Bancada del FA define hoy si habilita la discusión: Juicio político a representantes de gobierno por

Hoy martes 12 de febrero, la bancada de gobierno tomará posición sobre el pedido de un grupo de vecinos para llevar adelante un juicio político en el Parlamento contra los integrantes del Poder Ejecutivo (PE) que firmaron el contrato con la empresa UPM. Los vecinos piden además la anulación del contrato.

El miércoles 12 de diciembre el planteo de los ciudadanos ingresó a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Según se esgrimió en su momento, por “asuntos administrativos” el oficialismo tuvo dificultad de acceder a los mismos. El planteo había sido elevado a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados por el representante del Partido Nacional, Pablo Abdala. En un análisis primario, Abdala sostuvo que es probable que no existan elementos suficientes para promover el juicio político pedido por los ciudadanos: “No aparecen aquí individualizadas las autoridades respecto de las cuales esa solicitud está referida”, expresó el Diputado Abdala. También expresó que la comisión debería considerar el escrito presentado y los fundamentos que allí se esgrimen. Entre otras observaciones se apunta a posibles apartamientos de la Constitución y afectaciones a la soberanía nacional. Por ejemplo a lo referido al artículo 47 de la Carta Magna sobre la utilización de agua como recurso. También a la eventual invasión de la competencia de distintos Poderes del Estado por parte del gobierno a la hora de suscribir el acuerdo. Abdala considera necesario conocer la posición del Poder Ejecutivo y por eso planteó convocar al secretario de la presidencia, Miguel Toma, al Prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, y al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, quienes fueron los responsables de haber firmado el acuerdo con la empresa UPM. Hace pocas semanas, representantes de organizaciones ambientalistas y del movimiento “Un solo Uruguay” entregaron en la Presidencia una carta con numerosas firmas pidiéndole al presidente Tabaré Vázquez que rescinda el contrato firmado con UPM. Con respecto al impacto ambiental, los promotores de la iniciativa señalan que “una planta como la proyectada, con un consumo de agua equivalente al de una ciudad de casi un millón de habitantes, instalada en la orilla de un río interior, agravaría la situación de contaminación que ya padece el río”. Además señala en la carta que “pese al monto de su inversión, el Estado uruguayo no tendrá ninguna participación en las acciones de la empresa ni en las utilidades de la planta. Las exoneraciones tributarias, el régimen de zona franca y el compromiso del Estado de comprar a precio prefijado energía eléctrica que produzca la planta, generan una grave inequidad”.