Esta boca es de todos Adjudicando responsabilidades

Por Liggia Giordano Carbone

MIDES

El Partido Nacional promueve la creación de una comisión investigadora para analizar varias situaciones irregulares en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El diputado Martín Lema afirma que existen muchos ejemplos de irregularidades en la gestión de la cartera. “Estamos hablando de una gestión plagada de irregularidades, en la que hay una falta de transparencia notoria y, lamentablemente, una postura soberbia por parte de la ministra [Marina Arismendi]”. La cartera, según dijo, tiene 14 pedidos de informes vencidos, sin respuesta. También a partir de un informe de la Auditoría Interna de la Nación, se pueden ver varias observaciones por compras directas y pagos realizados por el ministerio antes de constatar el cumplimiento de la prestación. Inclusive existen varias observaciones del Tribunal de Cuentas y cuestionamientos por firmas de convenios. Otro punto es la contratación de una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención de personas con discapacidad mental y de la ONG Eusebio Vidal para gestionar un refugio en San José, pese a que había sido creada con el propósito de lanzar una radio comunitaria. Sin embargo, desde el Frente Amplio hay resistencia ya que consideran que no existen elementos válidos para llevar adelante la investigadora. No obstante creemos que se debe investigar la gestión del Mides. Y entendemos la intención de los legisladores oficialistas de no dar los votos en el Parlamento, ya que una investigación de este tenor durante el año electoral, perjudicaría grandemente al gobierno. Y tal vez se descubriría que se ha usado esa cartera como eje de movimientos de influencias y amiguismo. O quizá quede al descubierto que las medidas llevadas a cabo no han sido suficientes y mucho menos, han presentado soluciones a los problemas de fondo. Las políticas sociales son muy importantes para mejorar la vida de los trabajadores pero no se deben utilizar aisladas de otras políticas que incidan en la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, al hacerlas con los dineros públicos, se debe ser minucioso al administrarlos y rendir cuentas.

TECHOS

“Un Techo para mi país”, que trabaja en nuestro país desde 1997, compartió esta semana datos sobre la situación de los asentamientos en Uruguay. Esta organización indica que existen 656 asentamientos informales en todo el país, con 60.191 viviendas. Este informe pretende dar cuenta de las características en que se vive, las carencias y derechos vulnerados. También visibilizar las acciones comunitarias organizadas por los pobladores con miras a mejorar la situación crítica. Por ejemplo, los vecinos de Gruta de Lourdes construyeron medio kilómetro de caminería interna para mejorar la conectividad y acceso al asentamiento los días de lluvia. “En Uruguay hay mucho hecho a base de mano y músculo de los vecinos, grupos barriales, comisiones y cooperativas”, según Belén González, directora ejecutiva de Techo Uruguay. Esta realidad deja al descubierto que el problema de la vivienda se ha profundizado y que hasta ahora lo hecho ha sido insuficiente. Los hechos nos muestran que miles de familias viven en condiciones inaceptables. Sin embargo tenemos la certeza de que las soluciones deben provenir del gobierno y no de voluntades puramente individuales. Y mucho menos cuando se trata de la construcción de viviendas de emergencia, de escasa durabilidad y servicios esenciales para la población. Ya que las soluciones concretas deben venir de parte de leyes que garanticen el derecho a la vivienda digna y de calidad.