nada la integridad moral de nuestros compañeros; queremos que esto de Puerto Camacho se aclare de una vez para que se individualicen las responsabilidades de la Administración y por supuesto las responsabilidades de nuestros compañeros también: queremos que queden salvaguardados en ese sentido”. Se trata de un puerto privado que está lindero a un barrio privado y que forma parte de todo un complejo de Eduardo Cantón, un empresario argentino, que tras denuncias de tráfico de divisas desde la vecina orilla, puso a las aduanas uruguayas en la mira. “Nosotros nos enteramos de la existencia propiamente dicha de este puerto a través de esa movida de prensa”, manifestó el dirigente de los aduaneros y relativizó denominarlo puerto privado: “Puerto privado entre comillas porque ese concepto es muy discutible, no se pueden enajenar costas en nuestro país; la Constitución de la República te prohíbe enajenar las costas”, aseguró. “Se lo podés dar en explotación, pero nunca decir este puerto es de fulano de tal”, aclaró y consideró que a esta altura ya “tendría que estar clausurado”. De todos modos, Pintos reparó que “de la forma en que estaba funcionando, parecía que era solamente de un dueño, del Sr. Cantón, que es el amo y señor de la zona del Faro, que es donde está instalado el puerto”. Por estos hechos Basilio Pintos, secretario general de AFA junto al presidente Roberto Valdivieso fueron a declarar a la justicia de Crimen Organizado: “establecimos ciertos parámetros para darle ciertas guías al Fiscal y asesorarlo en la tecnología que tenemos nosotros como técnicos de aduana”. Pero faltaba una pata: “nosotros con fecha 6 de diciembre (de 2018) le preguntamos a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA): en amparo a la ley de acceso a la información pública dígannos por favor cuál es la resolución donde se autoriza a operar a Puerto Camacho; tiene que haber una resolución, porque la última palabra la tiene que tener la DNA”. El sindicato esperaba la resolución, porque en ella, entre otras cosas, debe notificar a los funcionarios de la existencia de ese puerto, según lo que establece el código aduanero. Sin embargo, las autoridades contestaron el pasado 7 de febrero lo que tenían de Puerto Camacho: “se nos entrega es una resolución (la 833 del 2003) que no tiene absolutamente nada que ver con la Aduana, sino que es una resolución que dice MTOP Puerto Camacho, donde el MTOP autoriza a la Dirección de Hidrografía el desvío de aguas del Arroyo de las Víboras para proceder a la construcción de ese puerto”. Esto ocurrió durante el gobierno de Jorge Batlle, y quien firma es Gabriel Gurméndez, con fecha 4 de noviembre de 2004. “También nos entregaron la ampliación de ese permiso con fecha 3 de febrero 2015, donde el MTOP prorroga por 10 años más el desvío de aguas, es decir la autorización para que siga existiendo ese puerto”. Pero lo relevante, según Pintos, es que lo único que recibieron de la DNA “es una resolución Interna de fecha 24 de setiembre de 2018”, coincidente con los trascendidos públicos en relación a la irregularidad del puerto. “En los considerandos, dice: la necesidad de dejar documentadas las instrucciones oportunamente recibidas por la DNA y comunicadas telefónicamente a la Administración de Carmelo en coordinación con las sedes regionales de vigilancia en cuanto a los controles en las inmediaciones (y quiero que se subraye: inmediaciones) del Puerto Camacho…”. Es decir, la Aduana procede a emitir esta orden recién el 24 de setiembre de 2018. Antes, en todos estos 15 años, nunca hubo nada vinculado a Puerto Camacho. Consultado del conocimiento de este puerto por parte de los trabajadores, Pintos manifestó: “se dice que funcionaba a requerimiento; que si la Prefectura llamaba, iban compañeros funcionarios de Aduana”, y recordó que la Aduana está a 11 kilómetros, donde está ubicada la administración de aduana de Carmelo. Con todo este material que llamó poderosamente la atención al sindicato, volvieron a presentarse en el juzgado para realizar una ampliación de denuncia. “Vemos acá que hay una omisión de la DNA”, fundamentó Basilio Pintos. El sentido común lleva a cualquiera a pensar que se raya una profunda irregularidad: si funciona a requerimiento, ¿las autoridades mandan a un funcionario de aduanas a desempeñarse a un lugar que dice ser un Puerto, sin tener una resolución de la propia DNA que lo autorice? Al respecto, Pintos sentenció: “exactamente eso es lo que queremos que el Sr. Fiscal investigue” porque este pedido de acceso a la información pública “en lugar de echar luz, oscurece más el panorama”. El secretario general de AFA insistió en desenredar el relato y dejar en claro la situación: “Para la Dirección Nacional de Aduanas, Puerto Camacho no existe”. Por este motivo, los asesores jurídicos del sindicato entendían que los funcionarios se podían negar a ir en una medida sindical: “no pueden ir a un lugar que no existe”. De esta reveladora circular del 24 setiembre de 2018 surgen otras irregularidades, advierte Basilio Pintos. En la parte del “dispone”, la orden que da el superior corre desde el 18 de setiembre “¡6 días para atrás!” del primer documento que aparece de la DNA en 15 años. Otro parágrafo dice que en todos los casos se procederá a revisar los bolsos de mano. Si bien “era imposible poner otra cosa” según Pintos, el sindicato tiene documentadas declaraciones en la prensa del Cr. Canon, Director Nacional de Aduanas “donde dice: no se revisan los bolsos de mano”, algo que calificó de “impotable, inllevable e ilegal”, puesto que los funcionarios revisan absolutamente todo de acuerdo a “potestades que nos da la ley 19.276”. Además, todo esto referido particularmente a Puerto Camacho, no tiene lugar en el propio puerto sino tal cual dice el documento en las inmediaciones de Puerto Camacho. “Inclusive no se dice se instalarán los puestos de control”. Si bien estos detalles de los procedimientos aduaneros pueden sonar engorrosos, Basilio Pintos intentó que los lectores puedan comprender el alcance: la DNA tiene una División de Arquitectura (o Infraestructura) “donde uno de los compañeros arquitectos de aduanas, va a corroborar e instalar” con su gente “los equipos informáticos en cada punto aduanero”. Es decir, “instala las cámaras en el salón donde se revisa a los pasajeros e instala las terminales informáticas que tiene que tener”. Estas cosas básicas y lógicas Puerto Camacho no las tiene “porque no existe, no hay ningún papel”. La disposición habla de “las inmediaciones de Puerto Camacho”. Sería ridículo que alguien que tiene un puerto privado donde solo se revisan a sus pasajeros a demanda lo solicitara, pero si convocara a la Aduana para hacerlo los funcionarios no tendrían lugar físico donde operar; tendrían que hacerlo en las inmediaciones. Y en caso de tener que hacer un acta de decomiso o retención, tendría que llevarlo hasta Carmelo para poder proceder. “Vamos en contra de una Zona Aduanera Primaria, que tiene que tener su terminal informática y su cámara. Además los funcionarios estamos controlados por cámaras también”.