Columna: Disculpe las molestias, estamos trabajando para… UPM

Esta semana volvió a reunirse el Consejo de Ministros, esta vez en pueblo Centenario en el departamento de Durazno, lugar donde se instalaría la segunda planta de UPM. Un gobierno que a través de esta modalidad, de esta puesta en escena, intenta de alguna manera presentarse como un gobierno de “proximidad” con los vecinos y por tal motivo el día previo las autoridades gubernamentales se entrevistan con las organizaciones sociales que se hayan agendado previamente. Pero en definitiva más que escuchar los reclamos de las mismas, lo que sí en verdad se confirmó es que como sea se construirá el ferrocarril para UPM. Todavía el proyecto para la habilitación de esta nueva planta aguarda por una serie de habilitaciones que aún están en suspenso, aunque desde ya la ministra Eneida De León defendió enfáticamente el proyecto de UPM diciendo que 5 ó 6 funcionarios no lo van a trancar. El gobierno que ha accedido a todas y cada una de las demandas de esta empresa multinacional en un contrato regresivo, inconstitucional, ilegal e inmoral que no tiene precedentes, aunque ya se están advirtiendo impactos negativos a nivel social, económico y ambiental. Para esta oportunidad no estuvo en la discusión ni estuvo en tela de juicio la grave contaminación del agua potable que se está dando, ni tampoco el hecho de la proliferación de cianobacterias que afectaron 500 kilómetros de la costa uruguaya desde Carmelo hasta Rocha; no existió una mínima dosis de autocrítica y mucho menos la posibilidad de renuncia de algún miembro del elenco gubernamental, por el contrario se trató de generalizar la problemática a factores externos, cuando la realidad nos golpea duramente y nos indica que el “Uruguay Natural” se está yendo por un caño. UPM 2 es un retroceso neocolonial, es esencialmente pérdida de soberanía, pero es el rumbo que decidió tomar el partido de gobierno que se ha aferrado a él con uñas y dientes casi como el único proyecto en la agenda, que cuenta sin embargo con la complicidad del partido Nacional, Colorado e Independiente. Este es el “modelo de desarrollo” elegido evidentemente para llegar al “País de primera” en donde el primer latifundista del Uruguay es beneficiado con la entrega de 550 hectáreas en zona rural de pueblo Centenario para la construcción de esta nueva planta. ¿Hacía falta tanta consideración? Puerto libre, zonas francas en puerto de Montevideo, construcción de 273 kilómetros de vías férreas para uso exclusivo las 24 horas los 365 días del año, contrato de compra del excedente de energía eléctrica que se genere a un plazo de 20 años, lo que supone un costo de 1.450 millones de Dólares; la empresa estatal Ancap que le asegura la venta de fuel oil a un tercio de lo que le vende a la producción nacional. UPM demanda además prioridad forestal y que se le asegure 90.000 hectáreas forestadas en las cercanías de esta nueva planta, también demanda que se le asegure el abastecimiento de agua: 1.250.000 litros será el consumo diario. Desde el punto de vista ambiental se establece un alerta, ya que en un río con menos caudal como el río Negro, esta mega planta producirá efluentes tóxicos como fósforo, nitrógeno, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc y en el aire liberará dioxinas, furanos, fenoles, compuestos clorados que contribuirán al deterioro medioambiental. Todos estos detalles son buenos de tenerlos en cuenta porque más allá de todas las cifras que se manejan, lo concreto es que en caso de que ocurra, una vez realizada la nueva planta la cantidad de empleos directos generados será sólo entre 400 y 500. Pero la resolución final de la construcción o no de la planta, más allá de tener todas las demandas satisfechas y todo hecho pronto y terminado, la tomará definitivamente la empresa UPM recién en diciembre de 2019, porque para ella no existe ningún término de obligatoriedad en este “acuerdo”; y esa definición puede depender de los precios internacionales del mercado o si esta empresa consigue algún país más barato o un gobierno más cipayo. Un costo estimativo para el Estado en esta “inversión” de la que ya hemos visto algunos daños colaterales ronda los 5.000 millones de Dólares. Seguimos pensando que invertir en un Plan Nacional de Vivienda Popular, todavía a estudio de la Comisión de Vivienda del Senado, es muchísimo más necesario y urgente ya que generaría puestos de trabajo, además de recuperar la calidad de vida para muchísimos compatriotas; sobre todo teniendo en cuenta la realidad de las cifras recientemente conocidas del censo de asentamientos que a nivel nacional hoy se ubica en un total de 656. Montevideo Canelones y Artigas encabezan esta estadística donde el 86% de las personas que viven es esta situación no cuentan con saneamiento y el 33% carece de acceso al agua potable. Cifras del “País de primera” y de este fantástico “modelo productivo” a todas luces excluyente. ¡¿Cuándo tendrán “voluntad política” para empezar a solucionar verdaderamente lo prioritario, lo esencial?! ¿O será que lo esencial seguirá siendo invisible a los ojos de esta gente?