Crecen los reclamos de la población y los trabajadores organizados: ¿Qué pasa con la atención en Sal
- La Juventud Diario
- 12 feb 2019
- 3 Min. de lectura

El trabajo que los integrantes de la Comisión Investigadora que en la Cámara de Diputados se formó a instancias del Diputado Eduardo Rubio (26 de Marzo- Unidad Popular) durante el año 2018, entre otros aspectos dejó en evidencia las graves irregularidades que con conocimiento del directorio de ASSE encabezado por la Dra. Susana Muñiz, se llevaban adelante en varios centros de salud, prácticamente de todo el país.
Las irregularidades en los centros de salud, algunos locales, otros departamentales, tuvieron como protagonistas a profesionales de la salud afines en su mayoría a la filiación política de la ex Directora de ASSE, integrante del Partido Comunista - Frente Amplio. Y precisamente fue a instancias del Frente Amplio a nivel parlamentario, que la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en ASSE y la estafa del Fondo Nacional de la Salud - Fonasa-, no pudo continuar su trabajo. Esto llevó a que varios de los casos incluidos en la investigadora y que no pudieron ser suficientemente esclarecidos fueran presentados a la Justicia. Todo este proceso que continúa abierto, tuvo a fines del año 2018 una instancia trascendente cuando el Diputado Eduardo Rubio, interpelara al Ministro de Salud Dr. Jorge Basso, al Dr. Marcos Carámbula (Director de ASSE) y al actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, por su gestión en el período anterior de gobierno, como Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social. La interpelación a los tres representantes del oficialismo no tuvo consecuencias, pero puso nuevamente en primer plano la pésima gestión ministerial. El 14 de diciembre y mientras transcurría esa instancia parlamentaria, se conoció que el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó el procesamiento sin prisión del ex director del Hospital de Salto, Marcos García, por conjunción del interés personal y público por haberle vendido servicios de ambulancias de su propia empresa -Siemm Srl- al centro de salud que él mismo dirigía. El Dr. García tenía como socios a los también médicos Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, que no fueron procesados. Los partidos de la oposición resolvieron llevar ante la justicia de Crimen Organizado todo lo actuado ese año en la comisión investigadora de ASSE y lo vinculado a la estafa al Fonasa. Pero los reclamos por las carencias en la gestión de la asistencia pública de salud continúan. El recorte de servicios que desde hace un tiempo se aplican en el ex Hospital Filtro y la realidad de la Policlínica Monterrey, en Paso Carrasco, cuyos servicios también han sido notoriamente recortados, generan el reclamo en el primero de los casos de usuarios y funcionarios médicos y no médicos y en la Policlínica Monterrey, el inicio de una campaña de recolección de firmas llevada adelante por los usuarios. El médico cardiólogo Daniel San Vicente, con años de atención en el ex Hospital Filtro viene denunciando que desde el año 2015 las autoridades de la salud pública llevan adelante el cierre de servicios en ese centro de salud. Porque cerrar algo que funciona y funciona bien, dijo San Vicente, quien junto a Miriam Burgueño representante de los usuarios convocaron a participar en las acciones que comenzaron para informar a la población sobre el cierre del Filtro. A diario a las 10:30 y 15:30 se realizan asambleas informativas en el mismo centro y el miércoles 13 se concentrará a las 12:30 en la puerta para manifestar hasta la sede de ASSE donde aspiran a ser recibidos por los integrantes del Directorio. Por otra parte el desmantelamiento de la policlínica Monterrey, en Paso Carrasco, el cierre de la emergencia, que ahora se atiende en una institución privada de la zona, la falta de Dirección en la sede de la policlínica y de una ambulancia, son parte de los problemas que afectan a los más de 15.000 usuarios. La Dirección de la policlínica se ejerce desde la policlínica de La Cruz de Carrasco en Montevideo. En los últimos días Karenht Núñez y Cecilia Graña, usuarias de la policlínica Monterrey, iniciaron una campaña de recolección de firmas en respaldo a una nota que será entregada a las autoridades del Ministerio de Salud Pública.
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