Columna: Hay que aprender del error

Por Aníbal Terán Castromán Partido Humanista- UP

Según un informe muy detallado de la OEA realizado en 1996, que está disponible en su página web, en Brasil aproximadamente el 1% de la población controlaba el 47% de todas las propiedades inmuebles del país. Existían en ese momento exactamente 10.735 latifundios de más de 80.000 hectáreas cada uno. Ese fenómeno de concentración de capital en tan pocas manos no ha cambiado sustancialmente desde entonces. Sin embargo, la Constitución de Brasil dedica un capítulo a la Reforma Agraria. Su Artículo 184 dice: “Es competencia de la Unión expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, el inmueble rural que no está cumpliendo su función social”. Según el informe ya citado, Brasil poseía en aquel momento unas 120 millones de hectáreas de tierra productiva no aprovechadas y por consiguiente constitucionalmente aptas para la expropiación. También la Constitución brasileña prevé el reconocimiento de la propiedad de la tierra de los “quilombos”(1). Estos son territorios ocupados originariamente por negros esclavos que huyeron en búsqueda de libertad. Se estima que actualmente el 92% de las comunidades “Quilombolas” reconocidas en Brasil -entre 1.300 y 3.000 según distintas fuentes- no poseen títulos sobre sus tierras. Esto a pesar de que el Decreto 4.887, del 20 de noviembre de 2003, reglamentó “los procedimientos administrativos para la identificación, el reconocimiento, la delimitación, la demarcación y la titulación de la propiedad definitiva de las tierras ocupadas por las comunidades de los quilombos”.

Lo mismo puede decirse del derecho de los pueblos originarios, comúnmente llamados “indios” o “indígenas”. El Artículo 231 de la Constitución de Brasil declara: “Son reconocidos a los indígenas su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, competiéndole a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes”. ¿Podemos esperar que el nuevo gobierno de Brasil se encamine a cumplir la Constitución y la Ley en estos temas? Las primeras medidas de Bolsonaro apuntan exactamente en sentido contrario, ya que el poder de decidir sobre estos asuntos pasó a manos del ministerio controlado por la empresaria rural Tereza da Costa, ex presidente del Frente Parlamentario Agrícola, que representa los intereses del sector latifundista, que históricamente ha codiciado las tierras en manos de campesinos, negros e indios, y se ha opuesto a la reforma agraria.

Es lamentable ver cómo el nuevo gobierno de Brasil se aparta aún más que el anterior en materia de derechos consagrados en la Constitución de la República. Considerando que en nuestro país hay quienes abiertamente expresan su simpatía por Jair Bolsonaro, es bueno observar lo que está pasando en Brasil, que nos enseña algo muy importante: la derecha nunca va a cumplir con la pauta artiguista de “que los más infelices sean los más privilegiados”. La derecha protege los intereses de la clase dominante y si el pueblo le da poder, lo usará para eso. En este año electoral en Uruguay, tomemos nota de la experiencia brasileña, para no cometer el mismo error. Si el FA nos decepcionó porque abandonó sus principios históricos, se corrompió, burocratizó y aburguesó, debemos buscar dónde están quienes proponen recuperar el rumbo del ideario artiguista. Los hallaremos a la izquierda del FA. Un giro más a la derecha en las próximas elecciones, sería nefasto. Lo aprendemos de Brasil.